José Luis Rodríguez Zapatero, Pedro Sánchez y María Jesús Montero, en una imagen de archivo
Análisis
El PSOE maniobra para desactivar al independentismo en vísperas de una semana marcada en rojo
El martes se debatirá la proposición sobre la cuestión de confianza en el Congreso y el miércoles se celebrará en Barcelona el Consejo de Política Fiscal
Este viernes, una delegación socialista encabezada por el expresidente del Gobierno José Luís Rodríguez Zapatero viajó a Ginebra para reunirse con el presidente de Junts, Carles Puigdemont. Desde La Moncloa se afirma que las reuniones en Suiza con Junts son mensuales y que la celebrada este viernes no reviste de excepcionalidad alguna.
Desde el PSOE quitan importancia al hecho de que este encuentro haya sido unos días antes del pleno del Congreso que tiene que debatir la proposición no de ley que insta a Pedro Sánchez a someterse a una moción de confianza, y antes del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará en Barcelona el miércoles.
El entorno gubernamental también pretende teñir de normalidad la asistencia de Zapatero a la reunión junto al secretario de organización socialista, Santos Cerdán, alegando que Rodriguez Zapatero mantiene una relación fluida con Puigdemont. También recuerdan que Zapatero ya participó hace unas semanas en una reunión en Waterloo que sirvió para desatascar el decreto ómnibus, que inicialmente Junts había tumbado.
Desde el PSOE, además, dicen que no afronta la semana con especial preocupación, y consideran que la descafeinada moción de confianza de Junts, que usa términos suaves como «considerar la oportunidad de someterse a una cuestión de confianza» puede ser un boomerang para Alberto Núñez Feijóo, dado que si los populares votan con Junts, desde el Gobierno se recordará que Puigdemont y Feijóo votan siempre juntos contra el Ejecutivo, y pondrán como ejemplo el voto contrario al recargo fiscal a las energéticas o la primera votación del decreto ómnibus.
Los socialistas, además, suspiran por que VOX no apoye la proposición de Junts y deje solo al PP con Puigdemont, para así poder fijar más nítidamente la foto de los populares y los postconvergentes en solitario contra el gobierno.
Secretismo y filtraciones
La reunión de Ginebra, como todas las que se celebran en la ciudad helvética, está rodeada de secretismo y filtraciones, pero sin resultados que se hagan públicos. De hecho, Puigdemont ha amenazado en más de una ocasión con filtrar las actas de las reuniones para que la opinión pública sea consciente del elevado grado de sintonía entre ambas fuerzas.
Zapatero y Cerdán habrán insistido en la reunión en su voluntad de cumplir los acuerdos y se habrán escudado en las dificultades de encaje constitucional para la cesión del control de fronteras a los Mossos d'Esquadra o la complejidad de lograr consenso entre los Estados miembros para lograr la oficialidad del catalán en Europa.
Desde Bruselas, fuentes consultadas por El Debate, informan que el Gobierno español ha modificado su estrategia en relación a la oficialidad del catalán, rebajando sus pretensiones iniciales. Ahora ya no solicita que sea lengua oficial comunitaria, sino que aspira a conseguir, en una primera etapa, que se permita el uso del catalán en el Parlamento Europeo.
Estas mismas fuentes muestran su perplejidad ante el hecho de que un estado miembro como España promueva la desigualdad entre sus propios ciudadanos, dado que la hipotética autorización para utilizar el catalán en los plenos de la Eurocámara supondría un agravio entre los ciudadanos que viven en comunidades donde el catalán es lengua oficial, como Cataluña y Baleares, y los de otras regiones con lenguas cooficiales que no se podrían usar en el parlamento, como el valenciano, el gallego o el vascuence.
Consejo de Política Fiscal y Financiera
Los apuros del gobierno no terminan en Junts. El miércoles 26 se celebra en Barcelona el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Para calentar la reunión, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ha recordado al Gobierno su compromiso de recortar el 20% de la deuda del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), lo que supondría amortizar 15.000 millones y otros 1.300 de intereses.
El Gobierno ha intentado dividir a los presidentes autonómicos, mayoritariamente del PP, ofreciendo esta quita a todas las CC.AA. Esta propuesta es atractiva para las comunidades con mayor peso de la deuda sobre su PIB, como es el caso de la Comunidad Valenciana, con un 40%, pero no tanto para la de Madrid, con una deuda del 12% sobre su producto interior bruto.
La estrategia del PSOE en este punto es clara: aquellos presidentes que no acepten la quita, según el argumentario gubernamental, serán acusados de estar priorizando las instrucciones de partido frente a los intereses de su comunidad.
