El Gobierno solivianta a funcionarios, policías y sindicatos de Renfe y Adif por sus cesiones al independentismo

El Gobierno y la Generalitat ya han dado los primeros pasos para que se pueda transferir los servicios de Rodalies a Cataluña; también se ha anunciado el acuerdo entre Junts y PSC para que la Generalitat tenga competencias en inmigración y los Mossos controlen puertos, aeropuertos y estén presentes en las fronteras; también se está trabajando para la nueva financiación singular para Cataluña, que implicaría que la Agencia Tributaria catalana pueda gestionar todos los impuestos, en detrimento de la AEAT. De ahí la incertidumbre y el nerviosismo que hay entre los trabajadores afectados por estos traspasos.

Policía y Guardia Civil

Para empezar, todos los sindicatos de la Policía Nacional y las asociaciones de la Guardia Civil han rechazado ese acuerdo con Junts por lo que implica, que la policía autonómica se haga cargo de puertos, aeropuertos y fronteras, relegando al resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. De entrada, sindicatos y asociaciones han dejado claro que van a estudiar las acciones legales a su alcance para frenar ese traspaso.

Desde la AUGC, pro ejemplo, aseguran que «no responde a criterios de eficacia ni de mejora del servicio, sino a un nuevo intercambio de favores políticos que solo beneficia a quienes llevan años trabajando para debilitar la presencia del Estado en Cataluña». También hablan de «atropello a las competencias del Estado» y de «desmantelamiento progresivo de la Guardia Civil en diferentes territorios».

También desde el Jucil dejan claro que van a defender a la Benemérita «por todos los medios ante un acuerdo que supone su desmantelamiento de Cataluña». Lamentan que el objetivo es que «desaparezca de forma progresiva en esta comunidad autónoma».

Desde el SUP también denuncian el intento de «arrinconar» a las FCSE en Cataluña, de «echarlos», y dejan claro que hay que «frenar por todos los medios el atropello a nuestra Constitución y al resto de leyes afectadas, es nuestro deber, ya que somos la policía del pueblo español. Que la Policía Nacional es de todos los españoles». Además, deja claro que es «manifiestamente ilegal» porque vulnera la Constitución, la Ley de Extranjería, adema´s de normativas europeos. También advierten que no van a tener ningún reparo en «sentar en el banquillo a estos líderes políticos para salvaguardar un derecho tan esencial como el de la seguridad pública».

Y en la misma línea se pronuncian desde el Jupol. Hablan de cesión «ilegal» de competencias, y exigen la dimisión del ministro del Interior «si se atenta contra las competencias de la Policía Nacional». De hecho, el sindicato considera «inaceptable» que el Gobierno, «con la complicidad» de Grande-Marlaska, siga «regalando» competencias fundamentales del Estado «a cambio de favores políticos».

«Este Ejecutivo ha decidido traicionar a los servidores públicos y ceder ante los chantajes de los independentistas, poniendo en grave peligro la seguridad y la soberanía nacional», critica. Según Jupol, se trata de una «maniobra para erradicar» a la Policía Nacional y a la Guardia Civil de Cataluña y cree que un traspaso supone un «ataque directo» a la labor y una «rendición vergonzosa ante el separatismo».

Y el CEP también pide la dimisión del ministro del Interior, teniendo en cuenta que el acuerdo «constituye un golpe mortal» para los cometidos que desarrollan en Cataluña y que le sitúa «como el primero de los quince titulares de ese departamento que va a tener el dudoso honor de tolerar la ruptura de un consenso mantenido durante casi medio siglo por los sucesivos Gobiernos de nuestra democracia». Y, en general, lamentan que el Gobierno se someta a un «permanente chantaje competencial».

Sindicatos de Renfe y Adif

Los que también están en pie de guerra, por otro traspaso, el de Rodalies, son los sindicatos de Renfe y Adif, que han convocado huelga para los días 17, 19, 24, 26 y 28 de marzo, además del 1 y el tres de abril. En un comunicado, todos los sindicatos dejan claro que las movilizaciones responden al «incumplimiento» por parte del Ministerio de Transportes del acuerdo alcanzado en 2023 por el que se garantizaba que Renfe y Adif seguirían prestando los servicios de Cercanías y de Mercancías; que se preservaría la integridad de las plantillas y que los trabajadores también formarían parte de las negociaciones sobre este traspaso. Ese acuerdo permitió, entonces, desconvocar la huelga in extremis.

Consideran, sin embargo, que estos compromisos «han sido vulnerados» después del anuncio de la exclusión de la línea R1 de la Red de Interés General. Además, recuerdan, tras la última reunión con el Ministerio, «se comunicó la creación de una empresa mixta ajena al Grupo Renfe para asumir progresivamente todas las actividades operativas de Renfe y de Adif». De ahí que hablen de una «ruptura total» de los acuerdos previos, porque lo acordado entre la Generalitat y el Ministerio es «diametralmente» opuesto a lo pactado con los trabajadores.

Y más allá de esta cuestión, consideran que los acuerdos con la Generalitat no suponen una mejora del servicio, sino «un aumento de coste que recaerá sobre los ciudadanos». Entre otras cosas, apuntan, porque «se va a duplicar el entramado societario con un nuevo presidente, consejeros y estructuras paralelas para prestar un servicio que ya ofrece una empresa pública».

Funcionarios del Estado

Y los últimos que han mostrado su preocupación son los funcionarios del Estado en Cataluña, especialmente los que trabajan en cuestiones relativas a la inmigración, pero también los de la AEAT. En este sentido, el sindicato CSIF alerta «de la incertidumbre generada entre los trabajadores afectados, ya que hasta el momento no se ha dado a conocer el contenido detallado del acuerdo».

Por este motivo, exigen que el traspaso, de entrada, el de inmigración, se negocie con los representantes de los trabajadores para que se garanticen «los derechos y garantías de la plantilla, su seguridad jurídica, sus condiciones laborales y la posibilidad de movilidad con otras administraciones. La situación preocupa especialmente a los empleados de las oficinas de extranjería, ya que la medida afecta directamente a unos 300 funcionarios en Cataluña».

De hecho, en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno, el personal dedicado a extranjería supone entre el 30 y el 50% del total de funcionarios. Por este motivo, esa transferencia, en caso de acabar prosperando, «implicaría la reubicación de un elevado número de empleados de la Administración General del Estado (AGE), lo que genera una gran incertidumbre en cuanto a su futuro laboral y condiciones de trabajo». Pero también, recuerda el CSIF, este personal participa en otras tareas como la gestión de permisos de residencia, arraigos, renovaciones, documentos de identidad para extranjeros o gestión de devoluciones.