Junts quiere blindar que el catalán sea un requisito obligatorio para conseguir papeles, porque hay que «preservar nuestro modelo de vida»

Ya lo dejó claro el líder de Junts, Carles Puigdemont, cuando se presentó el acuerdo con el PSOE para la delegación de las competencias de inmigración:«sin inmigración no hay futuro, y sin integración no hay nación». De hecho, buena parte del discurso y de los argumentos de los dirigentes de la formación se basaba en cuestiones identitarias, como la lengua, la cultura o los «valores propios de la catalanidad». Y Puigdemont ya deslizó que el conocimiento del catalán iba a ser un «elemento indispensable» para conseguir la ciudadanía, sin el que no habría «informe favorable».

Pero esta cuestión también la quiere trasladar al Parlament. Quiere blindar estas exigencias lingüísticas y que se pueda condicionar la obtención de permisos a que se acredite un cierto conocimiento de catalán. Bien es cierto que actualmente, las comunidades autónomas tienen delegadas las competencias en lo relacionado con la acogida de inmigrantes. Y, en el caso de Cataluña, ya se contempla esta opción, es decir, que la lengua se tiene en cuenta para demostrar cierto grado de arraigo. Al menos, en teoría, porque, a la práctica, según Puigdemont, «esto no pasa».

Ya en la exposición de motivos del texto pactado con el PSOE, se dice que Cataluña ha sido un territorio que siempre ha acogido a mucha población procedente de otros países y «ha tenido la capacidad de integrarla en nuestro modelo democrático de sociedad y en la catalanidad». Hay que tener en cuenta que un 18% de la población de Cataluña tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido «fuera de Cataluña».

De ahí, se insiste desde Junts, en la necesidad de poder controlar la inmigración en un momento «clave» y «crucial» ante el incremento de «los postulados xenófobos» y la amenaza terrorista, para «cambiar» el enfoque que hay que dar a la inmigración y, de paso, «preservar nuestro modelo de vida», en palabras de Puigdemont.

Y no hay que perder de vista que Junts ha hecho bandera de este traspaso porque sienten la presión de Aliança Catalana, formación que tiene un duro discurso antiinmigración y defiende, sin ambages, que se pueda expulsar a los inmigrantes ilegales. Según la última encuesta del CEO, el Centro de estudios de Opinión, que hasta un 5 % del electorado de Junts optaría ahora por el partido que dirige la alcaldesa de Ripoll, Sílvia Orriols.

No se pueden introducir nuevos requisitos

¿Qué consecuencias puede tener el traspaso a la Generalitat de las competencias de inmigración? ¿Es posible introducir el requisito lingüístico? Desde Cáritas piden, primero de todo, «prudencia», porque no deja de ser una proposición de ley y está por ver «qué se aprueba y cómo se ejecuta». Son palabras de Elisabet Ureña, responsable del programa de movilidad humana de Cáritas Barcelona, quien recuerda, en cualquier caso, que se trata de «una delegación en la ejecución». Es decir, hay una normativa marco que todas las autonomías tienen que cumplir, para ello hay unos organismos controladores y «también están los tribunales».

Por lo tanto, para Ureña, y desde el punto de visto jurídico, «no se pueden añadir más requisitos», como el conocimiento del catalán, para conseguir la documentación necesaria. Y también recuerda que el conocimiento del idioma se tiene en cuenta en el proceso de acogida. Además, deja claro que Junts es un interlocutor que «no está en el gobierno de la Generalitat».

En cualquier caso, Elisabet Ureña considera que una gestión más cercana y próxima, a priori, facilita la interlocución. Y, por este motivo, lo que le preocupa realmente es que ese traspaso o delegación de competencias sirva para que los procedimientos sean «más rápidos y efectivos», y que los inmigrantes no tengan que pasar «esperas de meses» para conseguir las autorizaciones o los permisos pertinentes.

Críticas de PP y Vox

Más contundentes se han mostrado desde Vox. Su diputado Alberto Tarradas asegura que, a Junts, lo único que le ha importado es que los extranjeros «dominen el catalán», y no «la proliferación de islamistas, siempre que hablen en catalán». Y ponía como ejemplo la creación de la fundación Nous Catalans, «porque necesitaban el voto de los extranjeros».

Y a Junts, añade Tarradas, «le daba igual que dos de sus dirigentes fueran yihadistas, y que incluso uno de ellos fuera expulsado a Marruecos», porque para Junts, «lo relevante es que hablen el catalán y se hagan separatistas». Pero el diputado de Vox recuerda que el problema, en Cataluña, es la «creación de estas sociedades paralelas en las que se impone la ley islámica y que cada vez haya más mujeres con burka o niqab».

Y el presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, también ha recordado que «la anterior apuesta nacionalista fue priorizar la inmigración magrebí sobre la hispanoamericana por motivos lingüísticos. Todos conocemos el resultado. Pues, no te lo pierdas, pretenden repetir la experiencia», lamenta.

Y a todo ello, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, la delegación de competencias no implica hacer del catalán un requisito para la obtención de permisos: «la lengua no es un requisito para denegar un permiso, expulsar a una persona o prohibir la entrada a nuestro país», ha asegurado.