Junts evalúa votar «sí» a las 37,5 horas a cambio de que Podemos apoye la transferencia de inmigración a Cataluña

El pasado martes, los sindicatos organizaron en Barcelona una manifestación que no iba dirigida ni contra el Gobierno de Illa, ni contra Pedro Sánchez, ni contra la patronal, sino contra Junts per Catalunya. El objetivo de la convocatoria sindical, que contó con una afluencia discreta —7.000 asistentes según la Guardia Urbana—, era, aunque no de manera explícita, presionar a Junts para que apoyara el anteproyecto de ley de reducción de la jornada laboral, que pronto iniciará su tramitación en el Congreso de los Diputados.

Inicialmente, desde Junts se mostraron abiertos a negociar dicha ley, y su secretario general, Jordi Turull, anunció «un diálogo en profundidad con Sumar». Sin embargo, el acuerdo con el PSOE para transferir a Cataluña las competencias en materia de inmigración ha provocado un cambio de estrategia.

Los de Puigdemont votaron en contra del dictamen en la Comisión de Trabajo del Congreso celebrada el pasado miércoles. No obstante, el diputado neoconvergente Josep Maria Cervera se tomó la precaución de dejar claro que la posición de su grupo era temporal y que las cosas podrían cambiar.

¿Por qué ha cambiado de posición Junts?

Algunos analistas consideran que las frecuentes visitas a Waterloo de dirigentes empresariales podrían haber influido en Puigdemont. Sin ir más lejos, el pasado jueves fue el turno del Gremio de Hostelería y de la asociación de ejes comerciales Barcelona Oberta, que solicitaron al expresident que no diera apoyo a la propuesta, ya que supondría un incremento de costes cercano al 10%.

Otros observadores creen que Puigdemont ha tomado nota de la postura de Podemos, que se opone a la transferencia de competencias en inmigración a Cataluña. Así, Junts podría estar explorando un quid pro quo: negociar su apoyo a la reducción de jornada a cambio de que Podemos dé su visto bueno a la transferencia de las políticas migratorias a la Generalitat.

En Junts son conscientes de la oposición de muchas de las organizaciones que tradicionalmente les han sido afines a la reducción de jornada, pero tampoco quieren ser señalados por la opinión pública como los responsables de que la propuesta fracase. Por ello, ven en un posible pacto con la extrema izquierda una vía para aprobar la medida, quizás introduciendo modificaciones en aspectos como las ayudas a las pymes, y obtener a cambio el respaldo de los de Belarra y Montero a su medida más polémica y celebrada desde la consecución de la amnistía.

Para Junts, es vital que la proposición de ley sobre inmigración salga adelante, y están dispuestos a hacer concesiones al resto de los miembros de la mayoría gubernamental a cambio de lograr su aprobación.