Objetos encontrados por los Mossos d'Esquadra en el piso del electricista pederasta
Infancia
La violación múltiple a una niña de 12 años expone las grietas del sistema catalán de protección a la infancia
La DGAIA abre expediente para investigar el caso de la menor tutelada que fue violada en repetidas ocasiones bajo su protección
Una niña de 12 años. Un electricista de 40. Dieciséis presuntos violadores. Dos años de abusos. Y en el centro de todo, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA), el organismo que debía protegerla.
La DGAIA es el brazo de la Generalitat catalana encargado de velar por los menores desamparados y en riesgo de exclusión social. Una institución que lleva años en el punto de mira por sus métodos de contratación y que ahora afronta su crisis más grave tras el espeluznante caso que ha salido a la luz.
Un sistema al límite
Para entender la magnitud del problema, hay que conocer primero las cifras. La DGAIA gestiona actualmente a unos 9.000 menores, una cifra que no para de crecer en los últimos años a causa del aumento en la llegada de migrantes menores no acompañados. Esta presión demográfica ha llevado al límite a un sistema ya de por sí complejo.
El organismo financia a numerosas entidades del tercer sector que acaban gestionando directamente los servicios de protección infantil. Un modelo que la Sindicatura de Comptes (el tribunal de cuentas catalán) ya cuestionó en 2020, cuando detectó irregularidades en la contratación y adjudicación de estos servicios entre 2016 y 2020.
La tormenta perfecta
Todo se complicó aún más el pasado mes de octubre cuando la consellera de Derechos Sociales, Mònica Martínez Bravo, destituyó fulminantemente a la directora de la DGAIA, Isabel Carrasco, tras apenas seis meses en el cargo. Los motivos exactos no se han explicado públicamente, aunque fuentes del departamento sugieren una profunda insatisfacción con el funcionamiento de la institución.
En este clima de tensión, con rumores de corrupción circulando por redes sociales y una decena de sentencias judiciales desfavorables por mala gestión de los permisos de residencia de menores migrantes, estalló el caso de la niña violada.
Un infierno sin vigilancia
Los hechos son estremecedores. Entre mayo de 2020 y octubre de 2021, una menor de 12 años que residía en un centro de protección de la DGAIA sufrió repetidas violaciones por parte de un electricista de 40 años, quien además la utilizaba como «mercancía sexual» para otros hombres. La Fiscalía pide 107 años de cárcel para el principal acusado.
Lo más llamativo del caso son las preguntas que genera. ¿Cómo es posible que una niña bajo protección institucional acabara en manos de una red de pederastas? ¿Dónde estaban los controles? ¿Por qué no se detectaron antes las señales de alarma?
Según Daniel Segura, educador social del centro, cuenta a La Vanguardia, la menor había llegado con su propio teléfono móvil, el canal a través del cual contactó con sus abusadores. Los teléfonos solo se requisan cuando hay sospechas, algo que no ocurrió hasta que fue demasiado tarde. «Nos pusimos las manos a la cabeza cuando vimos lo que tenía en el móvil», reconoce Segura.
Otro aspecto controvertido que explican en el citado medio es que la menor vivía en régimen de «guarda», no de tutela, lo que le otorgaba libertad de movimientos para entrar y salir del centro. Solo debía justificar sus desplazamientos, pero sin vigilancia especial a menos que hubiera sospechas.
La situación se volvió aún más incomprensible cuando, con solo 15 años, la menor fue autorizada a vivir con un joven de 25 años. Los detalles de cómo se aprobó esta decisión siguen siendo un misterio que la administración se niega a aclarar.
Antecedentes familiares complejos
El perfil de la víctima encaja en el de muchos menores bajo protección institucional: familia desestructurada, madre fallecida, padre con dificultades para atenderla, víctima de acoso escolar en el instituto, necesidad desesperada de afecto. Un cóctel explosivo que los depredadores saben identificar y explotar.
La menor llevaba tiempo escapándose del centro sin justificar sus ausencias. Cuando finalmente fueron descubiertos los abusos, la niña reconoció que la atención prestada por esos hombres se había vuelto «adictiva» para ella, aunque cambió de versión varias veces, complicando la investigación.