Illa y los Comunes pactan retrasar la aplicación de la tasa turística a cambio de más recursos para vivienda

Esta vez sí el Govern se ha asegurado que el Parlament va a convalidar el decreto por el que se retrasa la aplicación de la tasa turística hasta octubre. Ha conseguido llegar a un acuerdo con los Comunes, a cambio de que se destinen más recursos para vivienda y para los ayuntamientos.

En concreto, unos 60 millones de euros, que son los que se dejarían de recaudar por ese retraso en el cobro de este impuesto. De esta forma, la convalidación está asegurada, porque el PSC cuenta con el apoyo de ERC, y, ahora, de los Comunes.

Y es que, recordemos, el último pleno de la cámara catalana dio luz verde al decreto del Govern por el que se incrementaba la tasa, pero no así el que contemplaba el aplazamiento, por lo que el pago del impuesto se convertía en inmediato, y dejaba al sector turístico en un limbo jurídico. Y eso era lo que querían los Comunes, que la tasa se aplicara ya.

Sin embargo, ahora han cedido después de ese acuerdo alcanzado con el ejecutivo, por el que se destinan más recursos a vivienda y a los ayuntamientos en el tercer suplemento de crédito. El pacto, por otro lado, también contempla acelerar el registro de grandes tenedores, una inspección «efectiva» de las viviendas de uso turístico y después el impulso del Plan de Barrios.

La consejera de Economía, Alícia Romero, se ha mostrado satisfecha por el acuerdo, porque ya tienen los apoyos necesarios para que se dé luz verde al decreto. Y ha insistido en que el Govern tiene unos apoyos «sólidos» esta legislatura. La líder del grupo parlamentario de los Comunes, Jessica Albiach, ha celebrado este «paso adelante» en materia de vivienda. «El fracaso o éxito de esta legislatura dependerá del impulso» que se le dé a esta cuestión, ha precisado.

Y en el horizonte hay otro escollo a superar: el tercer suplemento de crédito. La Generalitat tiene que funcionar así para conseguir más recursos, tras la prórroga presupuestaria. La consejera ha insistido en que hay «margen» para la negociación y ha apuntado que se «repriorizarán» algunas actuaciones para encajar las demandas.