Un fundador de la UCO advierte a Leire Díez: «Por encima de todo, un guardia civil cumple su misión»

El general Pedro Garrido es un nombre clave al hablar de la Guardia Civil en Cataluña. Nacido en Lérida y con 43 años de servicio a sus espaldas, fue el jefe del cuerpo en la comunidad entre 2018 y 2022, en los años duros del post-procés. Antes, pasó por seguridad de la Casa Real y entre 1989 y 1991 fue uno de los impulsores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Benemérita, hoy en el punto de mira por las maniobras de la fontanera Leire Díez.

Precisamente ha sido este episodio el que ha hecho que Garrido vuelva a la palestra, ya que hace unos días publicó una carta de apoyo a la UCO que fue recibida como agua de mayo por no pocos agentes del Instituto Armado.

El general, retirado desde 2023, habla con libertad y sin tapujos, aunque insiste en que lo hace únicamente en su propio nombre. Atiende a El Debate para hablar sobre la reacción a su carta, el «peligro» de la acción de Díez y la ojeriza que levanta la Guardia Civil entre los nacionalistas catalanes.

–Asegura que el objetivo de su carta era desahogarse, pero el texto ha acabado teniendo repercusión dentro y fuera del cuerpo. ¿Esperaba esta reacción?

–Me ha sorprendido. Como dices, mi finalidad no era otra que desahogarme ante una forma de proceder que me parece injusta e inadecuada, y que además pone en entredicho no sólo a los guardias civiles afectados [el teniente coronel Balas y el capitán Bonilla] sino también al resto. Lo que me indica esta repercusión es que ha habido poca gente que ha expresado su opinión sobre esto que está pasando.

–Llevamos días arrastrando el bulo de la bomba lapa, compartido incluso por varios ministros. ¿Ve una campaña de desprestigio al trabajo de la Guardia Civil?

–Sí que observo un intento de desprestigiar a la gente que investiga unas diligencias concretas: las relativas al caso Koldo, a Begoña Gómez y a David Sánchez. Da la impresión de que se les quiera desprestigiar buscando alguna irregularidad en su vida profesional o personal, con la única finalidad de anular la instrucción. Esto genera desprestigio en toda la Guardia Civil, así como inquietud en los agentes, que ya no tienen la seguridad de que no les sucederá nada mientras cumplan con su deber.

–¿Acaso no es habitual que haya presiones sobre los investigadores que indagan en casos comprometidos?

–A ver, que los encausados o sus defensas busquen actuaciones irregulares o defectos formales es lo normal, pero esto es algo radicalmente distinto. Aquí vemos la búsqueda de irregularidades y de trapos sucios por parte de personas ajenas a la causa. Y eso lo encuentro peligroso, porque puede generar dudas en los guardias civiles acerca de sus actuaciones relativas a infracciones o denuncias de personas relevantes, o de amigos de estas.

–En su experiencia, ¿este tipo de presiones surten efecto?

–Bueno, cada persona es distinta, evidentemente. No obstante, en base a mi experiencia veo que estas cosas sí pueden generar un desánimo inicial… pero que hay una cuestión que nos ayuda a sobreponernos: nuestro carácter militar.

Esto nos imbuye de que por encima de todo está el cumplimiento de la misión. Lo que se consigue con estas presiones es una reacción por la cual el profesional asume riesgos y sigue cumpliendo con su deber. Así ha sido en la Guardia Civil que yo conozco y he vivido directamente, y estoy seguro de que así seguirá siendo.

–Cambiando de tercio, hace unos días todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil en Cataluña se unían para mostrar un frente común contra las cesiones de competencias a los Mossos. Denuncian que se intenta expulsar al cuerpo de la comunidad.

–Personalmente, me apena que eso ocurra. Bien es cierto que el reparto de competencias está estipulado, pero también lo es que la interpretación que se haga de la amplitud de esas competencias al final lo determina el Ministerio del Interior; es una decisión política. A los Guardias Civiles como institución no nos queda más remedio que acatar esas órdenes.

Las asociaciones están defendiendo no ya sólo su trabajo, sino que su trabajo se desarrolle con dignidad. Y que el ejercicio de las competencias no se convierta en una pieza de compraventa, con la consiguiente dificultad de prever para qué me tengo que preparar, porque hoy tengo unas competencias y mañana otras. Supone una inseguridad bastante grande. Y dificulta, lógicamente, el avance en la prestación del servicio y de la propia institución.

–En 2023 usted criticó abiertamente la Ley de Amnistía, que esta semana ha vuelto a copar titulares. ¿Le han convencido en estos dos años los argumentos del Gobierno?

–No, mi opinión no ha cambiado, desde luego. Soy consciente de que en España, del siglo XIX en adelante, han existido multitud de golpes, pronunciamientos y alzamientos, y que muchos de ellos se han resuelto con indultos. El cambio que observo respecto a estos es que en los indultos el indultado pedía perdón, cosa que no ha ocurrido con el independentismo catalán, que a mí me conste.

Además, tampoco me da la impresión que la amnistía sea una petición general en la sociedad española, y ni tan siquiera en la sociedad catalana. Y además me resulta dolorosa la falta de reconocimiento hacia aquellos que trabajaron en las investigaciones para que todos conociéramos los delitos cometidos y se llevara a esas personas ante los tribunales. Los podemos olvidar, pero los delitos han existido.

–En el libro La Fugida, sobre el fugaz retorno a Barcelona de Carles Puigdemont, la periodista Mayka Navarro y el detective Paco Marco aseguran que desde el Gobierno se dio orden a la Guardia Civil de no detener al líder de Junts antes de que llegase a Barcelona. ¿Da crédito a esta versión?

–No he leído el libro, pero me resulta difícil pensar que eso sea así, si hablamos de una orden formal. Esa orden estaría en contra de una ley, que obliga a detener a un prófugo y llevarlo ante la justicia. El eximente de obediencia debida se suprimió a mediados de los ochenta: ya ha llovido mucho como para que cale la idea de que las órdenes ilegales hay que evitarlas, o notificar al mando la ilegalidad. Los autores del libro tendrán sus pruebas o algo que avale esa afirmación, y si es así no estaría de más que lo pusieran en conocimiento de las autoridades.