El magistrado 'purgado' de la amnistía advierte que tomar decisiones constitucionales nucleares, por la mínima, deslegitima al TC

La deslegitimación de la Justicia, la defensa de su independencia y la creciente exposición del Poder Judicial centraban, este lunes, la IV edición del Encuentro Jurídico organizado por el Consejo General de los Colegios de Gestores Administrativos (CGCGA) y el Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), en la capital.

En un contexto marcado por la «creciente polarización política», las dificultades que atraviesa el Poder Judicial y el, cada vez mayor, desprestigio de la ciudadanía en sus instituciones, juristas de todos los ámbitos debatían, en varias mesas monográficas, sobre el papel de los jueces, magistrados y fiscales y la necesidad de proteger el equilibrio del Estado de Derecho, garantizando la separación de poderes y sus contrapesos.

Un juez debe de abstenerse de entrar en el debate políticoAntonio del MoralMagistrado de la Sala Segunda del Supremo

El exministro de Justicia, hoy magistrado del Tribunal Constitucional, Juan Carlos Campo, fue el encargado de inaugurar el encuentro con una ponencia centrada en este último aspecto y sobre el papel de los jueces como garantes de la Constitución. «Vivimos una enorme devaluación de la política y una inflación de la respuesta judicial», apuntaba el magistrado para advertir sobre cómo, en los últimos tiempos, se ha tenido que recurrir a los tribunales para resolver cuestiones políticas sin que, según su criterio, las decisiones judiciales hayan «apaciguado ni la división social ni las posiciones encontradas».

Una vez iniciada, la jornada pivotó sobre tres mesas de debate, sobre la amenazada independencia del Poder Judicial; la fragilidad del marco constitucional, frente a los nuevos desafíos políticos; y, el papel fundamental de los medios de comunicación en la percepción de la Justicia entre los ciudadanos.

El Supremo, en tiempos de crisis

La primera mesa, titulada 'El Supremo: el reto de garantizar derechos en tiempos de crisis' reunía a dos magistrados del Alto Tribunal: Antonio del Moral y Juan Pedro Quintana, quienes defendieron la discreción y neutralidad de los miembros del órgano y advirtieron sobre los riesgos de la exposición mediática y de los «jueces estrella».

Del Moral apuntó cómo: «Un juez debe de abstenerse de entrar en el debate político». Mientras que, por su parte, Quintana subrayó que el mayor valor que tiene el Poder Judicial es la confianza de la sociedad en sus decisiones, y añadió: «Lo que hacemos es tratar de mantener una cierta lejanía de los planteamientos políticos y resolver con arreglo al Derecho».

Los límites de la Constitución

Por su parte, el magistrado 'purgado' del Constitucional en los recursos contra la amnistía, José María Macías Castaño, y el que fuera vicepresidente de la Corte de Garantías Luís López Guerra protagonizaron el segundo coloquio centrado en la interpretación jurídica de los límites del modelo constitucional, cada vez más sometidos a las presiones políticas. No en vano, y sin pronunciarse sobre la polémica norma de borrado penal del procés, cuyo borrador de primera sentencia trascendía esa misma mañana, horas antes de la intervención, ambos juristas coincidieron en la importancia de construir «consensos», en todos los ámbitos, como garantía del modelo democrático.

De hecho, Macías aseguró que si bien cuando el Tribunal Constitucional decide tiene que hacerlo, inevitablemente, con unas mayorías, no puede ser que los aspectos nucleares que afectan a la interpretación de la Constitución Española, aquellos sobre los que en 1978 se trabó un acuerdo transversal, impensable hoy en día, se despejen ahora sin ese mismo espíritu de acuerdo. Para el que fuera vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante la pasada legislatura, si las sentencias estructurales se adoptan sobre márgenes exiguos parecerá, a ojos de la sociedad, que no son legítimas. O lo que es lo mismo, Macías sostuvo que no es de recibo jugar al juego de las mayorías mínimas, pensando que todo está atado y es inamovible, porque ello puede derivar en la situación grotesca de que cuando el Pleno sea renovado, el nuevo órgano caiga en la tentación del overulling sobre su propia doctrina, cambiándola cada cuatro años.

Hay una mezcla absoluta entre información y opinión y eso, también, daña la democraciaAntonio Hernández-RodicioPeriodista

Por su parte, López Guerra advirtió sobre la importancia de que las decisiones constitucionales no se vean arrastradas por la «polarización». Para el jurista, dado que la CE es un texto limitado que, por lo tanto, en ocasiones ha de ser integrado con muchos otros elementos, también obliga a sus intérpretes a percibir cuándo se exceden de las fronteras democráticas que tienen conferidas y que derivan del pueblo soberano. Si eso sucede, conviene parar y, en todo caso, preguntar a la sociedad civil.

La «extensión» de la Justicia a la política

La expresidenta del Congreso, Meritxell Batet, y el periodista Antonio Hernández-Rodicio, cerraron el IV Encuentro Jurídico analizando la «extensión» de la Justicia a la política y el papel de los medios de comunicación en la percepción que los ciudadanos tiene de ésta.

Batet señaló que el Poder Judicial debe mantener sus propias reglas del juego, sin dejarse arrastrar por lógicas partidistas o mediáticas: «Uno de los grandes problemas de nuestra democracia es la judicialización de la política. Los jueces están cada vez más sometidos a resolver problemas políticos con armas que no son políticas, son jurídicas».

Una dinámica que, a juicio de la ex presidenta del Congreso de los Diputados, se produce en un momento en el que «la política se ha polarizado hasta tal extremo que se considera que solo hay una política correcta».

Por su parte, Hernández-Rodicio puso el foco en el papel de los medios de comunicación y las Redes Sociales en la construcción de la percepción pública sobre la Justicia: «Tenemos un problema con los hechos. Hay una mezcla absoluta entre información y opinión, y eso también daña la democracia», concluyó. Y alertó sobre una deriva preocupante: «Ya no solo se trata de juicios en paralelo, sino que son campañas movilizadas, coordinadas y muchas veces financiadas para influir en las sentencias».