La Fiscalía pide 12 años de cárcel para Mas Samora por los delitos de asociación ilícita, estafa y falsedad documental

Durante más de una década, Antonio Mas Samora construyó su reputación como un intermediario exitoso en el mundo publicitario. Prometía a inversores sofisticados acceso exclusivo a contratos millonarios con gigantes como Apple, Vodafone o Coca-Cola. La realidad, según ha revelado El Confidencial tras acceder al auto judicial, era radicalmente distinta: se trataba del montaje financiero más elaborado que España ha conocido en el sector de la comunicación.

El magistrado Antonio Piña ha decidido que este empresario barcelonés, conocido en los círculos financieros como el «Madoff catalán», deberá enfrentar un juicio oral junto a otras doce personas y quince empresas. La decisión judicial no solo marca el final de una investigación que se prolongó durante ocho años, sino que establece un precedente: los acusados deberán depositar una garantía económica que roza los 185 millones de euros.

El señuelo de la publicidad premium

La estrategia de Mas Samora tenía una elegancia peligrosa. En lugar de ofrecer inversiones tradicionales en un mercado deprimido por la crisis, presentaba oportunidades en el lucrativo negocio de la reserva de espacios publicitarios. Su propuesta era específica: necesitaba capital para asegurar campañas de marcas reconocidas mundialmente, desde Samsung hasta Unilever, pasando por Repsol y Procter & Gamble.

El gancho financiero resultaba irresistible en un contexto de tipos de interés mínimos. Mientras los productos bancarios tradicionales apenas ofrecían rentabilidad, este empresario garantizaba rendimientos mensuales que oscilaban entre un 6% y un 18%. Para una clientela acostumbrada a gestionar grandes patrimonios, la propuesta representaba una oportunidad única de diversificación.

Los informes policiales elaborados por los Mossos d'Esquadra, según detalla El Confidencial, identificaron posteriormente que esta red de confianza se extendió hasta abarcar aproximadamente 1.150 personas en al menos nueve comunidades autónomas, además de otros países europeos.

Un sistema que se alimentaba de sí mismo

La mecánica del fraude siguió un patrón clásico pero ejecutado con sofisticación. Los fondos captados supuestamente para «adelantos» en compras de espacios publicitarios se utilizaban en realidad para satisfacer los pagos prometidos a inversores anteriores. Esta estructura piramidal se mantuvo operativa durante años gracias a la credibilidad que Mas Samora había construido en el sector.

El esquema operó inicialmente a través de ATA Producciones desde 2003, evolucionando posteriormente hacia Publiolimpia en 2012. Entre los colaboradores procesados destaca Julio San Martín Abad, antiguo propietario de Construcciones San Martín, cuya sociedad Caná Cuatro facilitó la penetración del entramado en el mercado madrileño.

Cuando el castillo de naipes se desplomó

En 2017, el propio Mas Samora quebró el silencio con una confesión que sorprendió al sector financiero. En un escrito al que tuvo acceso El Confidencial, el empresario admitió que las operaciones iniciales tenían fundamento real, pero que los resultados negativos le llevaron a perpetuar artificialmente un sistema que ya no correspondía con la realidad económica.

«No sé cómo he podido llegar a esta situación», declaró entonces, expresando un arrepentimiento que llegaba demasiado tarde para las víctimas de su entramado. Esta confesión, lejos de suavizar su situación legal, se ha convertido en una prueba fundamental para la acusación.

El coste de la justicia

La Fiscalía ha solicitado una condena de doce años de prisión por delitos de asociación ilícita, estafa y falsedad documental. Sin embargo, el proceso judicial promete ser complejo: 62 abogados representan los intereses de los afectados, algunos actuando en nombre de más de treinta víctimas individuales.

Las reclamaciones económicas reflejan la diversidad del perfil de los perjudicados: desde pequeños inversores que perdieron 20.000 euros hasta entidades que reclaman hasta 30 millones. Curiosamente, CaixaBank se enfrenta a la fianza más elevada entre todas las partes procesadas, un dato que subraya la complejidad institucional del caso.

Diversas acusaciones particulares buscan endurecer las penas incluyendo delitos de blanqueo, una estrategia legal que podría multiplicar los años de cárcel. La advertencia judicial sobre las fianzas es clara: lo exigido ahora es apenas el suelo legal, anticipando que el coste real del fraude será mucho mayor.

Este proceso judicial marca un hito en la persecución de fraudes financieros en España. El caso evidencia cómo las crisis económicas crean el caldo de cultivo perfecto para que esquemas aparentemente legítimos en sectores respetables como la publicidad escondan operaciones piramidales de envergadura continental.