La consellera de Educación, Esther Niubó, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de visita en un colegio

La consellera de Educación, Esther Niubó, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, de visita en un colegioEuropa Press

Cataluña

Mazazo a la Generalitat: el TSJC anula buena parte del Decreto de régimen lingüístico educativo que blindaba el catalán

El alto tribunal catalán ha estimado parcialmente un recurso presentado por la Asamblea por una Escuela Bilingüe contra ese decreto

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha anulado varios artículos claves del Decreto de régimen lingüístico educativo de la Generalitat, por el que el Govern situaba al catalán como lengua vehicular en las escuelas e institutos.

De esta forma, la Sala de lo Contencioso-Administrativo estima parcialmente el recurso interpuesto por la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB) contra ese decreto. El TSJC consideran que son contrarios a la Constitución aquellos aspectos de esa norma que suponían, de facto, la exclusión del castellano del ámbito escolar y reforzaba la hegemonía del catalán como lengua docente.

Recordemos que ese decreto, que se aprobó en 2024, tenía como objetivo dar «seguridad jurídica» a las escuelas con sus proyectos lingüísticos. Y dejaba claro que el catalán era la lengua «normalmente» utilizada como «vehicular y de aprendizaje» en Cataluña.

Pues bien, el TSJC anula las disposiciones que fijaban precisamente esta cuestión, relegando al español a una mera presencia curricular. También anula el artículo 4, relativo al uso de las lenguas, por el que se establecía que el catalán era la lengua de uso habitual en toda la actividad docente y administrativa de los centros educativos.

También considera el alto tribunal que no tiene cabida en la Constitución el artículo 6, que impone el uso del catalán en todas las actividades educativas, las comunicaciones con las familias o los materiales didácticos, sin tener en cuenta al español.

Se anula el 7.2 por subordinar el uso del castellano a decisiones discrecionales de los centros y a criterios de normalización del catalán; o el 9.3, el que recogía que, incluso en la enseñanza de lenguas extranjeras, el idioma auxiliar prioritario tenía que ser el catalán.

Otros artículos anulados hacen referencia a la imposición del catalán como lengua única de acogida del alumno que se acaba de incorporar al sistema educativo de Cataluña, y sin que se tenga en cuenta la enseñanza del español; también se anula el aspecto que impone el catalán como lengua vehicular en todas las etapas educativas y en todos los ámbitos; que se establecieron medidores, pero solo para calibrar la presencia del catalán, mientras no se puede garantizar un uso «equilibrado» del español; y también se anulan los artículos que obligan a las direcciones de los centros educativos públicos y concertados a garantizar el catalán como lengua vehicular de la enseñanza.

Para la AEB, un «hito»

Para la Asamblea por una Escuela Bilingüe esta sentencia es un «hito» en la defensa de los derechos fundamentales de alumnos y familias en Cataluña y confirma, que «el modelo educativo catalán es contrario a la Constitución, al Estatuto de Autonomía y a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo».

Para la AEB, el fallo obliga al gobierno catalán a «garantizar una presencia real y efectiva del castellano como lengua vehicular, no limitada a su enseñanza como materia, y a respetar el principio de equilibrio entre las dos lenguas oficiales».

Es decir, el español tiene que ser también lengua vehicular en la enseñanza, de tal modo, asegura la entidad, que todos los alumnos salgan de la escuela con dominio del castellano y del catalán. Y esto afectará de pleno a los proyectos lingüísticos que deberán adaptarse a la sentencia.

La Asamblea por una Escuela Bilingüe «exige» a la Generalitat que cumpla sin demora el fallo y «reforme el modelo educativo para garantizar los derechos lingüísticos de todos los alumnos en Cataluña y deje de una vez por todas de 'inventar' procedimientos fraudulentos para evitar que el castellano sea también lengua vehicular de enseñanza en Cataluña».

También hace un llamamiento al Gobierno para que, a través de la Alta Inspección educativa, asegura que se cumple esta resolución en los centros públicos y concertados.

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