Jordi Pujol quiere evitar viajar a Madrid para asistir a las sesiones del juicio contra él y su familia

El expresidente de la Generalitat de Cataluña y corrupto confeso Jordi Pujol quiere evitar viajar a Madrid para participar presencialmente en las sesiones del juicio contra él y su familia por los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación de documento mercantil, contra la hacienda pública y frustración de la ejecución.

Así lo adelanta 3CatInfo –el nuevo nombre de los servicios informativos de TV3– recogiendo fuentes judiciales, que también señalan que está previsto que el juicio comience el 24 de noviembre, dos semanas más tarde de lo que se había anunciado en un principio. Estas fuentes apuntan que los hijos de Jordi Pujol han pedido que su padre, de 95 años, pueda intervenir telemáticamente dado su delicado estado de salud.

Aseguran que los desplazamientos a Madrid supondrían una «perturbación» para el patriarca del clan Pujol, de quien alegan que no tiene «la cabeza clara», aunque no alegan ninguna demencia sobrevenida. Con todo, aún faltan meses para escuchar el testimonio de Jordi Pujol, ya que según el calendario que manejan las fuentes judiciales este llegaría cerca del final del juicio, previsto para el 14 de mayo de 2026.

255 testigos

Por el juzgado tendrán que pasar hasta 255 testigos; en su mayoría políticos y directivos de empresas constructoras, algunos ya condenados por el caso Palau. También declarará Victoria Álvarez, la expareja del primogénito del expresidente, Jordi Pujol Ferrussola, ya que fue ella quien en 2012 llevó el caso ante la justicia.

En la lista de testigos que declararán en este juicio por la presunta trama de corrupción sostenida con la que se habría financiado ilegítimamente su partido, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC), también destacan nombres como el del actual consejero de Justicia en el gobierno de Salvador Illa, Ramon Espadaler, ya que fue consejero del Interior entre 2012 y 2015 y uno de los líderes de Unió, la otra mitad de de Convergència i Unió (CiU).

El juicio empezará 11 años después de la confesión de Jordi Pujol. La Fiscalía pide nueve años de prisión para el expresidente catalán por los delitos de asociación ilícita y blanqueo de capitales por cobrar comisiones a cambio de «favorecer a determinados empresarios para que resultaran adjudicatarios de distintos concursos públicos» de la Generalitat. Según las fuentes citadas, Pujol no está negociando ningún pacto con la Fiscalía, de momento.