Salvador Illa y María Jesús Montero, en Madrid en una imagen de archivo
Análisis
Montero prioriza su candidatura en Andalucía y pone a Illa en un aprieto a las puertas de una cita clave
El retraso en el desarrollo de la Agencia Tributaria Catalana se ha visto agravado por la dimisión del secretario autonómico de Hacienda
El gobierno autonómico catalán encarará el debate de política general en el Parlament –la semana que viene– en una situación precaria, dado que deberá responder ante Junts por el fiasco en el traspaso de las competencias en materia de inmigración y ante ERC por el retraso en el desarrollo de la agencia tributaria catalana.
Si bien Pedro Sánchez vive con inquietud no complacer tanto a unos como a otros, para Salvador Illa alterar a ERC es más preocupante, porque –junto a la extrema izquierda de los Comunes– los republicanos son imprescindibles para aprobar los presupuestos de la Generalitat. Illa no consiguió superar este trámite en 2024 y, por ahora, tampoco parece en disposición de sacarlo adelante este año.
El presidente de la Generalitat no deja de insistir, cada vez que tiene oportunidad, en que los acuerdos están «para cumplirlos». Sin embargo, en materia de la llamada «financiación singular» –un eufemismo del concierto fiscal insolidario que socialistas e independentistas de izquierda han pactado– no se están cumpliendo los plazos acordados, y eso molesta a ERC.
Cambio de caras
El responsable de fortalecer la Agencia Tributaria Catalana (ATC), José Manuel Rosón, dimitió como secretario autonómico de Hacienda de la Generalitat a inicios de este mes, tras no llegar a cumplir ni un año en el cargo. Ante la dificultad de cubrir el puesto, Illa y la consejera de Economía, Alicia Romero, han tenido que tirar de banquillo y trasladar al gerente de Economía del Ayuntamiento de Barcelona, Antoni Fernández.
Antoni Fernández, en una imagen de archivo
El segundo secretario en menos de un año deberá afrontar el reto de no volver a retrasar el calendario, tras el anuncio de que la recaudación del IRPF no se podrá realizar por parte de la agencia autonómica hasta 2028, y no en 2026 tal como republicanos y socialistas habían acordado.
Fuego cruzado
Illa se encuentra en medio de un fuego cruzado, con María Jesús Montero poniéndose de perfil con el fin de no perjudicar sus intereses electorales como candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, pero con la necesidad de satisfacer las exigencias de Sánchez para evitar los ataques de ira de sus socios separatistas.
Durante la visita de ayer a Barcelona, el presidente del Gobierno intentó ser lo máximo de complaciente con sus socios y los colectivos que les apoyan con los que se reunió a lo largo de la jornada.
ERC ya ha dicho que no habrá presupuestos ni en Madrid ni en Barcelona si la carpeta tributaria no se desatasca, y para demostrar que su paciencia no es infinita, sin esperar al PSOE, registró en el Congreso la proposición de Ley para la transferencia a Cataluña de la gestión tributaria.
El PSOE puede verse obligado a aprobar una iniciativa que no tiene garantizado el apoyo de algunos partidos socios de investidura, como Compromís, y en La Moncloa ven con disgusto volver a vivir una situación parecida a la de la votación de la reducción de jornada o la de traspaso de competencias de inmigración.
A finales de julio se presentó el plan director de la ATC. Sin embargo, el trabajo realizado por la empresa pública INDRA no gustó en ERC porque establecía plazos muy dilatados en relación con lo pactado, alegando que el desarrollo informático y la contratación de las miles de personas necesarias para expulsar a la agencia tributaria estatal de Cataluña requerían más tiempo del acordado entre el PSC y ERC.
Hoy en día ni tan solo está garantizado que la recaudación integral del IRPF se pueda realizar en 2028 y está pendiente de aprobarse un decreto que adapte el marco normativo y legal de la Agencia tributaria catalana a sus ampliadas funciones futuras.
