Illa prevé tener listo este mes el registro de grandes tenedores y avanzará en la unidad antidesahucios

El gobierno catalán ha reiterado que su intención es cumplir con los acuerdos alcanzados con ERC y con los Comunes y que permitieron la investidura de Salvador Illa. Y es que en ello le va también que se puedan aprobar los presupuestos de la Generalitat para el próximo año. De momento, tanto los republicanos como los Comunes, no muestran demasiado interés en negociar las cuentas de 2026, si es que no se ven avances significativos en el cumplimiento de esos acuerdos.

Y es en este punto que hay que entender que, en octubre, el Govern tenga intención de impulsar dos compromisos, dos medidas pactadas con los Comunes en materia de vivienda: el despliegue del registro de grandes tenedores y la creación de la unidad antidesahucios, conocida formalmente como Servicio de Protección y Estabilidad Habitacional.

De hecho, la líder de la formación, Jéssica Albiach, ha criticado la «lentitud» del Ejecutivo en el cumplimiento de los pactos. Y desde el ejecutivo catalán aseguran que ya cuentan con documentos preliminares y calendarios para ambas medidas, con el objetivo de materializarlas antes de finales de este mes para desbloquear el diálogo presupuestario.

Registro de grandes tenedores

El registro de grandes tenedores es un instrumento administrativo diseñado para obligar a los propietarios de vivienda a inscribirse y a declarar su condición de «gran tenedor» y el número exacto de inmuebles que poseen o utilizan. La falta de inscripción se considera una infracción grave, sancionable con multas que van de los 9.001 a los 90.000 euros.

¿Qué se consideran gran tenedor? La persona física o jurídica que sea titular de más de diez inmuebles urbanos de uso residencial o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados de uso residencial, excluyendo en todo caso garajes y trasteros.

Sin embargo, en zonas de mercado residencial tensionado, serán considerados grandes tenedores a aquellos titulares de cinco o más inmuebles urbanos de uso residencial ubicados en dicho ámbito. También entran en este ámbito las entidades financieras y sus filiales inmobiliarias, fondos de inversión y entidades de gestión de activos.

Esta herramienta ya entró en vigor hace unos meses, y busca identificar las viviendas vacías para facilitar su movilización por parte de las administraciones públicas, y también facilitar el cumplimiento de la regulación del precio del alquiler. La ley establece que los grandes tenedores deben ajustar el precio al índice oficial.

Ahora, lo que pretende impulsar el Govern es su plena implantación y activación, incluyendo el refuerzo de inspecciones y el cuerpo de 100 inspectores de vivienda pactado con los Comunes en septiembre. Desde esta formación defienden que el objetivo es combatir la especulación inmobiliaria y garantizar el acceso a la vivienda en áreas de alta demanda.

Unidad antidesahucios

Por su parte, la unidad antidesahucios, o Servicio de Protección y Estabilidad Habitacional, consistirá en una oficina especializada con al menos 50 profesionales que ofrecerá asesoramiento jurídico, acompañamiento social y mediación para prevenir desahucios, especialmente en casos de vulnerabilidad económica o social.

Se pactó inicialmente con los Comunes el pasado mes de mayo con la idea de que empezara a operar en septiembre. Pero la iniciativa se ha retrasado y ahora se prevé que empiece a rodar con un primer documento que ya define su calendario, recursos y ámbito de actuación.

El servicio se enmarca en la Ley Antidesahucios catalana, que obliga a los propietarios a ofrecer alquileres sociales en ciertos casos, aunque partes de esta norma fueron tumbadas por el Tribunal Constitucional en 2024. Los Comunes han insistido en acelerar su creación para evitar que miles de familias pierdan su vivienda, y el Govern ha respondido con el compromiso de dotarla de medios suficientes para intervenir en procesos judiciales y negociar con entidades financieras.

En cualquier caso, se trata de dos propuestas que el Govern ve como esenciales para cumplir con los acuerdos de investidura, en un momento en que ERC y los Comunes mantienen su rechazo inicial a negociar los presupuestos hasta ver avances concretos. No hay que perder de vista que los últimos que se aprobaron son de 2023, que se han ido prorrogando año tras año.

«Tenemos la voluntad de aprobarlas durante octubre», ha reiterado la consejera de Territorio y portavoz del Govern, Sílvia Paneque, que no ve «obstáculos» para la implementación de estas medidas. Lo de los presupuestos, ya es otra cosa. El ejecutivo de Illa trabaja con el objetivo de que entren en vigor en 2026, pero no pone fecha para presentarlos y no hay ningún tipo de calendario encima de la mesa. Es más, según Paneque, al Govern no le preocupa esa poca predisposición de sus socios para alcanzar acuerdos.