El aval de Estrasburgo a la prisión de Turull y el cerrojazo de Junts aíslan aún más a Sánchez en Europa

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) falló esta semana contra la demanda de los Jordis –esto es, Jordi Turull y Jordi Sánchez– y de Oriol Junqueras en la que alegaban que habían sido encarcelados por motivos políticos.

Según el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal Supremo español actuó correctamente para garantizar el orden constitucional, y los derechos de los partidos a los que pertenecen los políticos encarcelados no se vieron conculcados al no poder concurrir a las elecciones en igualdad de condiciones que el resto de las formaciones políticas.

No es la primera vez que el TEDH falla contra los líderes del Procés. Desde 2019 el tribunal de Estrasburgo, ha dictaminado seis veces contra demandas de los líderes sediciosos. La primera fue por la suspensión del pleno de declaración de la independencia, y la segunda por el encarcelamiento de Carmen Forcadell, presidenta del parlamento regional que permitió la declaración de secesión unilateral.

La tercera, contra la petición de indemnización a los miembros de la falsa «Junta electoral» creada para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017. La cuarta fue contra el archivo por parte de la Audiencia de Barcelona de la demanda contra la policía por su actuación la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre, y la quinta contra una petición de amparo de cargos electos independentistas que pretendían no declarar ante la justicia al considerarla parcial.

El PSOE y los separatistas

En los dos primeros fallos el PSOE aún no estaba en el Gobierno y avalaba la posición defendida por el Reino de España y su representación legal. En las posteriores, desde 2018, se ha alineado con el relato separatista, consistente en afirmar en Europa que en España hay lawfare y que la justicia había actuado de forma parcial, movida por ánimo de venganza y con sectarismo ideológico.

No es casualidad que, a la vez que el TEDH daba a conocer su resolución, a la misma hora pero en la otra ciudad sede de las instituciones europeas, Bruselas, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, estuviera suplantando el rol de los líderes independentistas, presionando por enésima vez a la presidenta del Parlamento Europeo para lograr la oficialidad del catalán en Europa. La comisión que se creó para estudiar el tema ha quedado varada sin avance alguno.

El fallo del TEDH no es un portazo al independentismo catalán, que ya se había llevado muchos, sino al Gobierno de España, al que se señala desde un tribunal internacional como defensor de una causa injusta y falsa solo por motivación política.

La sumisión absoluta del Gobierno encabezado por Pedro Sánchez a la estrategia jurídica hilvanada por el abogado de Puigdemont –el condenado por secuestro y pertenencia a banda armada Gonzalo Boye– no ha sido suficiente.

Al hacerse pública la sentencia del TEDH, Turull, secretario general de Junts y uno de los afectados por la resolución, afirmó claramente: «Lo volveríamos a hacer», desmintiendo así el argumento de la pacificación y reencuentro utilizado una vez tras otra por el gobierno socialista para justificar la Ley de Amnistía.

Bloqueo de Junts

El anuncio de Junts de enmendar todas las leyes en tramitación y de llevar a la legislatura al colapso legislativo deja al Gobierno de España en una posición muy incomoda en Bruselas, dado que ha usado todos recursos a su alcance para presionar por la oficialidad del catalán y ha actuado contra su propio país avalando las tesis independentistas de falta de democracia e independencia judicial en España.

Todo ello con el fin de que los beneficiarios de la amnistía les mantuvieran en el poder, por lo que ahora rectificar su posición sería tanto como reconocer que su finalidad no era el reencuentro, ni la normalización social en Cataluña, sino el mantenimiento del poder a cualquier precio.

España sale tocada en Europa por el tiempo perdido y favores gastados en avalar ideas y propuesta imposibles como la oficialidad del catalán, y además desde el propio gobierno español se ha encabezado una campaña de desprestigio de las instituciones españolas. Todo ello entre la perplejidad y asombro del resto de países europeos.