A juicio 27 familias de Sabadell tras una década okupando: defienden que han dado vida al edificio

Los juzgados de Sabadell han acogido este lunes el juicio contra las 27 familias que residen en el bloque Guillem Agulló, ocupado de forma ilegal desde hace más de una década. La propiedad del inmueble, SEROM y Grup Promotors 96, ha reclamado recuperar el edificio, mientras que los inquilinos defienden que tienen el derecho a permanecer bajo un régimen de alquiler social ajustado a sus ingresos. Tras una breve sesión de poco más de una hora, el caso ha quedado visto para sentencia.

La historia del bloque Guillem Agulló se remonta al 11 de abril del 2010, cuando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de Sabadell ocupó el edificio. El objetivo de la plataforma era sumar al parque de viviendas un inmueble en desuso, propiedad de grandes tenedores, para ceder los pisos a personas y familias en situación de vulnerabilidad, con seguimiento de los servicios sociales de la ciudad.

La propiedad, sin embargo, ha mantenido su postura de recuperar el inmueble para su explotación en el circuito comercial, una meta incompatible con la presencia de los actuales residentes. La tensión en el bloque ha tenido varios episodios críticos, como el corte de luz que Endesa ejecutó en agosto de 2023. La empresa justificó la acción alegando motivos de seguridad, ya que la conexión eléctrica del edificio era irregular.

Los ocupas alegan vulnerabilidad

El juicio de este lunes se ha centrado en un debate técnico sobre la titularidad del inmueble. Aïda Guidus, portavoz de la PAHC de Sabadell, ha explicado la postura de los vecinos. Ha señalado que, si bien las familias no son las propietarias legales, su legitimidad reside en haberle dado vida al edificio.

«El juicio es por usurpación a las 120 personas que viven en el bloque para debatir la propiedad oficial del inmueble, que no son las familias, pero que sí las legitima porque durante más de 10 años han vivido allí, le han dado vida y han hecho uso de él», ha afirmado la portavoz.

La situación, según Guidus, se agrava por el perfil de los residentes. «Todas tienen informe de vulnerabilidad acreditado por servicios sociales», ha destacado, y, de hecho, ha mencionado la presencia de familias monoparentales, personas mayores, menores y personas con discapacidad. La portavoz de los vecinos ha añadido que «la propiedad quiere sacar el máximo rendimiento al valor del inmueble, mientras que las familias se ofrecen a pagar un alquiler social de acuerdo con sus ingresos», que varían en cada caso.

Este sentimiento es compartido por los vecinos, como Mònica Sanz, residente del bloque, quien ha hecho un llamamiento a la empatía y la justicia. «Pedimos al juez, a las instituciones y a la sociedad que no nos den la espalda, no pedimos caridad, pedimos justicia social, un alquiler justo, estable y humano, que nos permita seguir viviendo en paz», ha declarado Sanz.

Desde la PAHC alertan de la enorme dificultad que supondría un desalojo forzoso. La plataforma subraya que los servicios sociales municipales no tienen la capacidad para dar una respuesta habitacional a un grupo tan grande como el de las 27 familias del bloque Guillem Agulló.

Para ilustrar la precariedad de las alternativas, han recordado el reciente caso del desalojo del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Sabadell. Un juez ordenó el desahucio por la inseguridad estructural del edificio y, de todas las personas que vivían allí, pero «solo dos familias con menores fueron redirigidas por el Ayuntamiento a un hostal de Terrassa», mientras que el resto se vio abocado a dormir en la calle, ha asegurado Guidus.

Por ello, consideran que la mejor solución es negociar un alquiler en el mismo edificio. «Sabemos que el Ayuntamiento está en negociaciones con la propiedad», ha admitido Guidus. La portavoz cree que mantener a las familias en el bloque «políticamente es interesante» para el consistorio, ya que «sería un problema que se quitarían de encima», pero ha lamentado que «la propiedad se niega a negociar». Esta negativa bloquea, por ahora, una salida pactada al conflicto.

Durante la vista, el juez ha tomado varias decisiones de carácter técnico que han marcado el desarrollo del proceso. Por un lado, ha rechazado la petición de varios abogados de excluir de la causa a clientes que supuestamente ya no residen en el inmueble, argumentando que no habían devuelto las claves a la propiedad.

Por otro lado, el magistrado tampoco ha admitido como prueba los informes de vulnerabilidad presentados, al considerar que el objeto del juicio es determinar la propiedad del edificio y no las circunstancias personales de los demandados. Con estas cuestiones resueltas, la decisión final queda ahora en manos de la justicia.