Albiol insta a Sánchez a buscar vivienda a los desalojados del instituto B9 de Badalona

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, ha celebrado el desalojo del antiguo instituto B9, un edificio ocupado desde hacía dos años por cerca de 400 migrantes. El alcalde ha defendido la operación policial, que se ha llevado a cabo este miércoles, como una actuación «contra la ilegalidad» y ha rechazado las acusaciones de racismo, asegurando que la intervención «no va contra nacionalidades, ni colores de piel».

En una comparecencia a las puertas del inmueble, Albiol ha calificado la actuación de «ejemplar», pese a las dificultades derivadas del elevado número de personas que residían en el edificio y de las condiciones del interior, que describió como una «ratonera». Según el alcalde, el B9 se había convertido en un foco de «problemas de convivencia, inseguridad y delincuencia», con aulas transformadas en infraviviendas, con barracas precarias en los patios y acumulaciones de basura.

Albiol ha insistido en que la situación era «insostenible» para el barrio y que no podía continuar «ni un día más». En este sentido, ha dejado claro que a las personas que provocaban problemas de convivencia, «no las queremos en Badalona», y ha advertido a los ocupantes desalojados de que no podrán acceder a viviendas públicas ni serán priorizados en el reparto de ayudas sociales municipales. No se va a destinar «ni un euro» a ellos, ha asegurado Albiol, quien también ha precisado que «lo digo sin complejos».

El alcalde considera que corresponde a otras administraciones hacerse cargo de la situación de las personas desalojadas y ha apuntado directamente al Gobierno por su política en materia de inmigración, que es la de «acoger a todo el mundo sin ningún tipo de control». Por este motivo, ha añadido, «tiene que ser Pedro Sánchez quien se encargue de dar una vivienda a estas personas».

No obstante, desde los servicios sociales municipales se ha ofrecido una solución temporal a una quincena de personas que ya estaban en seguimiento, y se ha atendido a unas cincuenta más que iniciarán ahora una evaluación para determinar si pueden acceder a alguna alternativa, según los criterios técnicos del Ayuntamiento.

De cara a posibles efectos colaterales del desalojo, como nuevas ocupaciones, Albiol ha explicado que la Guardia Urbana ha reforzado la vigilancia en la ciudad para evitar que los desalojados acampen u ocupen otros edificios. El consistorio recuperará ahora la posesión del inmueble y prevé su derribo en las próximas semanas, con el objetivo de construir en el solar una nueva comisaría de la Guardia Urbana.

Omella defiende el trabajo conjunto

Frente a la posición del alcalde, el cardenal de Barcelona, Juan José Omella, ha instado a las administraciones a «encontrar una solución entre todos» ante lo que ha calificado como el «drama» del sinhogarismo. «O encontramos una solución entre todos o el barco se hundirá», ha advertido. También ha asegurado que, ni las administraciones, ni las entidades sociales, pueden dar respuesta por separado a una realidad que considera alarmante.

Omella ha explicado que ya se están iniciando contactos con las administraciones para avanzar hacia una respuesta conjunta y ha hecho un llamamiento a sumar esfuerzos entre instituciones y entidades sociales. «¿Por qué no vamos todos juntos en la misma dirección?», se ha preguntado, al tiempo que ha reclamado más solidaridad en una sociedad cada vez más individualista y ha recordado que «las personas no son enemigas».

En la misma línea, el director de Cáritas Barcelona, Eduard Sala, ha señalado que el desalojo era previsible y se ha mostrado confiado en que las administraciones «hagan lo que les corresponde por responsabilidad». Sala ha reclamado pactos y financiación suficiente para abordar el sinhogarismo y advertido de que no hacerlo «saldrá muy caro». Desde Cáritas se han puesto a disposición de las personas desalojadas, aunque han reconocido que los recursos residenciales de las entidades están saturados y con listas de espera.