Barcelona actualiza la ordenanza de civismo veinte años después con sanciones más duras

El pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado definitivamente la actualización de la Ordenanza de Civismo, una norma que llevaba dos décadas sin modificarse y que regula el uso del espacio público y las conductas incívicas en la ciudad. La reforma ha salido adelante con los votos del gobierno municipal, Junts per Barcelona y ERC, mientras que el PP se ha abstenido y Barcelona en Comú y Vox han votado en contra.

La modificación es fruto de un acuerdo político entre el ejecutivo socialista y Junts y ERC, y supone la incorporación de nuevas infracciones y un endurecimiento de las sanciones económicas. Entre las medidas más destacadas figura el aumento de las multas para las rutas alcohólicas organizadas, conocidas como pub crawling, que podrán llegar hasta los 3.000 euros. También se elevan las sanciones por consumo de alcohol en la vía pública cuando afecte al descanso vecinal y por botellones en zonas con presencia de menores.

La nueva ordenanza introduce además agravantes en conductas como orinar en la calle, especialmente cuando se produzca cerca de lavabos públicos, locales de concurrencia o en vías estrechas, y sanciona de forma específica comportamientos que atenten contra la libertad e indemnidad sexual, como el exhibicionismo o la masturbación en espacios públicos.

En materia de grafitis, la reforma contempla multas de hasta 600 euros por pintadas en espacios no autorizados y obliga a los infractores a asumir los costes de limpieza o reparación, además de penalizar a quienes promuevan o faciliten estas acciones.

Uno de los cambios más relevantes afecta al cobro de las sanciones. La Guardia Urbana dispondrá de datáfonos para que los turistas extranjeros puedan abonar las multas en el mismo momento de la intervención, con el objetivo de evitar impagos. En el caso de residentes en España, el pago inmediato solo se aplicará a infracciones leves. El texto también busca mejorar la detección de reincidentes y acelerar los procedimientos administrativos.

La ordenanza incorpora, además, una ampliación de las medidas alternativas a la sanción económica, con un enfoque más pedagógico y social, y añade la aporofobia como eje discriminatorio a combatir. Durante el proceso de tramitación se presentaron más de 200 alegaciones, de las cuales un tercio han sido aceptadas total o parcialmente.

El debate

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido que la nueva ordenanza es una norma «progresista» que busca proteger a los barrios y a los colectivos más afectados por el incivismo, y ha subrayado que la acción sancionadora es compatible con las políticas sociales. En la misma línea, el teniente de alcaldía de Seguridad, Albert Batlle, ha señalado que el objetivo no es multar más, sino reducir las conductas incívicas y mejorar la convivencia, poniendo especial atención en las personas en situación de vulnerabilidad.

Desde Junts y ERC han valorado positivamente el acuerdo alcanzado y han asegurado que la ordenanza resultante es más clara y aplicable que la anterior, aunque han advertido de la necesidad de que se cumpla de forma efectiva. Los republicanos han destacado especialmente la incorporación de mecanismos de mediación y alternativas a la sanción.

Por el contrario, Barcelona en Comú ha criticado una reforma que considera continuista y excesivamente punitiva, mientras que el PP ha cuestionado su eficacia real para combatir el incivismo si no se garantiza el cobro de las multas y una mayor autoridad en el espacio público. Vox, por su parte, ha calificado la modificación de insuficiente y meramente cosmética.