El presidente catalán, Salvador Illa, recibe al líder de ERC, Oriol Junqueras
El laberinto catalán
Un nuevo retraso en la Agencia Tributaria Catalana frena el acuerdo presupuestario entre ERC y el PSOE
Un informe de la Generalitat indica que la recaudación del IRPF no podrá llevarse a cabo hasta 2028
El acuerdo entre ERC y los socialistas por el que la Generalitat de Cataluña, mediante la Agencia Tributaria Catalana (ATC), recaudará el IRPF en la comunidad está lejos de materializarse. Esta circunstancia congela las posibilidades de que vean la luz tanto los Presupuestos Generales del Estado como los de la Generalitat.
La gestión y recaudación integral del IRPF es una condición imprescindible impuesta por Oriol Junqueras para dar luz verde a las cuentas públicas, tanto a nivel nacional como autonómico. ERC tiene prisa en que la ATC recaude cuanto antes el IRPF, mientras que el PSC cree que lo primero es dotar de recursos y capacidad de gestión a la ATC.
El hecho es que dicha discrepancia puede hacer encallar la negociación de los presupuestos en Madrid y Barcelona, dado que ERC ha presentado una proposición de ley en el Congreso para que la Generalitat asuma la recaudación del IRPF para el próximo ejercicio.
Sin embargo, aunque el PSOE votara la proposición independista para satisfacer a los de Gabriel Rufián y Junqueras, dicha recaudación hoy en día es imposible que se haga efectiva ante la falta de estructura que aun tiene la ATC.
Desde la Consejería de Economía de la Generalitat se señala que la recaudación del IRPF no se podrá llevar a cabo desde Cataluña hasta «más allá de 2028», y aclaran que en sus primeros ejercicios siempre seria con la colaboración de la Agencia Tributaria Estatal.
Un informe técnico
El gobierno regional de Illa se escuda tras un informe técnico emitido por una filial de la empresa pública Indra llamada Minsait, según informa el diario Ara, que ha accedido a dicho informe mediante una petición al portal de transparencia de la Generalitat. Desde ERC recelan del informe, dado que Indra es una empresa pública controlada por el gobierno y creen que el mismo demora promediamente el despliegue de las ATC alegando cuestiones técnicas para favorecer los intereses del PSC
El informe de la filial de Indra destaca que el traspaso y gestión de la recaudación del IRPF supondría para la ATC pasar de mover un volumen de 5.000 millones a 30.000 de golpe. Además, la consejera, Alícia Romero, recuerda que incluso en el caso de que la ATC tuviera los recursos para llevar a cabo la recaudación del IRPF está pendiente desarrollar el marco legal que le permita recaudar el impuesto de la renta, que actualmente es una competencia exclusiva del Estado.
La consejera de Economía, Alícia Romero, junto a Salvador Illa, en una imagen de archivo
El informe revela que algunos procesos tributarios, como la gestión censal, deberían seguir siendo ejecutados por la agencia tributaria estatal. La ATC para asumir nuevas funciones requiere doblar su actual plantilla de 850 personas, dado que hay que tener en cuenta que Hacienda dispone en Cataluña de 3.800 trabajadores.
Desde la Generalitat se cuenta con la posibilidad de que parte de este personal pase de la agencia estatal a la catalana, tal como ocurrió con el traspaso de las competencias de carreteras de la Guardia Civil a los Mossos.
El plan de desarrollo de la ATC prevé que en marzo haya un convenio firmado entre el Estado y la Generalitat, pero hasta el momento no hay ningún borrador que se haya hecho público del mismo.
Condición innegociable
Junqueras ha recordado durante las últimas semanas que la recaudación integral del IRPF es condición innegociable para que ERC dé su apoyo a los presupuestos tanto en Madrid como en Barcelona.
La proposición de ley que ERC presentó hace ya unos meses en el registro del Congreso debe sustanciarse en la cámara baja durante la segunda quincena de febrero, y su aprobación supondría una reforma de la Ley Orgánica de financiación de la CC.AA (LOFCA) para que deje de estar prohibido que las CC.AA del régimen común gestionan y recuden impuestos estatales.
Actualmente la posibilidad de que la reforma de la LOFCA disponga de apoyo parlamentario suficiente parece una quimera, pero desde La Moncloa, así como desde el palacio de la Generalitat, confían en que la buena voluntad socialista de votar a favor aunque la proposición no prospere sea suficiente para que ERC entre en las negociaciones y, como mínimo, los presupuestos catalanes vean la luz, cosa que garantizaría a Illa agotar la legislatura hasta 2028.
