Más de la mitad de los catalanes considera que paga más impuestos de lo que recibe en servicios públicos

Más del 55 % de los catalanes sostiene que aporta más a las arcas públicas de lo que recibe en forma de sanidad, educación, carreteras o prestaciones, según la última Enquesta de valoració del Govern i de les polítiques públiques 2025 del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), elaborada a partir de 3.242 entrevistas entre octubre y diciembre del año pasado. Solo un 14 % cree que obtiene más de lo que paga y un 27 % considera que la balanza es equivalente, lo que refleja un extendido sentimiento de sobrecarga fiscal en una comunidad que se sitúa entre las que cuentan con más impuestos propios de España.

La encuesta del CEO muestra que el malestar fiscal es transversal y se extiende prácticamente a todos los grupos de edad y perfiles sociodemográficos. Entre los mayores de 64 años, casi seis de cada diez encuestados (62 %) dicen pagar más de lo que reciben, mientras que entre los jóvenes de 16 a 24 años el porcentaje se sitúa en el 48 %, con un tercio que considera equilibrada la relación entre impuestos y servicios. Por sexos, la percepción es prácticamente idéntica: el 56 % de las mujeres y el 53 % de los hombres se declaran contribuyentes netos en negativo.

El estudio no solo pregunta por la «balanza» entre lo que se paga y lo que se recibe, sino también por la actitud ante los tributos. Un 53 % de los catalanes prefiere mantener el nivel actual de impuestos para conservar los servicios, mientras que un 27 % estaría dispuesto a pagar más si se mejoraran las prestaciones y un 16 % apuesta por bajar la carga fiscal aun a costa de recortar la calidad de los servicios públicos. A pesar del malestar, la mayoría se inclina por la prudencia y no respalda, de entrada, una rebaja drástica que pudiera afectar a sanidad, educación o transporte.

Cuando se analiza la opinión sobre cada figura impositiva, la preferencia por aliviar la carga es clara en los tributos con mayor impacto sobre la renta y el consumo. Un 32 % es partidario de bajar el IRPF frente a un 54 % que opta por mantenerlo; en el IVA, el bloque que defiende una reducción alcanza el 35 %, con otro 54 % que prefiere no tocarlo. El rechazo es mucho más alto en los gravámenes patrimoniales: un 56 % pide bajar el impuesto de sucesiones, y solo un 9 % cree que debería subir.

Este malestar se produce en un contexto en el que Cataluña figura sistemáticamente entre las comunidades con mayor número de impuestos propios y con una presión fiscal relevante sobre patrimonios, herencias y determinados consumos, lo que alimenta la percepción de agravio entre las clases medias y trabajadoras. La propia encuesta muestra que los ciudadanos conceden una importancia muy alta a los servicios públicos en su vida diaria, con una nota media de 7,9 sobre 10, y que ocho de cada diez han utilizado en el último año al menos la sanidad, la educación o el transporte público.

El estudio también pregunta qué hacer si la Generalitat dispusiera de 1.000 euros adicionales por ciudadano. De media, los encuestados asignarían 605 euros a mejorar los servicios públicos y destinarían 395 euros a rebajar impuestos, lo que refleja un equilibrio entre la demanda de alivio fiscal y el deseo de reforzar la sanidad, la educación y las infraestructuras. Los votantes situados ideológicamente a la derecha son los que más porcentaje destinarían a bajar impuestos, pero incluso en este grupo más de la mitad del hipotético extra se dirigiría a reforzar los servicios.

En conjunto, el informe del CEO dibuja una ciudadanía que percibe claramente un desequilibrio entre lo que entrega al Estado y a la Generalitat y lo que recibe a cambio, especialmente en una comunidad con alta presión fiscal propia, pero que al mismo tiempo considera imprescindibles los servicios públicos y se resiste a sacrificarlos en aras de una rebaja inmediata de impuestos.