Bruselas advierte a España de que obligar a etiquetar en catalán supone una barrera para las empresas

La Comisión Europea ha advertido al Gobierno de que la obligación de etiquetar determinados productos tanto en castellano como en lenguas cooficiales, como sería el caso del catalán, constituye una barrera para las empresas y puede dificultar el funcionamiento del mercado interior europeo.

La observación aparece recogida en la evaluación económica y social de España presentada este miércoles por Bruselas. En ella, el Ejecutivo comunitario señala expresamente que los requisitos de etiquetado vinculados a las distintas normativas autonómicas incrementan los costes que deben asumir las compañías para cumplir la regulación y complican la comercialización de productos entre territorios.

Según la Comisión, estas diferencias normativas generan obstáculos tanto para las empresas españolas que operan en varias comunidades autónomas como para aquellas procedentes de otros países de la Unión Europea que quieren acceder al mercado español. El resultado, añade el informe, es una menor integración económica, menos opciones para los consumidores y un posible encarecimiento de los productos.

Bruselas enmarca esta crítica dentro de una preocupación más amplia por la fragmentación regulatoria existente en España. El documento sostiene que algunas disposiciones autonómicas crean cargas administrativas adicionales que dificultan la actividad empresarial y restan competitividad.

Entre los ejemplos que cita figura también el impuesto sobre las bebidas azucaradas que aplica Cataluña y que no existe en la mayoría de comunidades autónomas. La Comisión utiliza este caso para ilustrar cómo determinadas diferencias regulatorias y fiscales pueden generar asimetrías dentro del mercado nacional.

Además, el Ejecutivo comunitario insta al Gobierno a simplificar diversos procedimientos administrativos, especialmente en materia de movilidad de trabajadores dentro de la Unión Europea, y plantea revisar algunos elementos del sistema fiscal. Entre otras recomendaciones, vuelve a cuestionar el mantenimiento de determinados tipos reducidos de IVA, especialmente en sectores como la hostelería y la restauración.

Las observaciones forman parte del Semestre Europeo, el mecanismo de supervisión económica mediante el que Bruselas evalúa periódicamente las políticas de los Estados miembros y formula recomendaciones para mejorar su competitividad y sostenibilidad financiera.