La cúpula de la Federación Catalana de Fútbol sigue intentando implicar a Juanjo Isern en el Caso Soule

Los miembros de la Federación Catalana de Fútbol (FCF) siguen con su particular guerra para intentar imputar al excandidato Juanjo Isern en algún caso de corrupción. Así se puso de manifiesto el pasado lunes en la asamblea organizada por la FCF, que fue, además, un acto subvencionado, pues se les pagó 800 euros a los clubs que asistieron.

Como ha venido informando El Debate, todos los miembros de la actual cúpula de la FCF están imputados. El único que no lo está es Isern. La guinda del pastel es que la abogada María Barbancho se ha movido por diferentes instancias para que colocaran a Isern dentro del Caso Soule para que sea imputado. La realidad es que nadie le ha hecho caso, pero insistieron en la asamblea. Teniendo en cuenta esto, ¿qué es el Caso Soule?

Para comprender el origen de este laberinto judicial y las tensiones que fracturan el fútbol catalán, resulta indispensable descifrar la naturaleza de la macrocausa original. El conocido como Caso Soule sacudió los cimientos del fútbol al destapar una presunta red de corrupción, administración desleal y apropiación indebida arraigada en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la larga etapa presidencial de Ángel María Villar.

Este caso se convirtió en el epicentro de un terremoto cuyas réplicas no tardaron en alcanzar a la FCF, conectando los despachos de Barcelona con las altas esferas de Madrid y arrastrando consigo las trayectorias de directivos clave.

En el ojo del huracán catalán emergió la figura de Andreu Subies, quien dirigió la FCF entre 2011 y 2018 para dar el salto posterior a la vicepresidencia económica de la RFEF. La vinculación de Subies con el entramado de Villar propició una investigación minuciosa de la Guardia Civil sobre presuntos desvíos sistemáticos de dinero público. Las sospechas se centraban en una aparente trama clientelar que utilizaba fondos de subvenciones y de la Mutualidad de Futbolistas (MUPRESFE) para financiar obras e intereses privados a través de contratos inflados y adjudicaciones digitales.

Subies fue acusado de delitos graves, incluyendo falsedad documental y corrupción entre particulares. La investigación reveló indicios de sobrecostes escandalosos en las sedes territoriales de la federación catalana, como una partida de 518.000 euros destinada a reformas que realmente apenas superaban la mitad de ese valor. Las sospechas se tornaron en acusaciones personales cuando se apuntó a que parte de estos beneficios ilícitos habrían servido para sufragar la remodelación de su vivienda en Cambrils y de un local propiedad de su cónyuge.

Obligado a dimitir en 2019 tras su detención, el destino judicial de Subies ha tomado un rumbo de desgaste procedimental. Aunque el dirigente mantuvo siempre su inocencia alegando que las ofertas eran las más ventajosas y transparentes, su defensa penal se agarró firmemente a los plazos formales. A principios de 2025, la defensa solicitó formalmente el archivo definitivo de su causa argumentando que sus comparecencias se realizaron fuera de los márgenes legales de instrucción, logrando que gran parte de la causa se encuentre desestimada o en vías de archivo por estrictos defectos temporales.

Soteras e Isern

En este complejo tablero, el relevo presidencial en Cataluña cayó en manos de Joan Soteras, cuya andadura estuvo marcada desde el inicio por las controversias derivadas de su rivalidad con Juanjo Isern. Aunque Soteras ha intentado instrumentalizar de forma mediática el Caso Soule acusando a su oponente de estar implicado, la realidad judicial determinó que Isern solo acudió como testigo. De hecho, la falsedad de estas acusaciones vertidas en plena campaña electoral de 2023 se volvió en contra del propio Soteras, abriéndose un proceso penal en su contra por injurias y calumnias.

El verdadero lío judicial que amenaza la gestión de Soteras pertenece a un sumario diferente y de índole local. Esto es, el presunto fraude electoral de la FCF en los comicios de 2023. El Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell le imputó delitos continuados de falsedad en documento público y privado junto a la administración desleal. Los informes policiales dibujaron un panorama desolador que señalaba la falsificación de firmas de más de 200 clubes catalanes en actas notariales para emitir votos no autorizados a favor de su candidatura, utilizando presuntamente a empleados de la propia federación y recurriendo a datos privados extraídos de los ficheros internos.

A pesar de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña mantuvo la validez administrativa de su cargo en el plano puramente deportivo, el horizonte penal se mantiene hostil. En julio de 2025, Soteras acudió a declarar como investigado ante los tribunales locales acogiéndose a su derecho a no declarar, una estrategia evasiva que comparte con ocho miembros de su directiva mientras los clubes estafados siguen certificando ante el juez la falsedad de sus firmas.

La tercera pata

Cerrando este triunvirato de poder se encuentra José Llaó, una pieza histórica de la FCF que operó como mano derecha de la estructura de Subies. La implicación de Llaó en el Caso Soule fue tangencial, pero sumamente delicada desde el punto de vista institucional debido a su posición al frente de la Mutualidad de Futbolistas en Cataluña, una de las entidades señaladas por los desvíos financieros que provocaron la intervención administrativa de la mutualidad en pleno escándalo.

Lejos de la macrocausa madrileña, el desgaste humano de Llaó se ha concentrado en graves conflictos internos dentro de la propia FCF. El directivo tuvo que hacer frente a acusaciones penales de acoso laboral, trato degradante y coacciones, interpuestas por la directiva Paquita Linares, quien denunció maniobras destinadas a intimidarla y silenciar sus opiniones críticas con la cúpula.

Llaó aparece salpicado en los informes policiales relativos a la falsificación de las actas de votación del año 2023. A diferencia del cese inmediato que padeció Subies, la salida o resolución del caso de Llaó se ha mantenido en una suerte de letargo institucional. El veterano dirigente ha optado por un perfil bajo protegido por la inercia del relevo de Soteras, prolongando su andadura federativa mientras los juzgados catalanes continúan acumulando pruebas periciales e informes sobre el presunto fraude que desvirtuó la voluntad democrática de los clubes de fútbol catalanes.