Sant Cugat se enfrenta a una demanda por su «infame» buzón para delatar a quien no use el catalán

Convivencia Cívica Catalana (CCC) ha enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) para que retire el «infame» buzón que insta a los vecinos a denunciar a las personas o comercios que no usen el catalán en la atención al público y, por tanto, vulneren los «derechos lingüísticos» de los catalanoparlantes.

Según ha anunciado el abogado y presidente de CCC, Ángel Escolano, en una publicación en X, la entidad ha requerido al consistorio vallesano que retire el buzón publicado en su página web «en el plazo de diez días». En caso de que no lo haga, añade Escolano, «interpondremos la correspondiente demanda ante los Juzgados de lo Contencioso».

«Los ayuntamientos democráticos no funcionan como los CDR», concluye el presidente de la entidad constitucionalista, en referencia a los autodenominados Comités de Defensa de la República que surgieron en Cataluña en 2017 al calor del procés independentista. En el requerimiento enviado al consistorio se hace hincapié en que no existe «ninguna Ordenanza o norma municipal que ampare la creación de dicha web de denuncias».

El buzón de la polémica

El buzón, presentado la semana pasada, ha sido impulsado por la Concejalía de Política Lingüística del Ayuntamiento, gobernado por Junts y ERC. Por el momento, el consistorio no prevé sanciones, sino que espera resolver las situaciones señaladas por las denuncias recurriendo al diálogo.

Pese a estas buenas intenciones, la medida ha generado mucha polémica y la oposición frontal de la oposición. Tanto el PP como Vox se han manifestado en contra y han exigido la retirada. Los populares emitieron un comunicado en el que consideraban el buzón «una clara vulneración de las libertades individuales y empresariales». Su portavoz, Álvaro Benejam, lo tildaba de «retroceso democrático» y «propio de regímenes totalitarios».

Por su parte, el portavoz del grupo municipal de Vox, Marcos Rodríguez, también exigía la retirada del buzón, que ven como una herramienta de «persecución contra el castellano». Los conservadores han exigido ya al Ayuntamiento información detallada sobre el coste de esta campaña.