Turistas entrando en un piso turístico en Barcelona
Diez familias del ‘bloque Tarragona’ de Barcelona consiguen quedarse en el edificio tras meses de negociación
El edificio se había convertido en una especie de símbolo contra la proliferación de pisos turísticos
Una decena de vecinos del conocido como el 'Bloque Tarragona', situado en el distrito del Eixample de Barcelona, respiran más aliviados. Y es que han alcanzado un acuerdo con la propiedad para prorrogar durante tres años sus contratos de alquiler, que expiraban en 2026. Se trata de diez familias que afrontaban la incertidumbre de tener que abandonar sus viviendas en un edificio que la propiedad pretendía convertir en pisos turísticos.
El conflicto se remonta a la primavera de 2023, cuando salió a la luz que la propiedad había solicitado licencias turísticas para la práctica totalidad de los 120 pisos del edificio. La situación se produjo a raíz de una anulación judicial del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT) por un defecto de forma, lo que abrió una ventana legal que permitió tramitar las licencias. Posteriormente, el Ayuntamiento revocó una parte significativa de ellas, aunque el proceso quedó judicializado y parte de los pisos turísticos se han mantenido activos hasta hoy.
Desde entonces, los vecinos han denunciado reiteradamente los problemas de convivencia derivados de la rotación constante de turistas y han convertido el edificio en un símbolo de la lucha vecinal contra la turistificación residencial. La prórroga de los diez contratos supone, para ellos, una victoria parcial en un conflicto que sigue abierto y que continúa marcando el debate sobre vivienda y usos turísticos en Barcelona.
El Sindicat d'Habitatge Socialista de Cataluña (SHSC), que ha anunciado este acuerdo, lo considera un paso importante tras meses de negociaciones y movilizaciones. Según la entidad, la prórroga ofrece «tranquilidad» a los inquilinos afectados, aunque advierte de que la situación del bloque sigue siendo frágil mientras una parte de los pisos continúe destinada al alquiler turístico. En este sentido, el sindicato insiste en que la solución no es definitiva y que la incertidumbre persiste para el conjunto de vecinos.
Desde el SHSC subrayan que el entendimiento con la propiedad se ha producido sin mediación institucional y lo atribuyen directamente a la presión vecinal y a las acciones emprendidas contra la inmobiliaria propietaria del edificio. La portavoz del sindicato en el Eixample, Rebeca Pérez, ha defendido que la prórroga de los contratos demuestra que la movilización puede frenar procesos de expulsión residencial y ha avanzado que el objetivo sigue siendo recuperar el uso residencial de los pisos turísticos que aún permanecen activos en la finca.
El teniente de alcaldía de Economía, Hacienda y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Jordi Valls, ha valorado el acuerdo como una «magnífica noticia» tanto para las familias afectadas como para la ciudad. Valls ha apuntado que este tipo de acuerdos reflejan un cambio progresivo en el comportamiento de algunos inversores, que empiezan a replantear sus modelos de negocio ante el nuevo marco regulador en materia de vivienda.
El responsable municipal ha señalado que medidas como la declaración de zonas de mercado tensionado, la previsión de extinción de las licencias de pisos turísticos en 2028 y la regulación del alquiler de temporada influyen en estas decisiones.
Valls ha evitado entrar en un cruce de reproches políticos y ha insistido en que lo fundamental es que se cumpla la ley, también en lo relativo a los pisos turísticos que siguen operando en el bloque. En este sentido, ha indicado que será clave analizar la aplicación y la solidez de la legislación recientemente aprobada en el Parlament.
