El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, junto a la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra
El calvario de la víctima del exmarido del Oltra: embarazada, sin ayudas económicas ni formación
La Generalitat no ha protegido a la joven ni en el momento de los abusos ni tras su salida del centro tutelado al cumplir los 18 años
Ninguna ayuda económica. Cero aportación a su futuro laboral. Miedo a que le quiten los hijos. Así es como vive María Teresa T. M., la víctima de abusos sexuales del exmarido de Mónica Oltra, desde que salió del centro tutelado de la Generalitat Valenciana al cumplir los 18 años junto a su novio y actual marido.
Por toda titulación, la joven cuenta con un carné de manipulación de alimentos que obtuvo al trabajar en un restaurante. Su pareja, ni eso. La Conselleria no les ofreció un plan de estudios para una salida laboral mientras vivían en sus centros de menores. Así, a falta de un mes de tener a su segundo hijo, la pareja vive con escasos recursos.
Hace un año, recién salidos de los centros tutelados y amparados por el hecho de no querer abortar a su primer hijo, la pareja recibió el respaldo del hospital privado Ribera Salud de Torrevieja (Alicante), quien se encargó de ofrecerles un puesto laboral. Él, de celador; ella, de recepcionista. Pero a los «tres meses», cuando el Gobierno valenciano cambió el régimen del hospital de privado a público, les mandaron sin explicación para casa, cuenta el abogado de Teresa, José Luis Roberto.
«El 15 de septiembre de 2021 se produce la reversión de la sanidad privada a la pública. Al día siguiente van a trabajar y les dicen que se vayan a casa, que ya les llamarán. Pasaron los días, pero nadie les llamó. Les echaron sin un papel de por medio, sin un despido escrito ni una indemnización mínima. Nada», relata Roberto. La pareja presentó una denuncia por «despido nulo», solicitando 25.000 euros para cada uno de indemnización. «Fue claro que hubo una animadversión contra ellos. Los ignoraron», explica el letrado. El objetivo era lograr un acto de conciliación y mediación, pero la Generalitat no se personó. Ahora, la fecha fijada para el juicio está prevista para el 26 de enero de 2023, a las 10:50 horas de la mañana.
Sin ayuda económica
Teresa y su marido llevan dos años fuera de los servicios asistenciales de la Generalitat. «Lo normal es que al salir del centro tutelado les ayuden a buscar casa y trabajo e incluso durante un tiempo les ofrezcan una ayuda económica, pero en estos dos años los chavales no han recibido nada. Es como si no existieran», lamenta el abogado. Es más, indica, «le deniegan las ayudas porque dicen que recibe miles de euros de un crowdfunding que abrió para su bebé», pero «es mentira que haya recibido ese dinero que alegan, además de que no entendemos en qué se basan, porque ellos no pueden tener acceso a sus cuentas bancarias. Es ilegal».
Con todo, Roberto explica que Teresa ha presentado una reclamación patrimonial a la Generalitat en la que piden una indemnización para la joven de 240.000 euros «por el perjuicio que le ha causado la administración valenciana» en todo el proceso de abusos sexuales por la desprotección que padeció. «Está muy dolida porque no le hicieron ningún caso cuando contó los abusos, la trataron de mentirosa, cuando llegó la orden de alejamiento contra su agresor fue a ella a la que cambiaron de centro, la llevaron esposada al juicio de Icardi escoltada por la policía de la Generalitat... Toda una serie de situaciones que tuvo que vivir y que le han causado un grave perjuicio», denuncia Roberto.
Sin embargo, este litigio está paralizado «porque la administración está retardándolo todo, ya que siguen insistiendo en que el fallo del agresor de Teresa, Luis Eduardo Ramírez Icardi, exmarido de Oltra, no es firme y sigue pendiente de un recurso de casación que hizo al Supremo», comenta. La acusación espera que «antes de agosto de este año» el Supremo decida rechazar tal recurso y determine que la sentencia es firme e Icardi entre en la cárcel.
Amenaza con quitarle al hijo
A sus problemas económicos, Teresa ha de sumar otro, si cabe, mucho más grave: recibir amenazas «en varias ocasiones» de quitarle a su hijo, actualmente de un año de edad. Tal es la presión que la joven ha decidido cambiar de domicilio y población. «Los servicios sociales nos han amenazado con quitarle al niño por su situación precaria. Se lo han dicho varias veces, incluso hace dos meses fueron hasta su vivienda con la Guardia Civil para comprobar si el niño vivía en buenas condiciones. Fueron con la intención de llevarse al niño, pero pudieron comprobar que, aunque humildemente, al niño no le falta de nada y viven con agua y luz, que eran los motivos principales por los que se lo hubieran llevado», explica el abogado.
Desde entonces Teresa «vive con miedo» de que un día llegue una orden y se lleven a su bebé.
La urgencia para ellos es contar con solvencia económica, que podría solventarse de forma inmediata si la Conselleria no pusiera trabas y «les ofreciera las ayudas de renta mínima habituales» así como si la reclamación patrimonial solicitada se ejecutase rápido.
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