Los presidentes autonómicos de Cataluña, Pere Aragones, y de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig
Comunidad Valenciana El tripartito valenciano calca la hoja de ruta catalana para acelerar el 'procés' en la Comunidad
El Gobierno de Puig importa el adoctrinamiento en las aulas, impone el valenciano y da subvenciones millonarias a entidades de corte secesionista
«Alicante es la segunda capital del País Valenciano y la cuarta de los 'Países Catalanes'». Hace tan solo siete años habría sido impensable imaginarse esta sentencia que el líder de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol Junqueras, pronunció en mayo de este mismo año en la Comunidad Valenciana.
Sin embargo, desde que el PSPV-PSOE gobierna en coalición con Compromís y Unides Podem (mediados de 2015), los valencianos están viendo cómo sus gobernantes se alinean de manera permanente con las tesis del independentismo catalán y están asumiendo dócilmente el paradigma social y territorial en la región anhelado por los secesionistas.
En otras palabras, el tripartito de izquierdas de la Generalitat Valenciana está llevando a cabo una suerte de procés acelerado de cara a consolidar la integración en los nunca existentes «Países Catalanes», en los que la Comunidad, al igual que Baleares, sería una provincia siempre por debajo de la dominante Cataluña.
«Ximo Puig es el caballo de Troya de la ideología independentista en la Comunidad Valenciana». Así de contundente se expresa la vicesecretaria de Territorio, Comunidad y Cultura valenciana del Partido Popular en la Región (PPCV), María José Ferrer.
Para entender la deriva secesionista en la Comunidad, la también concejala del Ayuntamiento de Valencia indica que el presidente de la Generalitat ha confeccionado «una hoja de ruta paralela a la que se hizo en Cataluña» y para ello se ha servido de dos vías.
«Policía lingüística»
Una es la sociológica. Consciente de que cambiar las preferencias y la mentalidad de buena parte de la sociedad es algo más que arduo, Puig y sus consejerías han puesto toda la carne en el asador para lograrlo.
De este modo, Ferrer rechaza que se vaya a crear «por la puerta de atrás» la Oficina de Derechos Lingüísticos, que permitiría, según explica la popular, «denunciar en los bares, clínicas, clínicas y en todo el ámbito privado sin posibilidad de recurso» si alguien se siente discriminado porque no se utiliza el valenciano.
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Sobre esta «policía lingüística», Ferrer recuerda que ya fue tumbada tanto por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) como por el Supremo, que vio «falta de derechos en doce de los 16 artículos». Por ello, no descarta que su formación vuelva a acudir a la Justicia para que esta medida no termine saliendo adelante.
También en la vertiente sociológica, la vicesecretaria del PPCV critica que la propia Generalitat, dentro de su proyecto ideológico, «esté financiando con el dinero de todos los valencianos actividades contrarias a la Constitución, al Estatuto y a las señas de identidad propias».
Ferrer se refiere a eventos como el Aplec a Alcoi, que promueve abiertamente la creación de los «Países Catalanes» y que está patrocinado por el Ejecutivo valenciano, así como otros «diez millones de euros» que el tripartito ha destinado a entidades secesionistas en los algo más de siete años que lleva en el poder.
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«Está potenciando el independentismo en la Comunidad y no cumple con su obligación de lealtad a los valencianos», señala la popular, a lo que añade que ante los ataques del nacionalismo «ni reclama ni manifiesta nada, por lo que les está dando un salvoconducto para que prendan la llama del independentismo» en la región.
La segunda vía que apunta Ferrer para cimentar este procés acelerado es la administrativa que, a su vez, tiene el anclaje de nuevo en la cuestión de la lengua.
En los últimos meses, la agenda del tripartito ha intensificado el número de medidas e iniciativas orientadas no a fomentar, sino a imponer el dominio del valenciano para optar a un aplaza de funcionario o, simplemente, para trabajar en un centro público.
De este modo, a la Consejería de Educación, en manos de Compromís, no le ha temblado el pulso a la hora de despedir a profesores con décadas de experiencia en su sector –la música- y con amplio reconocimiento internacional.
La última muestra ha sido la aprobación de que en una oposición para médico el valenciano valga el triple que un doctorado y hasta cinco veces más que un máster. Se ha sacado adelante aunque contaba con la natural oposición de los sanitarios.
Así pues, Ferrer insiste en que nadie «puede ser discriminado por el uso de una lengua» y pone en valor que los valencianos siempre se han expresado «en distintos idiomas y nunca ha habido problemas. El problema lo han creado ellos».
Con todo ello, la dirigente popular defiende que la velocidad en la catalanización de las esferas pública y privada es producto de que Puig «siempre ha sido un nacionalista cercano a las tesis independentistas» y, como consecuencia, «no puede venir ahora de centrista moderado para ganar unos votos porque no cuela».
Asimismo, Ferrer también señala al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: «Es quien lo consiente y lo promociona porque les ha dado alas».
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En esta línea, continúa afirmando que gracias al jefe del Ejecutivo, los independentistas se sienten envalentonados porque saben que no les va a pasar «nada»: «Pueden infringir el Código Penal porque luego se les indulta y piden eliminar el delito de sedición. No tienen límites porque Sánchez no tiene límites ni escrúpulos», zanja la dirigente del PPCV.
«Revancha y rodillo ideológico»
Por su parte, la portavoz de Vox en las Cortes Valencianas, Ana Vega, coincide con Ferrer en que el independentismo en la Comunidad Valenciana «ha pisado el acelerador», define a Compromís como «el hijo pequeño del separatismo catalán» y pone el foco en la cuestión de los fondos públicos.
A su juicio, las entidades que reciben subvenciones y patrocinios de las instituciones valencianas para fomentar la secesión «no actúan por el bien y el interés general, sino para sembrar odio y discordia, como ya hicieron en Cataluña».
Por ello, Vega se compromete a que si su formación alcanza la presidencia de la Generalitat tras las elecciones de mayo, «todas las entidades separatistas y que pretenden romper la convivencia y el orden constitucional se quedarán sin un céntimo de subvenciones públicas».
Según la portavoz de Vox, «el dinero de todos tiene que ir destinado a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y no hay procesos separatistas rupturistas que quiebran el clima social».
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Respecto al ámbito civil, el director de la Sección de Llengua de la Real Academia de Cultura Valenciana, Voro López, cree que lo que «se cocina rápido nunca sale bien» y responsabiliza directamente a Compromís: «Está viendo que se le acaba la cuerda y por eso fuerza la maquinaria para adelantar en esa dirección todo lo que puedan».
En su opinión, el proceso separatista en Cataluña se diferencia del valenciano en «las prisas» que están llevando en la Comunidad y apunta una razón «sectaria»: «Nunca habían estado en las instituciones y cuando han llegado lo han hecho con ganas de revancha y de pasar el rodillo ideológico», asegura.
Las prisas de Compromís
Las «prisas» de Compromís López también las achaca a que los nacionalistas son conscientes de que la sociedad valenciana «no es de base catalanista», así que tienen que ir «más deprisa».
Como ejemplo de ello, apunta a que el tripartito se ha encargado de ensalzar de una manera más que pomposa la figura de Joan Fuster, la persona que «asumió y popularizó» el término «Países Catalanes»: «Lo han querido comparar con Shakespeare, pero lo han hecho de una manera tan sectaria que ha provocado el rechazo de la sociedad», indica, volviendo a recordar el dicho culinario.
Por su parte, la presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, hace hincapié en que el salto de pantallas del secesionismo en la Comunidad Valenciana es fruto de los «guiños» que Puig ha hecho a los independentistas para consolidar esa «unión lingüística y espiritual» porque el objetivo es «el mismo que en Cataluña».
La semilla del adoctrinamiento
Para Lago, una de las claves reside en la «semilla que ya han sembrado en las aulas»: «Aprueban normas de adoctrinamiento mientras están gobernando para que, en el caso de que haya un cambio y vuelvan, no haya habido un retroceso completo en todo lo andado».
Según la presidenta de Hablamos Español, todo gira en torno al «profesorado», donde «va a seguir y es muy difícil controlar el adoctrinamiento aunque cambie la legislación».
Sin embargo, frente a este proyecto de «absoluta ingeniería social», Lago apunta que la Comunidad Valenciana es donde «más se reacciona y protesta», por lo que la considera una región «clave»: «Puede marcar la pauta a las demás», asegura.
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Por otra parte, si López tiró de sabiduría popular para explicar la ejecutoria de Compromís, el presidente de la Associació d'Escritors en Llengua Valenciana, Ricart Folgado, hace lo propio: «Poderoso caballero es don dinero», apunta para criticar las pingües subvenciones de las que son beneficiarias las asociaciones y entidades independentistas.
De este modo, critica que tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento de Valenciana no paren de «inyectar dinero en la órbita independentista» mientras «se margina» al valenciano, a cuyos autores no les dan «ni los buenos días».
En este sentido, Folgado contrapone los millones que reciben los soberanistas con los fondos atribuidos a su editorial: «En diez años hemos recibido la astronómica cifra de 1.900 euros, 190 por año», lamenta combinando indignación e ironía.
Ese «riego de dinero» va destinado, según el editor a consolidar un proyecto de «odio directo» en la sociedad «desvirtuando y adulterando las aulas». Este se basaría en que desde «los Pirineos hacia abajo todo es catalán porque lo dicen ellos aunque la Historia les desmienta».
Así, Folgado zanja asegurando que tanto lo narrado por él como los testimonios de Ferrer, Vega, López y Lago «no es ver fantasmas, sino la realidad».
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