El alcalde de Valencia, Joan Ribó
Comunidad Valenciana El «fracaso» de la política de Vivienda de Ribó: solo ha construido 14 pisos en 8 años
El alcalde de Valencia mantiene una oferta de vivienda protegida «casi inexistente» pese a que hay 3.500 familias en lista de espera para un alquiler social
Las campañas electorales suelen venir acompañadas de un amplio menú de exageraciones de cara a conseguir la confianza de los votantes indecisos en el momento en que se abran las urnas. Sin embargo, en el caso del Equipo de Gobierno de la ciudad de Valencia no hace falta estar en los últimos quince días antes de los comicios para presumir de un sinfín de bondades.
Los concejales levantinos tampoco necesitan que sean los propios ciudadanos los que valoren su gestión al frente del Ayuntamiento, ya que son ellos mismos los que se autodenominan el Ejecutivo «más social de la historia», dando así un salto cualitativo respecto al «rescatamos personas» con el que Compromís se presentó a las elecciones.
Uno de los aspectos más negativos de llevar la hipérbole hasta el extremo es que ante el más mínimo golpe de realidad, todo el castillo de naipes se viene abajo, haciendo bueno aquella sentencia de Quevedo de que «el exceso es el veneno de la razón».
Uno de esos toques de realismo político lo ha dado esta semana la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universidad Politécnica de Valencia (UPV). Según un estudio que ha realizado, la ciudad cuenta con una superficie de suelo protegido que le permitiría construir hasta 2.300 viviendas a un precio asequible.
El precio bajaría un 38 %
De aprovecharlo todo, el precio de la vivienda en Valencia bajaría un 38 %, mientras que en el caso de levantar edificios tan solo en la mitad del espacio disponible, la rebaja en el precio de los inmuebles ya se moderaría en el entorno del 30 %.
Con todo ello, el informe de la UPV alerta de que la capital regional «ha entrado en una situación de emergencia habitacional» provocada por un «desequilibrio entre la oferta y la demanda» en el sector inmobiliario. Este, a su vez, ha conllevado un alza de precios y que la adquisición de una casa para un ciudadano medio se haya convertido en una quimera.
Como solución a ese nada alentador escenario, construir vivienda protegida sería una de las principales vías a explorar. No obstante, el estudio lamenta que por parte de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia la oferta de esta clase de edificaciones sea «casi inexistente».
Con ello, ambas administraciones están desaprovechando una herramienta que «contendría la escalada de precios» en un contexto «de salarios bajos».
Comunidad Valenciana
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Con estos datos como telón de fondo, la candidata del Partido Popular a la alcaldía de Valencia, María José Catalá, considera que Ribó y sus concejales «han fracasado» en este ámbito porque «apenas han construido catorce viviendas en ocho años de gobierno».
Además, la portavoz municipal del PP reprocha al Ejecutivo local que tampoco «haya conseguido sacar una parte de las 57.000 viviendas vacías en la ciudad al mercado de alquiler con precios asequibles».
Sobre este último extremo, el plan estrella del alcalde levantino se llama Reviure –Revivir en valenciano– En cambio, tal como señala Catalá, la iniciativa ha resultado ser «un fiasco» porque «solo ha conseguido atraer a cuatro propietarios de pisos vacíos» para que el Consistorio los pudiera sacar con rentas más accesibles.
Estos paupérrimos registros ante un problema tan acuciante en Valencia no son una novedad. En 2020 únicamente se adhirieron a él nueve personas, mientras que en 2021 la cifra se redujo hasta los seis.
No obstante, en lugar de llevar a cabo «un plan serio de vivienda» como reclama Catalá, la política de Ribó es la de aferrarse a la idea original de su plan sin corregir nada y, muestra de ello es que se va a gastar 9.600 euros para promocionarlo en folletos y carteles, que se suman a los 8.000 que ya pagó hace un año por el mismo concepto.
Igualmente, cabe destacar que en toda la ciudad de Valencia hay actualmente 3.500 familias en lista de espera de conseguir un alquiler social mientras, denuncia la popular, «la mitad del parque de viviendas municipales está vacío por falta de gestión».
El alcalde de Valencia, Joan Ribó, y la vicealcaldesa, Sandra Gómez, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.
Por su parte, el portavoz de Vox en el Ayuntamiento, Pepe Gosálbez, critica que para el Gobierno de Ribó no sea «una prioridad» poner el foco «en las personas que más lo necesitan», a la par que denuncia que los servicios municipales están «absolutamente colapsados».
«Las personas que acuden a ellos llaman a la puerta y se les dice que vuelvan pasados treinta, cuarenta o cincuenta días», afirma Gosálbez, para quien todo esto refleja un «desastre».
El edil de Vox añade otra problemática como es la okupación. Según relata, existen barrios como Orriols donde hay «más de una docena» de viviendas públicas okupadas y que, por tanto, «no se liberan, no se rehabilitan y no se pueden entregar a los valencianos que realmente las necesitan».
En opinión de Gosálbez, todo lo descrito sucede porque hay un clima de «falta de gestión, falta de trabajo» por parte de Ribó y su equipo, que están llevando a cabo una forma de gobernar «en contra de Valencia y, lo que es peor, en contra de los valencianos».
En cuanto a Ciudadanos, su portavoz municipal, Fernando Giner, incide en la idea de «fracaso» en lo que a política de Vivienda se refiere porque indica que en los ocho años que lleva el dirigente de Compromís en el cargo «no se ha avanzado nada».
En esta línea, el dirigente ‘naranja’ declara que días atrás, la vicealcaldesa, Sandra Gómez –del PSPV-PSOE–, salió «a sacar pecho por la reciente adjudicación de dos promociones de vivienda pública». Sin embargo, Giner apunta que esas mismas construcciones acumulan «tres años de retraso» porque tendrían que haber estado levantadas en 2019.
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