El presidente de la Generalitat Valenciana en funciones, Ximo Puig.
Comunidad Valenciana Ocho años de choques con los Tribunales: Puig se despide de la Generalitat con dos nuevos varapalos judiciales
Las legislaturas del socialista han tenido a la Justicia como dique de contención frente a su política ideológica, sobre todo en materia educativa y de imposición lingüística
Desde las diez de la mañana las Cortes Valencianas celebran el pleno de investidura que convertirá a Carlos Mazón en presidente de la Generalitat Valenciana. Aunque no será hasta el lunes cuando el popular tome oficialmente posesión del cargo, la votación de hoy abre una nueva etapa en el Ejecutivo autonómico, con un Gobierno de coalición entre PP y Vox, y cierra otra, la del tripartito formado por el PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos.
Este Gabinete, especialmente durante los últimos cuatro años, ha protagonizado numerosas polémicas en casi todos los ámbitos de actuación. Esta constancia se ha dado, por ejemplo, a la hora de otorgar subvenciones al independentismo, llevar a cabo políticas de adoctrinamiento o tener unos niveles de transparencia mejorables. Pero si ha habido algo transversal ha sido el permanente choque con la Justicia.
A primera hora de la tarde, una vez investido Mazón, Puig habrá dejado de ser presidente de la Comunidad y se habrá despedido de sus responsabilidades institucionales con dos varapalos judiciales. Otros dos, pero no unos cualquiera, sino relacionados con los escándalos que más han erosionado su última legislatura: el caso Oltra y las subvenciones a su hermano.
Francis Puig cobró «indebidamente»
Respecto a este último, la Intervención de la Generalitat ha confirmado en un informe que ha remitido al Juzgado que Francis Puig entre 2015 y 2018 cobró 67.500 euros del Ejecutivo regional «indebidamente». Así se desprende del documento, en el que el organismo encargado de velar por el buen uso de los fondos públicos describe que tanto el hermano del socialista como sus socios usaron ese dinero no para el fomento del valenciano como estaba previsto, sino para contratar una alarma, comprar material de limpieza, reparar un aparato de aire acondicionado o cambiar la pantalla de un teléfono móvil.
Ante el juez Francis Puig no descartó que esas partidas del erario valenciano hubiesen sido aprobadas en contra de lo dispuesto en la ley, pero él mismo reconoció que la Generalitat nunca le reclamó ninguna devolución ni que aportara información que justificara las subvenciones. Este caso ha sido una china en el zapato del líder del PSPV-PSOE y el informe de la Intervención no hace sino amargarle un poco más la despedida.
El otro revés judicial a escasas horas de dejar la presidencia autonómica tiene que ver con su exvicepresidenta, Mónica Oltra. Trece meses atrás la nacionalista tuvo que dimitir tras resultar imputada por supuestamente, haber encubierto unos abusos sexuales a una niña de catorce años tutelada por su Consejería. Estas agresiones las cometió su marido, condenado a cinco años de cárcel y a la espera de sentencia definitiva por parte del Tribunal Supremo.
Por si este trance no fuera lo suficientemente doloroso y traumático, tanto la adolescente como su pareja fueron despedidos del hospital de la localidad alicantina de Torrevieja donde ambos trabajaban, aprovechando su reversión a titularidad pública. Estos denunciaron a la Consejería y los Tribunales estimaron que se trataba de despido improcedente.
Anotación de «Ximo» junto a la constructora de Luján
Ahora, el Juzgado de lo Social número 1 de Elche ha ordenado al Gobierno valenciano que se le pague a la chica 10.000 euros en concepto de una indemnización que, en caso de prosperar su recurso, llegaría hasta los 25.000. En la sentencia, el juez estima que se produjo una «vulneración del derecho fundamental a la garantía de indemnidad» y relaciona la denuncia que interpuso al marido de Oltra con su posterior destitución.
Desde que estalló el caso, ni Puig ni la propia exvicepresidenta ni su sucesora, Aitana Mas, han mostrado el más mínimo apoyo a la víctima. Tampoco a la hora de valorar la decisión del Juzgado. Lejos de pedir perdón por una postura que se ha declarado ilegal, Mas ha echado balones fuera y le ha pasado la responsabilidad de pagarle al nuevo Ejecutivo que Mazón conformará la semana que viene: «Compromete al siguiente Gobierno», se ha limitado a declarar. Cabe destacar que a día de hoy, tanto Oltra como más de una decena de funcionarios y altos cargos continuan imputados.
Fin a los ámbitos educativos
Estos son los dos últimos casos en los que la Generalitat y los Tribunales se han visto las caras, pero la hoja de servicios del tripartito es mucho más extensa. En educación, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJV), ha tumbado recientemente la obligatoriedad de impartir el primer curso de ESO según los ámbitos educativos.
Con ello se pretendía enseñar a los alumnos varias materias al mismo tiempo. Por ejemplo, en la misma hora lectiva, que se impartieran Historia, Lengua y Matemáticas. Los magistrados consideran que esa llamativa metodología no respeta la competencia y el ámbito de actuación que cada centro tiene, por lo que se estaría vulnerando la ley.
La hoja de ruta del tripartito no se entendería sin la imposición lingüística en todos los órdenes de la vida diaria. De este modo, de nuevo fue el Tribunal Supremo el que tuvo que rectificar al Gobierno de Puig cuando este aprobó un decreto que primaba el valenciano sobre el castellano para acceder a la administración autonómica.
Finalmente, Puig se va, pero el caso Azud continua su instrucción. En la causa se investiga una supuesta financiación ilegal del PSPV-PSOE a través de una red de mordidas a cambio de contratos de obra pública, aspecto que ante la Guardia Civil reconoció el que fuera exgerente de la formación. Hay evidencias que comprometen al socialista directamente, como son las anotaciones «X.Puig» o «Ximo» que la Benemérita advirtió en una de las libretas que requisó en sus registros a José María Cataluña, extesorero de la formación y considerado como el cabecilla de la trama.
Puig nunca ha sido claro al respecto y, por contra, ha ofrecido tres actitudes sobre las informaciones que iban saliendo, muchas de ellas exclusivas de El Debate. Primeramente se refirió al caso como algo que sucedió hace más de veinte años. Posteriormente, pasó a acusar de lanzar «bulos» a la «derecha y la ultraderecha» para terminar pasando del tema, ignorando cualquier pregunta al respecto y haciendo como si nada escuchara.
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