Placas fotovoltaicas instaladas en el tejado de un edificio, en una imagen de archivo
El bloqueo de ayuntamientos valencianos frena los proyectos de renovables tras la dejadez de Puig
Mazón impulsó una ley para que los consistorios no pudieran «en ningún caso» paralizar estas obras, pero algunos ediles se niegan a ejecutarlas
El Gobierno valenciano que entre 2015 y 2023 presidía Ximo Puig, entre otras muchas, tuvo la característica de ser una continua (especialmente en su segunda legislatura) sucesión de líos, polémicas y venganzas personales y políticas tal que le llevó a no poder revalidar su mandato. Uno de sus protagonistas más sonados fue la que hasta octubre de 2022 era consejera de Medioambiente, Mireia Mollà, perteneciente a Compromís. Las versiones oficiales y oficiosas de su fulminante destitución van desde su ralentización de aprobación de proyectos de energías renovables hasta para apuntalar la unidad de aquel Consell, pasando por las siempre recurrentes luchas intestinas en Compromís.
Sea como fuere, el caso es que la nacionalista recogió los enseres de su despacho y en él dejó una considerable tardanza a la hora tramitar los mencionados expedientes, aunque si bien hay que decirlo, con los correspondientes visto bueno y dejadez de su superior jerárquico, es decir, Puig. Ante ello, el actual jefe del Consell, Carlos Mazón, prometió revertirla y eliminar trabas burocráticas. Todo ello va encaminado, tal como dijo en su día, a que la Comunidad Valenciana albergara un hub de empresas del sector.
Ante tal objetivo, impulsó la aprobación definitiva de proyectos, que abarca entre los dos y los ocho meses, y redujo la cantidad de trámites a cumplimentar a tal efecto. Un instrumento fue la Ley de Simplificación Administrativa, una de las últimas normas que sacó adelante la coalición del Partido Popular y Vox. El texto lo deja claro: «Los ayuntamientos no podrán adoptar la suspensión general de tramitación de licencias prevista en el artículo 68 del Texto Refundido de la Ley de ordenación del territorio, urbanismo y paisaje (LOTUP) para la implantación de instalaciones fotovoltaicas en ningún caso»
Una paralización «injusta»
Pocas dudas sobre su aplicación deja la ley a interpretaciones o resquicios legales. Ni siquiera para la tan manida expresión de hecha la ley, hecha la trampa: «en ningún caso». Sin embargo, siempre hay quien intenta sortear, trampear o, simplemente, ralentizar determinados proyectos, como es el caso que ocupa.
En este sentido, hasta 20 consistorios de la región están tratando de paralizar que en sus municipios se puedan llegar a instalar proyectos fotovoltaicos. Siendo de diferente signo político y haciendo su particular visión de la norma aplicada, estas localidades se acogen a que las mencionadas actuaciones tendrían que ver la, nunca mejor dicho luz verde, una vez se haya dado el visto bueno al impacto que pudieran tener «en el entorno», dado el boom que desde hace unos pocos años a esta parte está teniendo esta clase de obras.
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en un foro económico
Pero más allá de las consecuencias medioambientales que cada ayuntamiento alude, las repercusiones económicas son ineludibles: «Es injusto que expedientes que se iniciaron en 2019 y han superado todos trámites, ahora, cinco años después, se les cambie las reglas del juego y el ayuntamiento modifique los criterios para impedir la ejecución de los proyectos. Otra cosa son los que entran nuevos, pero los que ya están en tramitación no se les puede exigir nuevas condiciones», sostuvieron varios expertos en renovables en unas jornadas celebradas días atrás en la región.
«No está justificada esta paralización», insistieron, a la vez que lamentaron que esta situación únicamente tiene como consecuencia un aumento de la «inseguridad jurídica» para aquellas empresas que han apostado para invertir por Castellón, Valencia o Alicante. De hecho, alertaron sobre las pérdidas millonarias que esta deliberada parálisis institucional puede acarrear.
Por tanto, piden que cese esta «injusticia» y recuerdan que, a pesar de que los pasos dados por el Gobierno de Mazón en este sentido van en la buena dirección, «los ayuntamientos están obligados a dar las licencias si el proyecto cuenta con el visto bueno administrativo y tienen favorable la compatibilidad urbanística», por lo que instan a dar cerrojazo a la «paralización» de los expedientes.
