Pilar Bernabé y Carlos Mazón, en el Cecopi
Un informe de la Generalitat prueba el silencio de la Confederación del Júcar de más de dos horas el día de la dana
La información técnica remitida al juzgado por parte de la Administración autonómica añade que el Gobierno regional informó del riesgo de desbordamiento cinco días antes
Cuando la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, abrió diligencias con tal de esclarecer cómo se gestionó institucionalmente la crisis de la dana en la provincia de Valencia del pasado 29 de octubre, algunos partidos políticos vieron la luz. Lo disfrutaron, aún más, cuando la instructora imputó a la entonces consejera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y a su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Más leña al fuego contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón.
Sin embargo, los tiempos y formas procesales son los que son, por lo que la victoria que cantaron pudiera ser que terminara como prematura. El Debate ya informó este miércoles del informe remitido a la magistrada que el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, un «cargo técnico y no político» que ocupa las mismas responsabilidades que ya tuvo «en los gobiernos de Ximo Puig», elaboró a petición de la justicia.
En él relataba con claridad el ámbito competencial de cada administración, así como que el Gobierno no activó en ningún momento el Plan Estatal ante el riesgo de inundaciones, con lo que las medidas que éste contempla se quedaron sin ponerse en marcha pese a la extrema gravedad del suceso.
Aemet y la Confederación del Júcar
En otro escrito, al que de nuevo este periódico ha tenido acceso, este mismo funcionario pone negro sobre blanco la cronología de alertas que, no solo ese día fatídico, sino previamente, el Consell puso en marcha y que desde el Ejecutivo central niegan con tal de que los organismos de que él dependen, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) salgan ilesos de toda esta vorágine.
No hace falta indagar mucho en el documento. Basta con leer una de sus primeras frases: «La activación de la planificación de Protección Civil para hacer frente a emergencias de naturaleza meteorológica se basa en el nivel de la predicción de los fenómenos meteorológicos adversos emitidos por la Aemet». Pero no no se queda ahí y apunta a la transmisión del Plan Nacional de Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteoalerta): «Será comunicado a los municipios afectados», señala.
Extracto del informe remitido al juzgado sobre las comunicaciones con la CHJ sobre el Poyo
Al respecto, la contundencia vuelve a hacer acto de presencia: «La revisión de dicho protocolo fue remitida a todos los municipios de la Comunidad y organismos con competencias en materia de seguridad y emergencias», a lo que añade un relato de los hechos:
Cinco días ante de la dana, el 24 de octubre, «se activó a las 11:45 horas» el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones elaborado por el Ejecutivo regional en base a los datos remitidos por la Aemet. Esta medida fue «comunicada a los municipios de las zonas afectadas mediante el envío de Planes de Emergencia Activados por Fenómenos Meteorológicos», algo que se llevó a término mediante «envío masivo» de «correo electrónicos y fax virtual indicados por cada municipio», así como por «SMS a los responsables municipales de las zonas afectadas por el aviso».
Correo electrónico remitido por la CHJ a Emergencias de la Generalitat Valenciana
Acto seguido, Suárez explicita que «dicha información se actualiza en la página web» de la Generalitat, «en la APP de avisos fe GVA 112» y también se difunde «a través del perfil en redes sociales de la Agencia Valenciana de Seguridad y Emergencias (@GVA112). Este mismo organismo emitió la jornada previa a la riada un «aviso especial» en el que se trasladaba «la previsión de alertas de la Aemet en dicho momento», lo que incluía «avisos de precipitaciones que podrían llegar a 150 litros por metro cuadrado» y que, a su vez, podría derivar en la «activación de cuencas de ríos y barrancos e inundaciones debido a los acumulados en zonas de alta ocupación urbana».
«Tres avisos de descenso»
En cuanto a la zona del barranco del Poyo, el 29 de octubre se les remitieron alertas a las 7:31, 7:36 y 9:41 de la mañana, al mismo tiempo que los boletines recibidos en Emergencias por la Aemet «no modificaban el nivel de riesgo en las alertas ya establecidas». De nuevo, esas notificaciones «se realizan por SMS a los responsables municipales y por correo electrónico/fax virtual a los municipios y agencias», recalca el informe.
Pero hay más. Después de «127 correos de notificaciones de umbrales tanto de lluvia como de caudales y desembalses», se procede a declarar a las 12:20 la «alerta hidrológica» en el Poyo como consecuencia de una «fuerte subida del nivel del agua por pico de 264 metros cúbicos por segundo». Tras «tres avisos de descenso del nivel de la rambla recibidos hasta las 16:13», el mensaje «decisivo» no llega hasta las «18:43», informando de que el caudal ya es de «1.686 metros cúbicos por segundo con tendencia ascendente».
Sin ánimo de ser reiterativo, Suárez afirma: «No constando ningún aviso por parte de la CHJ entre las 16:13 horas y las 18:43 de superación de los 150 metros cúbicos por segundo, como hubiera correspondido en función de los protocolos vigentes y del Plan Especial». E incide:
«La información transmitida a las 18:43 no vino acompañada de una llamada telefónica u otro mecanismo de aviso equivalente que permitiera valorar adecuadamente su impacto, aspecto de gran importancia teniendo en cuenta las competencias de la CHJ, el conocimiento especializado del comportamiento de los cauces y caudales de la cuenca de su competencia, así como las funciones asignadas a la CHJ en el Plan Especial frente al riesgo de inundaciones».
