Piden imputar al presidente de la Confederación del Júcar tras el informe de la Guardia Civil que denuncia «inexistencia de avisos»

El informe que la pasada semana la Guardia Civil remitió a la jueza de instrucción que lleva la causa de la gestión política de la dana que el pasado 29 de octubre arrasó casi un centenar de municipios de la provincia de Valenciana ha vuelto a poner al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, en el ojo del huracán. El motivo no es otro que el hecho de que la investigación de la Benemérita apunta a una «inexistencia de avisos» por parte del organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica.

Además de señalar que hubo determinada «aparente ausencia de control» por parte de la CHJ, el futuro procesal de Polo podría dar un giro de 180 grados, ya que una de las acusaciones populares y a la par particular en el procedimiento, la que ejerce Liberum, ha pedido a la jueza de Catarroja que proceda a imputar al presidente de la Confederación, una vez se ha conocido el contenido del escrito del Instituto Armado.

Según el documento remitido a la magistrada Nuria Ruiz Tobarra, la CHJ «no cumplió con su función de comunicar a tiempo real y puntual sobre el aumento del caudal en los embalses en relación con los diferentes umbrales, sino que lo hizo a destiempo o sencillamente, no lo hizo», algo que para el colectivo «obviamente condicionaba la toma de decisiones que debían adoptarse por los estamentos de Protección Civil y servicios de emergencias».

«Información deficiente» para decidir

En este sentido, Liberum lanza varias preguntas en aras de conseguir la investigación de Polo: «¿Por qué la CHJ no emitió el aviso de aumento de caudal en el barranco del Poyo a las 16:15 horas cuando los datos obtenidos indicaban un aumento de caudal? ¿Por qué se esperó a alcanzar un caudal de 1686,755 para emitir el aviso de aumento de caudal?»

«Es evidente que la información suministrada por la CHJ fue deficiente para la toma de decisiones», esgrime la asociación, en relación a la respuesta que Emergencias pudo dar ante la información con la que contaba: «Si como figura en los autos la tardanza y parquedad en los avisos a la ciudadanía emitidos por parte de la Generalitat han dado lugar a estas diligencias previas, con cuánta más razón (si no la misma) lo merecen los responsables de la CHJ, al menos, respecto de lo ocurrido en el barranco del Poyo».

Cabe recordar que la instrucción por el momento ha conllevado solo dos imputaciones, la de la consellera de Justicia e Interior (y por tanto responsable de Emergencias) el día de la dana, Salomé Pradas, y la de su secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso. Respecto a la primera, el lunes ha traído novedades.

Y es que, según ha podido constatar El Debate, la exdirigente ha presentado un recurso de apelación ante la jueza por «vulneración del derecho de defensa debido a la denegación de diligencias fundamentales para el esclarecimiento de los hechos». En concreto, la defensa de Pradas se refiere a que Ruiz Tobarra denegó en su día poder acceder a las denominadas «cajas negras» de la emergencia:

«Se trata de dispositivos que registran datos que proporcionan información vital para reconstruir la secuencia de los hechos previos o simultáneos, relativos a la catástrofe pues almacenan esa información para que pueda ser utilizada posteriormente en la investigación de lo ocurrido», alega Pradas.

Al mismo tiempo remarca que la «información contenida en estas «cajas negras» es única e irrepetible». «Su ausencia o una denegación de acceso a la misma deja un vacío insalvable en la investigación, que quedaría amputada por omitirse voluntariamente por quien tiene el deber de esclarecer los hechos, datos tan fundamentales para el necesario esclarecimiento de un suceso cuya gravedad y consecuencias es innecesario subrayar», exponen los abogados de la exconsellera.