Las cifras que cuestionan el reparto de menores inmigrantes de Sánchez en Valencia: de centros desbordados a costear solo un 16 %

El curso político que recientemente ha terminado se ha caracterizado por una ingente cantidad de noticias relacionadas con la corrupción y que afectan a personajes políticos de la importancia de José Luis Ábalos, Santos Cerdán o el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y su aparente don de la bilocación entre lo político y su actuación en el Ministerio Público. Todos ellos y algunos más han compartido foco con David Sánchez y Begoña Gómez, hermano y mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, respectivamente.

Con ese menú mediático y procesal, podría intuirse que al jefe del Ejecutivo le pudiera interesar levantar el pie del acelerador en lo que a su gestión se refiere. Tender puentes entre administraciones y, de paso, evitar que el Gobierno se vea envuelto en otro episodio de acudir a los juzgados, aunque bien se trate de un proceso contencioso-administrativo.

El motivo en cuestión es el reparto de menores inmigrantes no acompañados redactado por el Palacio La Moncloa, pero en ningún momento negociado con las comunidades autónomas, en este sentido, la Generalitat Valenciana semanas atrás anunció un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC )por considerar que la norma «invade competencias» y este mismo martes anunció la misma acción, pero en esta ocasión con el Tribunal Supremo (TS) como destino.

Centros de acogida «al 160 %»

Según la vicepresidenta primera del Consell, Susana Camarero, la iniciativa planteada por el Gobierno en forma de real decreto, además de adentrarse en su opinión de forma ilegal en el marco competencial de los territorios, se va a llevar a cabo de forma «unilateral». En el caso de la Comunidad, la cifra de menores inmigrantes no acompañados que le ha correspondido según los cálculos de Sánchez y los ministros implicados es de 571.

Al respecto, caben destacar algunas cifras y que no hacen sino cuestionar sobremanera la política migratoria del PSOE en coalición con Sumar. Una de estas es la del nivel de saturación de los centros encargados de acoger al colectivo afectado. En palabras de Camarero, también consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, estos lugares en la región se encuentran al «160 %».

Si el dato ya es preocupante en sí mismo por lo excepcional, aún más es pensar qué estaría pasando si el Consell de Carlos Mazón no hubiese aumentado el número de plazas en un «63 %» respecto a la cuantía que heredó de la etapa del PSPV-PSOE, Compromís y Unidas Podemos en el poder. A día de hoy, el total es de 319. A colación de este asunto, resulta llamativo que Cataluña y el País Vasco hayan quedado al margen de recibir a menores inmigrantes sin la compañía de sus padres. La razón esgrimida es que ambas regiones ya están haciendo un «esfuerzo» en esta materia. A ojos de Sánchez, la Comunidad Valenciana no parece que esté realizando un sobreesfuerzo.

«218,85 euros diarios»

Otra cifra a poner sobre la mesa hace referencia a lo económico. En román paladino, cuánto dinero vaya a aportar el Gobierno para que el reparto en cuestión de los 571 niños se haga en tiempo y forma con total garantías y las actuaciones a desarrollar con ellos tengan éxito y puedan insertarse en la sociedad y optar en un futuro a un empleo. Así, Camarero rechaza la cuantía que el Ejecutivo va a poner.

En este sentido, detalla que el Ministerio ha dotado a la Comunidad con un fondo de 7,4 millones de euros, una cuantía que considera muy inferior a la necesaria, más aún cuando ese montante tan solo cubre los tres primeros meses de estancia de los menores. Con ello, atención a estos saldría a «35 euros al día» por cada uno de ellos. La realidad vuelve a dejar en evidencia a Sánchez, ya que el «índice de calidad actual» que se invierte por parte de la Generalitat es de «218,85 euros diarios».

Es términos porcentuales, significa que la Administración central solo costearía el 16 % de todo lo requerido, algo que denuncia la número dos de Mazón: «Rompe el principio de autonomía financiera, ya que no aporta los recursos necesarios para atender a los gastos que conllevan estos menores. El Gobierno de España nos manda a los niños, pero no va a colaborar financieramente en el coste del mantenimiento de los recursos necesarios para acoger con la dignidad que merecen estos menores, que se eleva a 45,5 millones de euros», lamenta.