El Gobierno de Mazón recurrirá en el Supremo el reparto «unilateral» de menores inmigrantes impuesto por Sánchez

El Gobierno valenciano que encabeza Carlos Mazón continúa con acciones legales de cara a suspender el reparto de menores inmigrantes desde Canarias a otras comunidades autónomas impuesto por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. A decir verdad, para algunas, ya que Cataluña y País Vasco quedan excluidas de esta polémica iniciativa. Así, si semanas atrás se anunció un recurso por parte del Consell ante el Tribunal Constitucional (TC), este mismo martes se ha anunciado otro en el Tribunal Supremo por parte de la Abogacía de la Generalitat.

La información la ha dado a conocer la vicepresidenta primera del Ejecutivo regional, Susana Camarero, tras el Pleno, por considerar que se trata de una iniciativa tomada por el Ejecutivo central de forma «unilateral» y que, además, «invade competencias».

En su exposición, la también consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda ha señalado que la acogida de 571 menores en la Comunidad está dotada de 7,4 millones de euros para los tres primeros meses de estancia. Esto implica 35 euros al día por menor, frente a los 219,85 euros que destina el sistema valenciano al día por usuario. «Rompe el principio de autonomía financiera, ya que no aporta los recursos necesarios para atender a los gastos que conllevan estos menores», ha dicho.

Avisos a Sánchez

«El Gobierno de España nos manda a los niños, pero no va a colaborar financieramente en el coste del mantenimiento de los recursos necesarios para acoger con la dignidad que merecen estos menores, que se eleva a 45,5 millones de euros», ha reprochado la número dos de Mazón

Igualmente, ha indicado que el decreto «no está justificado ni negociado» el criterio que ha establecido el Gobierno para «decidir cuántos menores van a cada una de las comunidades autónomas». Además, ha criticado que a País Vasco y Cataluña «le tocan cero menores frente a, por ejemplo, los 571 que le toca a la Comunidad Valenciana». En su opinión, «no hay ni planificación de cuántos ni cuándo llegarían estos menores».

En este sentido, Camarero ha indicado que los centros de menores de la Comunidad Valenciana se encuentran en «el 160 %» de ocupación aunque se han incrementado en 122 las plazas disponibles respecto al anterior gobierno autonómico, hasta llegar a 319 con una subida del 63 %.

A preguntas de los medios de comunicación, la portavoz del Consell ha afirmado que el recurso es compatible con el interpuesto ante el TC: «No solamente las comunidades del PP, sino también las comunidades del Partido Socialista, que están absolutamente en contra de esa decisión unilateral por parte del Gobierno de España», ha indicado la portavoz, al tiempo que ha lanzado varios avisos al Gobierno:

«Cada acto administrativo que complemente o que vaya desarrollando el primer real decreto lo vamos a ir enmendando, porque si el real decreto consideramos que está viciado, todos los actos administrativos posteriores están viciados. Cada paso que dé el Gobierno, lo vamos a recurrir. En este caso tiene que ser contencioso-administrativo, por el tipo de desarrollo que es», ha aclarado.

La segunda advertencia ha sido: «No vamos a tolerar que el Gobierno de España, debido a su incapacidad de gestionar la política migratoria, quiera ahora trasladar 4.000 menores no acompañados a la península, con una distribución absolutamente discriminatoria», ha agregado.

Finalmente, ha recordado que el Ejecutivo central está obligado por un auto del Tribunal Supremo a acoger a 1.200 menores no acompañados con asilo. «Son incapaces de hacerlo. Ni tienen política migratoria ni son capaces de acoger los que tienen la obligación de acoger, pero siguen insistiendo en que las comunidades autónomas hagamos su trabajo. Y ahí, la Comunidad Valenciana va a oponerse a este traslado, no por falta de solidaridad, sino por responsabilidad y porque no podemos permitir que se rompa un sistema de acogimiento que tiene los estándares de calidad altísimos», ha zanjado.