El hermano del presidente de la Generalitat, Francis Puig

Imagen de archivo de Francis Puig acudiendo a declarar como investigadoEuropa Press

Antifraude confirma la «irregular contratación» del hermano de Ximo Puig para cobrar subvenciones ilegales en el Ayuntamiento de Morella

El organismo fiscalizador da la puntilla a la estrategia procesal de un Francis Puig que se enfrenta a una pena de prisión de hasta diez años por otro caso de supuesta corrupción

Se le acumulan las malas noticias a Francis Puig, el hermano del que entre 2015 y 2023 fuera presidente de la Generalitat Valenciana Ximo Puig. Con varias peticiones de cárcel por su supuesto cobro, junto a su socio, de subvenciones ilegales por parte de la Administración que entonces comandaba su pariente, ahora es la Agencia Valenciana Antifraude (AVA) la que le da un nuevo revés a su situación procesal, si bien se refiere a otro posible caso.

Y es que este organismo ha confirmado los peores augurios para el familiar del socialista, que se sentará en el banquillo de los acusados si nada lo remedia por otro caso de supuesta corrupción. En este caso se trata de los supuestos pagos irregulares del Ayuntamiento de Morella a la empresa del hermano de Puig durante años no se habrían ajustado a la ley presuntamente.

Así lo ha hecho saber mediante una respuesta al Grupo Popular en las Cortes Valencianas en relación al supuesto pago de facturas sin contrato a las empresas del hermano de Puig desde 2015 en el Ayuntamiento de Morella.

En concreto, AVA subraya que Francis Puig habría trasladado 629 pagos por valor de 408.000 euros sin seguir ningún proceso de licitación ni de contratación. Es decir, se le habría pagado «cientos de facturas sin ningún tipo de soporte legal», según señalan fuentes de este periódico. El montante total abonado de manera «irregular» ha podido elevar el coste para las arcas municipales en más de un millón de euros desde 1996, «año en que comienza la contratación habitual a esta empresa por parte de este Ayuntamiento con el mismo procedimiento».

Su empresa ya fue condenada

Ahora, dos años después, la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana ha confirmado esas «irregularidades» en la contratación de los gastos de publicidad y patrocinio en el Ayuntamiento de Morella.

La notificación de Antifraude con la Resolución final de la investigación concluye que se «constata la irregular contratación de la publicidad institucional por parte del Ayuntamiento de Morella durante el periodo investigado». Así, formula una serie de «recomendaciones» al Consistorio de Morella, entre ellas, «la instrucción del oportuno procedimiento de revisión de oficio de las facturas abonadas sin contrato relativas a publicidad institucional (…) sin perjuicio de la exigencia de las responsabilidades que, vinculadas a esta práctica irregular de contratación pública, pudieran derivarse», tal como se señala a este medio.

Cabe recordar que la empresa gestionada por el hermano de Ximo Puig «ya ha sido condenada en firme» por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) por formar parte de un entramado de empresas con la finalidad de «amañar concursos públicos y falseamiento de la competencia». En cuanto a la causa pendiente, la Fiscalía le pide cuatro años de prisión por delito continuado de falsedad en documento mercantil y estafa por el presunto cobro irregular de ayudas públicas, que podrían ser diez si el Tribunal acepta la petición de una acusación.

«La desviación de dinero público con finalidad espuria hacia las empresas de su hermano ha sido una práctica habitual en la gestión de Puig en las diferentes responsabilidades públicas que ha ocupado durante años, tanto como alcalde en el Ayuntamiento de Morella como luego como presidente de la Generalitat», aseveran fuentes consultadas por El Debate en relación al escrito de AVA.

En este sentido, el portavoz adjunto del PP en las Cortes Valencianas, Salvador Aguilella, asegura que el «siguiente paso» una vez conocidas las conclusiones de Antifraude será el de «estudiar emprender las posibles acciones legales que correspondan y se deriven de las irregularidades detectadas».

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