Una familia de Alicante no puede pagar la rehabilitación de su hija enferma por los impagos de sus inquiokupas

Marta Pérez tenía solo 18 años cuando su vida cambió de forma irreversible. La joven empezó a acudir al gimnasio de su pueblo, en Ibi (Alicante), como cualquier chica de su edad. Una tarde, tras una clase, el propietario le ofreció un batido de proteínas. Marta preguntó qué llevaba, se aseguró de que no contuviera nada a lo que fuera alérgica y se lo tomó. Minutos después, empezó a encontrarse mal y fue al centro de salud. Allí le restaron importancia al episodio, le administraron cortisona y la enviaron a casa.

Veinte minutos más tarde, volvió al ambulatorio. Entró por su propio pie, pero apenas tuvo tiempo de explicarse: sufrió una parada cardíaca. Marta estuvo diez minutos sin pulso. Desde entonces, nada volvió a ser igual.

Sus padres, María y Juan, relatan un largo recorrido hospitalario lleno de errores, negligencias y dolor. En el Hospital Virgen de los Lirios, en Alcoy, les dijeron que su hija no sobreviviría. Que «se estaba apagando». Pero ellos no se resignaron. Exigieron que redujeran la sedación, y Marta empezó a reaccionar. Más tarde, pidieron que le cambiaran el modo de respiración asistida; de nuevo, mejoró. Sin embargo, denuncian la falta de atención, la alimentación insuficiente y las crisis de dolor que convirtieron su estancia en un infierno.

«Nos decían que no sufría, que eran respuestas vegetativas, pero Marta hacía gestos de dolor, sudaba, se retorcía. No querían escucharnos», cuenta su madre en la web que han creado para pedir ayuda.

Durante semanas, la familia documentó lo que vivían: largas horas sin atención médica, alimentación suspendida durante días, medicaciones sin explicación, gritos y humillaciones. Marta llegó a estar al borde de la muerte en varias ocasiones. Pese a todo, resistió. Tras meses de lucha, lograron su traslado al Hospital del Consuelo, donde comenzó a mejorar con terapias intensivas.

Hoy, Marta continúa en rehabilitación, consciente, más estable, pero dependiente de tratamientos muy caros. Cada sesión de fisioterapia o estimulación neurológica supone un esfuerzo económico que sus padres apenas pueden asumir.

Un segundo golpe: la okupación

Para poder pagar la rehabilitación de su hija, María y Juan decidieron alquilar su vivienda familiar en Solsona (Lérida). Era su casa de toda la vida, y confiaron en que los inquilinos -vecinos del mismo pueblo- cumplirían con el contrato. Al principio lo hicieron. Pero pronto dejaron de pagar. Desde hace más de quince meses viven allí sin abonar el alquiler ni los gastos, mientras los propietarios siguen haciéndose cargo del IBI, los seguros y los recibos de la comunidad.

«Yo me pregunto, cómo podéis vivir tranquilos en mi casa sin pagarme mientras os estoy pagando cosas que deberíais estar pagando vosotros, quitándomelo de tratamientos para mi hija. Esas vacaciones, esos retoques, esos coches nuevos... ¿Vosotros vivís tranquilos? Que sepáis que le estáis quitando el tratamiento a mi hija en el que yo debería estar invirtiendo», denuncia María en un vídeo difundido en redes sociales.

Los llamados inquiokupas alegan falsamente que han consignado las rentas en el juzgado, pero el procurador lo ha desmentido: no existe registro de ningún ingreso. Mientras tanto, el proceso judicial sigue atascado. Los padres no pueden recuperar su vivienda ni percibir el dinero que necesitan para continuar la rehabilitación de Marta. Su familia se siente impotente. Han seguido todos los trámites legales y solo han recibido demoras.

La justicia que no llega

El procedimiento de desahucio lleva más de un año sin avanzar. Los inquilinos siguen viviendo en la vivienda sin pagar un euro, y la familia continúa pagando los impuestos. En paralelo, los padres de Marta denuncian haber sido víctimas de un delito adicional: la publicación en redes sociales de correspondencia bancaria abierta por los okupas, un hecho que también han puesto en conocimiento del juzgado.

Marta sigue luchando

Pese a todo, Marta sigue avanzando. Ha logrado pequeños progresos que sus padres celebran como victorias diarias: abrir los ojos, mover un brazo, mantener la respiración por sí misma. Cada mejora depende de terapias especializadas que requieren recursos que hoy no tienen.

Lo que empezó como una tragedia médica se ha convertido en un ejemplo de la indefensión de quienes se enfrentan al creciente problema de la okupación. María y Juan no piden privilegios, solo justicia. Quieren volver a disponer de su casa y, sobre todo, darle a su hija las oportunidades que las instituciones le han negado.