La comisión de la dana
Otra cuestión que se puso encima de la mesa por el presidente de una asociación y que le valió los ataques de la izquierda, fue poner de manifiesto que si hubo responsabilidad de la Generalitat Valenciana también la hubo por parte del Gobierno de España, que no envió la ayuda necesaria para auxiliar a los ciudadanos
La comisión sobre la riada del pasado 29 de octubre de 2024 se constituyó con un objetivo concreto que está determinado en su acuerdo de constitución, aparte de recordar a las víctimas y afectados, que es sacar conclusiones de las medidas que hay que adoptar para que no vuelva a ocurrir un hecho similar con tan terribles consecuencias. No puede olvidarse que los letrados del Congreso paralizaron hasta en tres ocasiones la pretensión de la presidenta del Congreso, la sanchista Armengol, que pretendía aprobar una comisión poniendo la lupa únicamente en la gestión de la Generalitat Valenciana.
Esta semana ha iniciado su andadura, tras siete meses de desencuentros entre la izquierda por la citación de Sánchez, citando a diez víctimas y a tres afectados pertenecientes a tres asociaciones seleccionadas por el PSOE-Sumar-Compromís, quedando fuera a miembros de las restantes catorce asociaciones existentes, además del resto de víctimas, afectados y perjudicados que no se han querido asociar, que ya han manifestado su indignación. Incluso ningún vecino de Paiporta, zona cero de esta catástrofe, fue citado para oír su testimonio.
Muchas víctimas, afectados y perjudicados reivindican las obras pendientes, la llegada de las ayudas, quieren saber por qué fallaron los organismos de emergencias, los fallos en las predicciones, sobre si las indemnizaciones están llegando a los afectados y que es lo que falta por abonar y quién debe abonarlas, y sobre todo cómo hay que trabajar unidas todas las Administraciones para evitar que vuelva a ocurrir. Por eso querían comparecer y decir su versión, pero la izquierda no lo ha consentido
En esta comisión se tiene que trabajar para que obtener conclusiones que produzcan una sincera colaboración entre el Gobierno de España y la Generalitat Valenciana, pero la izquierda la ha querido convertir en una «picadora de carne», especialmente del presidente Carlos Mazón y de los miembros del Consell. Incluso el portavoz socialista llego a afirmar que Mazón llegó tarde al CECOPI de forma intencionada para no ayudar a los valencianos. Barbaridades de este tipo se han escuchado durante las sesiones de los pasados 4, 5 y 6 de noviembre.
Nada se quiso escuchar por parte de la izquierda sobre lo necesario que es la solidaridad, tampoco de por qué cuando se produjo la catástrofe del volcán de La Palma se constituyó una comisión mixta entre el Gobierno de España y el de Canarias, con Gobierno socialista en ese momento, y doce meses después no se ha constituido comisión alguna para coordinarse en la reconstrucción en Valencia.
Pero lo más sorprendente es que el portavoz de Sumar se ofendió cuando le planteamos a la presidenta de una asociación que nos ayudara a convencer al Gobierno de España para que aprobara las ayudas a los 28 municipios de la provincia de Valencia y de Castellón, que engloban 80.000 ciudadanos, que han sido excluidos del decreto de ayudas del Gobierno Central. Ciudadanos que son afectados y perjudicados y que están sufriendo una doble victimización por el desprecio en su dolor de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que por vergüenza no ha querido, durante este un año, pisar dichas localidades.
Hay muchos municipios abandonados como por ejemplo Carcaixent, una localidad de más de 21.000 habitantes en la que nació el Secretario de Estado de Política Territorial, exconseller de Ximo Puig, Arcadi España, el cual se dedica a pasear por otros municipios de la dana olvidándose de las necesidades de sus vecinos.
Otra cuestión que se puso encima de la mesa por el presidente de una asociación y que le valió los ataques de la izquierda, fue poner de manifiesto que si hubo responsabilidad de la Generalitat Valenciana también la hubo por parte del Gobierno de España, que no envió la ayuda necesaria para auxiliar a los ciudadanos, y por ello su asociación ha acordado interponer un procedimiento judicial contra el Gobierno de España, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y contra la Generalitat Valenciana como causantes de los daños materiales y morales, reclamando 58 millones de euros y que engloba a 418 afectado. Es decir que consideran que ambas administraciones tuvieron responsabilidad, lo cual rompe el esquema predeterminado y de relato único del PSOE-Compromís.
Esta comisión tiene que tener como finalidad la búsqueda de la verdad, toda la verdad, y la justicia para las víctimas, afectados y perjudicados, residan donde residan y sobre todo tener en cuenta la finalidad qué se persigue y qué está plasmado en el objeto de esta comisión de investigación que es, literalmente, «sobre la gestión de la crisis derivada de la dana, así como el estudio y propuesta de medidas de mejora destinadas a paliar los efectos de estos fenómenos adversos en el futuro».
