El PP acusa al alcalde de Guardamar de «preferir ser portavoz de Pedro Sánchez antes que defensor de los agricultores»

El agua vuelve a situarse en el centro del conflicto político en Alicante, una provincia donde cada decisión hidráulica tiene consecuencias directas sobre el empleo, la producción agrícola y el equilibrio territorial. En un contexto marcado por los recortes al trasvase Tajo-Segura y por el creciente malestar del sector agrario, la intervención del alcalde de Guardamar, el socialista José Luis Sáez, en la Mesa del Agua celebrada el pasado martes en la Diputación de Alicante ha provocado una reacción inmediata del Partido Popular local.

El PP de Guardamar ha cargado duramente contra la postura del alcalde, al considerar que «no estuvo a la altura de lo que esperan los agricultores de Guardamar y de toda la Vega Baja». Según los 'populares', Sáez desaprovechó un foro clave para defender los intereses de los regantes y optó por justificar las inversiones del Gobierno de España en infraestructuras hídricas en Marruecos, en un momento especialmente delicado para el campo del Sureste español.

Para el PP, esta actitud resulta incomprensible cuando los agricultores de la comarca siguen sufriendo los efectos de las decisiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con recortes progresivos al trasvase que condicionan el futuro de miles de explotaciones. Recuerdan, además, que la Vega Baja es una de las zonas más productivas y eficientes en el uso del agua de toda Europa, y advierten del riesgo de debilitar un sector estratégico.

Inversiones fuera, recortes en casa

Desde el Partido Popular consideran «injustificable» que se prioricen inversiones en terceros países que son competidores directos del sector agrícola valenciano, mientras se pone en riesgo el futuro del campo alicantino. En este sentido, subrayan que «el agua es una cuestión estratégica para la provincia de Alicante y para la Comunidad Valenciana» y lamentan que el alcalde no realizara «una defensa clara y sin matices del trasvase Tajo-Segura y de los intereses de nuestros regantes».

Las críticas locales se producen en un contexto de creciente tensión por la política hídrica del Gobierno central. El reciente compromiso de España de impulsar y buscar financiación para infraestructuras hidráulicas en Marruecos, dentro del acuerdo bilateral firmado tras la XIII Reunión de Alto Nivel entre ambos países, ha sido recibido en el Sureste como un agravio comparativo. Mientras se consolidan los recortes al trasvase, el Ejecutivo apuesta por la desalinización, la reutilización y posibles transferencias entre cuencas fuera de las fronteras españolas.

Malestar agrario y doble discurso

El descontento se ha trasladado con rapidez al sector agrario. Las organizaciones de regantes denuncian un doble discurso por parte del Gobierno y alertan de que se está favoreciendo el desarrollo productivo de un competidor directo en los mercados europeos. A los recortes de agua se suman el encarecimiento de la energía, la dependencia de la desalación y una presión normativa que, según el sector, compromete la viabilidad de muchas explotaciones.

Este clima de malestar ha encontrado eco también en el ámbito político autonómico, con duras críticas desde la Generalitat Valenciana a lo que consideran una política incoherente y perjudicial para los intereses del campo valenciano.

«Defender la Vega Baja, no al Gobierno»

En este escenario, el PP de Guardamar ha reiterado su compromiso con una política hídrica «solidaria, equilibrada y basada en criterios técnicos», y ha pedido al alcalde que «se sume a la defensa común de la Vega Baja en lugar de justificar decisiones que perjudican a nuestra tierra».

Los 'populares' concluyen con una advertencia sobre el papel que esperan de su Gobierno municipal: «Guardamar necesita representantes que defiendan con firmeza a sus agricultores y al conjunto de la comarca, especialmente en un momento clave para el futuro del agua». Y añaden una crítica especialmente dura: «Lo que no puede ni debe aceptar es tener representantes que prefieran ser portavoces del PSOE y del Gobierno de Pedro Sánchez antes que defensores de los ciudadanos de Guardamar, del campo y de los intereses de la Vega Baja».