La izquierda destructiva
Los socialistas y Compromís ha enseñado las cartas con las que pretenden asaltar las instituciones de la Comunidad Valenciana
Margaret Thatcher afirmó que la filosofía del socialismo suele provocar «una erosión de las libertades a través de su afán estatalista y la utopía social».
En los últimos meses, ha quedado acreditado que la izquierda valenciana ha adoptado una estrategia de confrontación sistemática frente al Gobierno autonómico del Partido Popular. Sin duda lejos de ejercer una oposición constructiva, los partidos de izquierda estarían optando por un bloqueo institucional que afecta directamente al funcionamiento ordinario de la Comunidad Valenciana.
Nada más tomar posesión como presidente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca realizó una oferta de pactos a la izquierda para impulsar nuestra Comunidad, pero la respuesta de la izquierda fue una postura obstruccionista directamente dirigida a destruir cualquier intento de lograr la normalidad democrática necesaria para que nuestra tierra pueda trabajar en las soluciones que los ciudadanos exigen ante una situación económica incierta.
Uno de los puntos más señalados fue la negativa a renovar organismos y estatutos cuya actualización es imprescindible para garantizar su operatividad. Esta actitud no responde a discrepancias técnicas, sino a una voluntad deliberada de impedir que la normalidad democrática vuelva a la acción política en las Cortes Valencianas.
La izquierda está utilizando la arquitectura institucional como un campo de batalla partidista, aún a costa de paralizar órganos esenciales para la gestión pública. Así pues, el bloqueo en la renovación de organismos como el Consell Jurídic Consultiu, el Consell Valencià de Cultura, la Academia Valenciana de la LLengua, el Consell Econòmic i Social y la Sindicatura de Comptes, afecta a la normalidad institucional y a la actividad de nuestra autonomía, y evidentemente este es el objetivo de la izquierda valenciana, lograr con el bloqueo una sensación de «anormalidad democrática» y así intentar deslegitimar la acción del Consell.
La situación se agrava, en el ámbito de las ayudas a los afectados por la dana, donde la izquierda socialista y radical de Compromís se niegan a colaborar en iniciativas que requieren consenso y agilidad administrativa. Desde el Gobierno autonómico se insiste en que la ciudadanía afectada por la catástrofe necesita soluciones inmediatas, no maniobras dilatorias. En este contexto, la falta de cooperación se interpreta como un intento de erosionar la imagen del Ejecutivo, incluso cuando ello implica ralentizar la llegada de recursos a quienes más los necesitan.
No podemos olvidar como la comisionada para la reconstrucción por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, Zulima Pérez, se negó a acudir a una reunión con alcaldes afectados por la riada porque prefirió ir a Madrid a hacerse «selfies» con el nuevo ministro Arcadi España, provocando la indignación entre los afectados.
Otro elemento que ha generado preocupación es el uso de la vía judicial como herramienta de desgaste político. En estos días estamos presenciando como la izquierda ha iniciado la campaña electoral con una batería de denuncias ante la Fiscalía con el objetivo de desacreditar a cargos públicos del actual Gobierno de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia, aun cuando los casos no presenten base sólida. Para la izquierda se trata de una estrategia que busca instalar la sospecha permanente y condicionar la acción política mediante la presión mediática. Comenzando lo que líderes de Compromís han denominado la «batalla de Valencia».
La izquierda ha enseñado las cartas con las que pretende asaltar las instituciones de la Comunidad Valenciana. Así pues, está empleando una acción en forma de tridente: obstrucción en las Cortes Valencianas, impedir que la reconstrucción en las zonas afectadas por la riada de 2024 sea un éxito y utilizar a la Justicia para extender una sombra en la acción política del Partido Popular.
En conjunto, estas dinámicas son un intento de la izquierda de mantener un clima de confrontación constante, dificultando la gobernabilidad y tratando de impedir que el Ejecutivo autonómico pueda desarrollar su agenda. Frente a ello, desde el Consell se reivindica la necesidad de recuperar la responsabilidad institucional, el respeto a los tiempos democráticos y la colaboración en asuntos que afectan directamente al bienestar de los valencianos.
El debate, por tanto, no se sitúa únicamente en el terreno ideológico, sino en la capacidad de las instituciones para funcionar con normalidad. En un momento en que la Comunidad Valenciana afronta retos económicos, sociales y climáticos de gran envergadura, la ciudadanía observa con preocupación cómo la izquierda valenciana tanto socialista como radical de Compromís amenaza con desplazar las prioridades reales del territorio.
Por eso es conveniente recordar la frase de Margaret Thatcher de que el socialismo siempre suele provocar «una erosión de las libertades a través de su afán estatalista y la utopía social». Y los valencianos lo conocemos muy bien.
