Sánchez improvisa y los ayuntamientos pagan la factura
El inicio de la reciente regularización extraordinaria ha sido el último ejemplo de una política que prima los anuncios, queriendo obtener un rédito político, sin medir sus consecuencias reales sobre el territorio
La gestión del Gobierno de España en materia de inmigración ha vuelto a demostrar un patrón que se repite: decisiones unilaterales, ausencia de planificación y un impacto directo sobre unos ayuntamientos que ya operan al límite. El inicio de la reciente regularización extraordinaria ha sido el último ejemplo de una política que prima los anuncios, queriendo obtener un rédito político, sin medir sus consecuencias reales sobre el territorio.
Esta realidad se ha puesto en manifiesto viendo el caos en el que se ha convertido la regularización de extranjeros, especialmente en nuestra Comunidad Valenciana. Así pues, en ciudades como Valencia, Alicante o Castellón los medios de comunicación han denunciado escenas de colapso administrativo, colas interminables, servicios sociales saturados, empadronamientos bloqueados y personal municipal desbordado, cualquier ciudadano que se acerque a los puntos de atención a extranjeros de nuestras grandes ciudades ha podido observar cómo miles de extranjeros se concentran en las puertas de los consistorios. La crítica que más se repite es la misma: el Gobierno aprueba medidas de enorme calado sin coordinarse con quienes deben ejecutarlas.
Desde la Federación Valenciana de Municipios y Provincias se ha advertido de que los servicios sociales comunitarios están «al límite» y que la regularización masiva ha añadido una presión «inasumible» sin financiación adicional. A lo largo de nuestro territorio responsables municipales han denunciado que el Ejecutivo central no ha proporcionado ni instrucciones claras ni recursos, generando un «caos perfectamente evitable». La exigencia es clara por parte de los ayuntamientos y del Consell es necesario que el proceso de regularización sea individualizado, transparente y acompañado de memoria económica, algo que el decreto actual no cumple.
Los ayuntamientos, que son la primera puerta de entrada para cualquier persona que busca empadronarse, solicitar ayudas o regularizar su situación, se han convertido en el muro de contención de una política estatal que no prevé su impacto real. Mientras el Gobierno defiende que la medida busca integrar a quienes ya residían en España, los consistorios alertan de que la carga administrativa recae de forma inmediata sobre ellos, sin medios ni personal suficiente.
En un momento en el que los ayuntamientos reclaman estabilidad, financiación y coordinación, la política migratoria del Gobierno ha sido percibida por muchos responsables locales como un ejercicio de irresponsabilidad política, que deja a los municipios solos ante una tarea que no pueden asumir sin apoyo. El resultado, según alcaldes y portavoces municipales, es un escenario que combina improvisación, falta de diálogo y ausencia de recursos, con consecuencias directas para la ciudadanía: retrasos en trámites esenciales, saturación de servicios sociales y una creciente sensación de descontrol administrativo.
Las consecuencias de este decreto aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez sin haber pasado por las Cortes Generales, a sabiendas que no hubiera sido aprobado, lo estamos pagando todos, por una parte los extranjeros porque son protagonistas del caos y de fraudes detectados, como son el cobro de hasta 600 euros por reventa de citas previas o venta de empadronamientos falsos ofertados por las mafias que han surgido, pero por otra todos aquellos que necesitan tramitar cualquier expediente en los distintos servicios del ayuntamiento, que ven como se ven imposibilitados a acceder a los mismos incluso físicamente.
Pero lo más indignante es que mientras tanto extranjeros como nacionales nos vemos inmersos en el caos administrativo creado por el gobierno de Pedro Sánchez, hay un colectivo que se ha convertido en «VIP», y son los extranjeros internados en los centros penitenciarios por la comisión de delitos , ya que el reprobado ministro Marlaska ha dictado una instrucción dirigido a los directores de dichos centros para que los funcionarios de prisiones ayuden a los presos a extranjeros a obtener la documentación necesaria para su regularización.
Así pues, Sánchez aprueba, por mera ambición política, una regularización masiva que abarca a más de 1.300.000 personas, sin dotar de medios a los ayuntamientos, creando un caos que perjudica a los que «pretende» beneficiar, perjudica a los españoles que necesitan tramitar cualquier expediente, pero que, «casualmente» los únicos beneficiados al convertirse en solicitantes «VIP», son los ingresados en los centros penitenciarios que van a tener una regularización personalizada. ¡Menudo Gobierno tenemos!
