PP y Vox coinciden en señalar la «responsabilidad del Gobierno» en la dana de Valencia

El PP y Vox apuntan al Gobierno de España por su responsabilidad en la catástrofe de la dana del 29 de octubre de 2024 a raíz de su actuación antes, durante y después de la emergencia que dejó 230 víctimas mortales y aluden a cuestiones como la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas y la «deficiente» gestión de la información. Por el contrario, el PSPV-PSOE y Compromís acusan a estas dos formaciones de pasar «el rodillo parlamentario» para «mantener un relato de infamia» con el fin de «no asumir la responsabilidad» del Consell e impedir que «se sepa la verdad».

Así lo recogen las formaciones en sus respectivas propuestas de dictamen para la comisión de investigación sobre la dana de las Cortes Valencianas, que finalizará sus trabajos este mes de mayo. Los grupos tenían de plazo hasta este viernes a las 14.00 horas para registrarlas.

El lunes 18 se reunirá la ponencia de dictamen y al día siguiente comenzará el plazo de cinco días hábiles para presentar enmiendas a la propuesta de dictamen. Este terminará el lunes 25 a las 14.00 horas y dos días después, el miércoles 27, se debatirá y votará en comisión. Una vez aprobado en comisión tendrá que pasar por pleno.

De un lado, el PP ha presentado un documento de 104 páginas en el que subraya que la conclusión «más evidente» de la comisión y la «lección que nos ha dejado la dana» es que «no basta con reaccionar cuando llega la emergencia»: «La verdadera protección comienza mucho antes, con la prevención, la sensibilización y formación de la población con protocolos de actuación eficaces».

Señala así el «papel fundamental» de las obras hidráulicas y apuesta por la construcción de colectores, presas, canales de drenaje y sistemas de retención y por adaptarlas a un escenario «más exigente». Pero avisa que ninguna medida «será suficiente si no existe una responsabilidad compartida entre todas las administraciones».

Al margen de ello, el PP afirma que de los testimonios de los comparecientes «se puede concluir que el Gobierno de España y sus organismos no estuvieron a la altura de las circunstancias: bien por omisión, falta de comunicación o retrasos administrativos que paralizaron proyectos necesarios durante años».

«Ha quedado evidenciado que ha actuado con falta de transparencia y sin asumir responsabilidades, negándose a comparecer. Con una marcada ausencia de colaboración antes de la tragedia, con la falta de infraestructuras y sistemas de aviso. Durante la tragedia, con su tardía y precaria respuesta. Y, posteriormente, con su insuficiente colaboración en la reconstrucción de nuestra tierra», reza.

Emergencia nacional

Mientras, Vox propone un dictamen de 94 páginas en el que asegura que resulta «difícil sostener que la situación encajara dentro de una mera emergencia autonómica ordinaria»: «La magnitud de los daños, el alcance territorial, la movilización de medios estatales extraordinarios y la necesidad de coordinación entre múltiples organismos evidenciaban una situación excepcional que reunía objetivamente las características previstas en la legislación para la declaración de emergencia nacional».

Argumenta que el «debate jurídico principal no puede centrarse en si la Generalitat tenía o no capacidad para declararla, porque dicha competencia corresponde al Estado, sino en si concurrían circunstancias suficientes para que la hubiera activado antes».

Sobre la gestión de la emergencia, afirma que los efectos «especialmente lesivos del episodio no resultan atribuibles únicamente al carácter extraordinario e intenso del fenómeno, sino también a la concurrencia y acumulación prolongada de deficiencias».

Además, sostiene «con claridad» la existencia de «dos grandes ejes explicativos que vertebran de manera transversal todas las comparecencias: la falta de ejecución de infraestructuras hidráulicas previamente planificadas y la insuficiencia y deficiente gestión de la información durante la emergencia».

Sobre la primera, matiza que «no puede circunscribirse a una sola administración, sino que se proyecta sobre el conjunto de administraciones y, de manera muy significativa, sobre los sucesivos gobiernos de la nación, caracterizados por una dinámica de inacción prolongada atribuible al bipartidismo».

Y sobre la segunda, apunta a «deficiencias en la transmisión de datos hidrológicos, limitaciones en los sistemas de predicción y problemas en la integración de la información en tiempo real», una situación que «ha sido descrita como un auténtico apagón informativo».

También alude a «deficiencias relevantes» en la coordinación interadministrativa y en la gestión operativa, como «problemas en la cadena de mando, retrasos en la toma de decisiones y dificultades en la activación y despliegue de recursos».

«Carencias de la Generalitat»

Respecto a la gestión de la Generalitat, reconoce «importantes carencias de coordinación y liderazgo político en los momentos más críticos»: «Más allá de las limitaciones derivadas de la información recibida por otros organismos, faltó una dirección más firme y proactiva, especialmente a la hora de exigir, contrastar y reclamar de forma constante información actualizada sobre la evolución hidrológica de los barrancos y caudales que estaba en posesión de la CHJ».

Vox también señala que uno de los «principales obstáculos» a los que se ha enfrentado la comisión de investigación ha sido la «falta de colaboración» por parte del Gobierno: «Esta ausencia de cooperación no se ha limitado únicamente a la negativa reiterada de sus máximos responsables a comparecer, sino también a facilitar documentación».

PSOE: «Relato de infamia»

El PSPV, por su parte, ha presentado una propuesta de dictamen en la que advierte de que cualquiera que emane de esta comisión «nace viciado» y carga contra «las maniobras de PP y Vox para que la mayor negligencia sufrida por los valencianos quede impune». Apunta a la vulneración del derecho al ejercicio de la función parlamentaria del artículo 23 de la Constitución, del artículo 22 del Estatut d'Autonomia y del artículo 52 del reglamento de Les Corts.

«No merecíamos sufrir de nuevo una deshonra como la de la comisión del accidente del metro de 2006, pero la actual mayoría parlamentaria ha sido capaz de reproducir, incluso superar, las peores prácticas del pasado», censuran los socialistas.

Frente a ello, aluden a «la obligación moral y política de seguir trabajando por la verdad y la justicia» y advierten de que el «desprecio con el que se ha tratado a las víctimas, priorizando la mentira, es intolerable en el marco de una sociedad democrática, a la vez que revela una falta de humanidad repugnante».

En cuanto al 29O, acusan al PP y Vox de mantener «un relato de infamia, esta sí, claramente fáctica», y censuran que el entonces presidente Carlos Mazón «permaneció ajeno a la catástrofe, aislándose en El Ventorro durante las horas más dramáticas», junto a un Consell «que se desentendió de la emergencia y no supo actuar».

Compromís: «Absoluta farsa»

Compromís argumenta que aprobar cualquier dictamen sería «un ejercicio de falsedad y demagogia política» y rechaza participar. Califica de «absoluta farsa» la comisión, que «nunca ha estado dirigida a depurar responsabilidades políticas, sino a darle altavoz al relato que exculpaba absolutamente el Consell y responsabilizaba otras administraciones de todo lo ocurrido».

Tanto PSPV como Compromís denuncian que el plan de trabajo aprobado «no se ha ejecutado íntegramente y no se ha justificado debidamente la modificación por la que se cierra la comisión» y critican que ni la exconsellera Salomé Pradas ni el ex secretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, incluidos en el mismo, hayan comparecido.