Imagen del sendero en el Parque natural de la Serra Gelada, Alicante
Así hará frente Benidorm a la deuda histórica de 350 millones de euros por los terrenos de Serra Gelada
El Ayuntamiento abonará 60 millones antes de que acabe 2026 y cederá suelo municipal para saldar los intereses en un pacto blindado contra impagos que comprometerá el 8 % del presupuesto anual
Lo que comenzó hace más de dos décadas como una controvertida gestión urbanística en el Parque Natural de Serra Gelada se ha consagrado ya como el mayor desafío financiero en la historia de Benidorm. El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicado este martes, con carácter plenamente vinculante, el acuerdo que obliga al Consistorio de la ciudad alicantina a indemnizar con 350,4 millones de euros a los propietarios del sector APR-7. Un pacto que evita la quiebra técnica del municipio, pero que dibuja un estricto y prolongado horizonte de sacrificios económicos avalado por la justicia.
El texto publicado oficializa el cumplimiento de la Sentencia 343/2024 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), reconociendo de manera expresa lo que el propio documento define como una deuda «líquida, vencida y exigible». La astronómica cifra se desglosa en 283 millones de euros en concepto de principal por la pérdida de los aprovechamientos urbanísticos, a los que se suman más de 67,3 millones en intereses devengados desde el año 2018 hasta marzo de 2026.
El documento detalla con precisión quirúrgica el reparto de esta compensación entre las empresas y particulares afectados. Los mayores importes recaen sobre la familia Murcia Puchades y sus sociedades afines: tanto Murcia Puchades Expansión, SL como Antonio Manuel Puchades Orts percibirán, cada uno, 66,21 millones de principal y 15,76 de intereses. Le siguen en la lista mercantil Rucalaf, SL (61,78 millones más 14,70 en intereses) y FPO, SA (51,51 millones y 12,26 de recargo). El resto del pastel indemnizatorio se lo reparten Atricap Investment y Urbana Villajoyosa 2000, con más de 23 y 22 millones en total, respectivamente.
Para hacer frente a este compromiso sin colapsar la Administración local, el Ayuntamiento y los acreedores han diseñado una compleja arquitectura financiera que arranca con un fuerte desembolso a corto plazo: Benidorm deberá abonar 60 millones de euros antes del 31 de diciembre de este mismo año. Una inyección que será posible, en gran medida, gracias a un crédito de 55 millones suscrito a través del Fondo de Impulso Económico estatal.
Un plan de pagos atado al presupuesto
Superado el abono inicial, el Consistorio gozará de un periodo de carencia para el pago del principal que se extenderá hasta 2030, aunque durante ese lapso sí deberá asumir los intereses anuales que se generen. No obstante, a partir de 2027 entra en vigor una cláusula que hipoteca la planificación económica de la ciudad: el DOGV establece que Benidorm deberá destinar una cantidad que «no podrá ser inferior al 8 % de los recursos corrientes ordinarios» de cada ejercicio presupuestario para ir secando progresivamente la deuda.
Ayuntamiento de Benidorm
Más allá del esfuerzo en efectivo, el acuerdo introduce el ladrillo como pieza clave del rescate. Para liquidar los 67,3 millones de euros correspondientes a los intereses, se ha establecido un mecanismo de dación en pago obligatorio. Los propietarios tendrán que aceptar la cesión de terrenos urbanos edificables, siempre que estos cumplan las condiciones estipuladas, en un plazo máximo de cinco años. Esta vía de compensación en especie también queda abierta para futuras amortizaciones del principal a partir de 2027.
Sin margen para el error
Pese al tono dialogante que han mantenido los propietarios -quienes han reiterado su voluntad de no asfixiar los servicios públicos ni forzar una subida de impuestos a los ciudadanos-, el acuerdo publicado no deja resquicios legales. El propio texto oficial subraya con contundencia que este marco constituye «un instrumento de ejecución de sentencia, no una transacción», conservando intacta la fuerza ejecutiva del fallo judicial original.
Esto se traduce en un régimen de garantías de hierro: si el Ayuntamiento encadena dos impagos consecutivos o no incluye las partidas necesarias en sus cuentas anuales, se activará el vencimiento anticipado de toda la deuda, abocando al municipio a una ejecución forzosa inmediata. Para velar por el estricto cumplimiento de cada coma del documento, se ha constituido una comisión de seguimiento paritaria que examinará las finanzas y los avances urbanísticos cada seis meses.
