Actuación policial en una vivienda okupada de la zona norte de Alicante
El decreto antidesahucios del Gobierno y el colapso judicial dejan sin casa a una madre soltera con cinco menores frente a su okupa
La víctima ha demostrado que el infractor tiene ingresos propios y otra residencia, pero dos sentencias firmes de desalojo se acumulan en un cajón a la espera de que el juzgado cubra la baja de un administrativo
La adquisición de una propiedad en septiembre de 2024 prometía garantizar un techo estable para una vecina de Alicante y sus cinco hijos menores, todos en una delicada situación socioeconómica. Hoy, casi dos años después, esa inversión se ha convertido en una trampa de papel.
A pesar de haber logrado sortear un primer gran obstáculo -tumbar la protección del decreto antidesahucios del Gobierno tras demostrar en los juzgados que el antiguo propietario usurpaba la casa escudándose en una falsa vulnerabilidad-, el calvario de la familia continúa. El sistema judicial mantiene paralizada la entrega de su hogar debido a una vacante por enfermedad que nadie se ha molestado en cubrir, permitiendo que el inmueble siga okupado por su anterior dueño.
La raíz de este enredo se remonta al momento de la compraventa. Aunque la afectada sabía que la casa estaba habitada de manera irregular, en ningún momento se le notificó que el residente ilegal era el anterior propietario, quien había perdido el inmueble tras una ejecución hipotecaria previa a la adquisición.
Según publica Todo Alicante, la dirección legal de la afectada, ejercida por la letrada Julia Blanco Vañó, dispone de fallos judiciales contundentes que invalidan la permanencia de los moradores y ordenan su inmediato desalojo. Sin embargo, las autoridades judiciales han admitido que el expediente se encuentra bloqueado desde diciembre de 2025. El motivo: el administrativo encargado del caso causó baja médica y el órgano judicial ha suspendido los trámites hasta que este se reincorpore, sin asignar temporalmente las funciones a otro empleado de la plantilla.
Carnicero camuflado como vulnerable
Antes de toparse con este freno de la Administración, la defensa civil tuvo que desmontar la supuesta fragilidad económica del demandado. El desalojo estuvo congelado cautelarmente por el decreto del Gobierno que paraliza hasta mayo de 2028 las expulsiones de familias vulnerables en su residencia habitual. No obstante, la abogada demostró que el infractor explotaba esta normativa de manera fraudulenta, aportando un exhaustivo registro de pruebas visuales y de archivo.
Entre la documentación presentada en el juzgado destacan los informes que acreditan el alta del ocupante en el régimen de autónomos, donde percibe ingresos por una actividad comercial propia. Además, las grabaciones de vídeo aportadas lo muestran ejerciendo su oficio con total normalidad en una carnicería. La parte compradora recalca, además, que el denunciado posee otra residencia y apenas utiliza este piso.
Dos sentencias en papel mojado
Para intentar sortear la parálisis, la representación legal de la afectada interpuso una segunda demanda, esta vez por la vía de precario (ocupación sin título ni pago de renta), logrando otra resolución favorable que confirmaba la ilegalidad de la situación. Ninguno de estos triunfos legales ha tenido impacto real en la práctica.
Imagen de archivo de una vivienda okupada en Alicante
El vacío de personal que arrastra el tribunal desde hace más de medio año mantiene el caso en un limbo por tiempo indefinido. Al no proveerse un sustituto para la plaza vacante, la inactividad es total, una congelación que se agravará de forma inminente con la llegada del mes de agosto, un periodo inhábil para el aparato procesal que retrasará aún más cualquier resolución.
Grietas en el sistema público
La abogada califica la situación de «auténtica vergüenza» y critica que el juzgado no haya actuado de oficio para reactivar el desalojo, a pesar de que ya se ha demostrado la solvencia económica del ocupante. Para la letrada, la indefensión de los ciudadanos aumenta cuando las sentencias tardan años en cumplirse debido a simples problemas organizativos.
A su vez, Blanco Vañó señala que este caso destapa una crisis estructural en la Administración de Justicia. La falta de medios, la rigidez de los trámites y la incapacidad para sustituir al personal de baja terminan provocando que el papeleo interno de los juzgados pese más que los derechos de las propias víctimas.
