La puerta de la casa okupada, con alarma incluída
Una madre okupa el piso de su hijo en Alicante e instala una alarma: «La Policía vino, ella dijo que era okupa y se dieron la vuelta»
El propietario malvive atrincherado en un local comercial con sus últimos ahorros tras regresar de Panamá
Huir de la pobreza y de la opresión de la dictadura chavista en Venezuela para labrarse un porvenir lejos de casa es una historia de profundo sacrificio. Javier, de 38 años, pasó once años trabajando sin descanso en Panamá con una única meta: reunir el dinero suficiente para comprar una vivienda en España y garantizarse un futuro estable.
Sin embargo, el proyecto de vida por el que tanto luchó se ha transformado en una pesadilla inverosímil en el barrio alicantino de San Blas. Tras cruzar el Atlántico para instalarse en casa, se ha encontrado con que su propia madre, de 71 años, se ha adueñado de su piso, despojándole de todas sus pertenencias materiales y obligándole a refugiarse en un local comercial por miedo a quedarse literalmente en la calle.
El origen de este drama familiar se remonta a la etapa en la que el propietario todavía residía en el país centroamericano. Con sus ahorros adquirió el inmueble y, movido por una confianza filial absoluta, permitió que su madre se instalara allí, otorgándole además un poder de representación consular para facilitarle los trámites del día a día en España.
El punto de inflexión llegó hace un par de meses, cuando Javier regresó definitivamente a la capital alicantina junto a su pareja. Su intención era establecerse en su casa y aliviar los gastos domésticos alquilando algunas habitaciones a terceros, una decisión que chocó frontalmente con la rotunda negativa de su progenitora.
Una denuncia «falsa» y un cambio de cerradura
Ante la creciente tensión, el hijo le revocó formalmente el poder notarial y, días más tarde, firmó un contrato de arrendamiento con una nueva inquilina para una de las estancias.
La reacción de la mujer fue fulminante: según el testimonio de Javier, su madre llamó a la Policía afirmando falsamente que su hijo estaba muy violento y tenía intención de agredirla. Por este motivo, la patrulla que se personó en la vivienda le recomendó al propietario salir de la casa durante un par de días para evitar un conflicto familiar mayor y apaciguar los ánimos.
Edificio en el que se encuentra la vivienda 'okupada'
Aprovechando esta ausencia temporal, que el hijo acató de buena fe, la septuagenaria cambió la cerradura de la puerta principal e instaló un sistema de alarma. En cuestión de horas, tanto el dueño como la arrendataria se quedaron en el rellano, sin posibilidad de acceder a sus maletas, sus muebles, ni a objetos tan personales como su ropa o su cepillo de dientes.
El episodio más desolador tuvo lugar ese mismo domingo, cuando Javier recurrió a las fuerzas de seguridad esperando una solución inmediata. Una patrulla de la Policía Local se personó en el edificio y llamó a la puerta. Aunque la mujer se negó a abrirles, admitió ante los agentes que la vivienda era de su hijo y reconoció sin tapujos su situación irregular.
A pesar de que Javier se encontraba en el rellano mostrando las escrituras de compraventa y la nota simple que le acreditaban como único titular, los agentes alegaron que no podían intervenir. Como resume el propio afectado con total impotencia: «La Policía vino, ella dijo que era okupa y se dieron la vuelta». La pasividad institucional llegó a tal extremo que, según asegura la víctima, un agente de la oficina municipal le sugirió de forma extraoficial que no perdiera tiempo en abogados y que contratara directamente a una empresa de desocupación para recuperar su casa.
Mármol de Italia y rentas en el extranjero
El perfil de la denunciada rompe con cualquier estereotipo de vulnerabilidad social. Según el testimonio de su hijo, la okupa percibe en España una pensión mensual de casi 1.000 euros, cuenta con ingresos adicionales provenientes del alquiler de otra propiedad en Venezuela y acaba de recibir 15.000 euros de arras por la inminente venta de un apartamento en la playa valorado en 45.000 euros.
Pero lo más flagrante de la situación es que la mujer es propietaria de un local comercial en la misma zona que actualmente está reformando con materiales de lujo para convertirlo en su futura vivienda definitiva.
Según detalla Javier, mientras ella okupa el piso de su hijo, en su propio inmueble en obras se están descargando materiales de altísima gama, como un tope de cocina de mármol travertino importado de Italia valorado en 3.850 euros, que se sumará a los electrodomésticos que ya posee, como una nevera americana de 1.500 euros y una lámpara de diseño de 300 euros.
Atrapados en el local contiguo
Mientras la madre acondiciona su lujoso espacio y retiene el piso familiar, la realidad de Javier y su pareja roza el colapso. Ambos viven prácticamente secuestrados en el local comercial que es propiedad del joven, el cual es contiguo al de su madre y comparte la misma entrada general.
El pánico a salir a la calle los paraliza, pues temen que la mujer aproveche cualquier ausencia para cambiar también la cerradura de este acceso compartido y dejarlos en la indigencia absoluta.
Sin empleo y a la espera de que su pareja reciba el permiso de residencia legal, sobreviven estirando unos últimos ahorros de 2.800 euros para poder comprar comida y pagar los recibos básicos.
La vía penal como única salida
Frente a este muro burocrático y familiar, la representación legal de Javier ha interpuesto una denuncia formal ante el Tribunal de Instancia de Alicante por un presunto delito de coacciones, tipificado en el artículo 172 del Código Penal.
El escrito solicita la adopción de medidas cautelares urgentes para restituirle la vivienda a su legítimo dueño mediante el auxilio de la fuerza pública. A la espera de que la justicia se pronuncie, este ciudadano asiste atónito a un sistema que le ha arrebatado, de la noche a la mañana, el fruto de once años de duro exilio.
