La Generalitat irá a los tribunales por un deslinde que amenaza viviendas en el litoral de Castellón

Decenas de propietarios de Vinaroz y Benicarló podrían ver cómo sus viviendas y terrenos pasan a formar parte del dominio público marítimo-terrestre, y acabar perdiéndolas. La Generalitat Valenciana se ha enfrentado al Ministerio para la Transición Ecológica por el deslinde de varios tramos de costa en el litoral norte de Castellón y ha decidido llevar el caso a los tribunales.

El Consell considera que la delimitación aprobada por el Gobierno central no se ajusta a derecho y advierte de que detrás de esta decisión no hay únicamente una cuestión técnica, sino familias que pueden perder sus casas y parte de su patrimonio. La disputa afecta a unos 2.249 metros de costa del Bajo Maestrazgo, en un asunto que va mucho más allá de establecer una línea sobre un plano: está en juego la situación jurídica de terrenos y viviendas.

¿Qué es un deslinde y cómo afecta en Castellón?

Para entender qué supone esta decisión hay que explicar qué es un deslinde. Se trata del procedimiento administrativo mediante el cual el Ministerio determina hasta dónde llega el dominio público marítimo-terrestre. Para establecer esa línea no se tiene en cuenta únicamente dónde acaba la arena o dónde empieza una construcción, sino también criterios físicos, como el alcance de las olas durante los mayores temporales conocidos, la influencia del agua del mar o las características naturales de determinados terrenos.

El problema surge cuando esa delimitación incorpora parcelas que hasta entonces figuraban como propiedades privadas. Al pasar a formar parte del dominio público, esos terrenos dejan de estar sujetos al régimen ordinario de propiedad privada y sus titulares pueden perder la propiedad del suelo, aunque la situación de las viviendas y los derechos de ocupación dependen de cada caso.

En el caso de Vinaroz y Benicarló, el nuevo expediente comprende diferentes puntos del litoral, entre ellos la playa dels Cossis, el entorno del río Servol, las playas del Fortí y Fora Forat, la zona de servicio del puerto y el barranco d'Aigua Oliva. La resolución incorpora terrenos que no estaban incluidos en delimitaciones anteriores y modifica otros límites ya existentes.

Entre los argumentos técnicos del Ministerio figuran los estudios realizados en 2024, que detectaron terrenos con características que, a su juicio, justifican su inclusión en el dominio público. En el entorno de Aigua Oliva, por ejemplo, se hace referencia a la presencia de agua marina en el cauce y sus márgenes, acreditada mediante análisis de salinidad.

«No hablamos solo de una línea en un mapa»

La Generalitat, sin embargo, no comparte la decisión del Gobierno central. Durante la tramitación del expediente ya manifestó formalmente su oposición y presentó un informe desfavorable el 10 de marzo de 2026, además de distintas alegaciones para cuestionar los criterios utilizados y las consecuencias jurídicas de la nueva delimitación. El Ejecutivo valenciano considera que existen motivos para impugnar la orden y que deben protegerse los derechos de los propietarios afectados.

La tensión entre ambas administraciones ha aumentado después de que la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras, Territorio y de la Recuperación haya autorizado a la Abogacía de la Generalitat a presentar un recurso contencioso-administrativo contra la resolución ministerial. De esta forma, el enfrentamiento deja de estar únicamente en el terreno administrativo y pasa a los tribunales, que deberán examinar si el deslinde se ha aprobado conforme a la legislación.

El director general de Costas, Puertos y Aeropuertos, Marc García Manzana, ha defendido que la Generalitat estará al lado de los residentes y ha advertido de la dimensión social del problema. «No hablamos solo de una línea en un mapa. Hablamos de viviendas, de patrimonio familiar y de personas que pueden perder su casa», ha señalado. También ha asegurado que el Consell no va a permanecer al margen y que defenderá el derecho de las familias a permanecer en sus viviendas.

La orden ministerial contempla, además, consecuencias para la situación registral de los terrenos. Entre otras medidas, establece que deberán iniciarse las actuaciones necesarias para rectificar las inscripciones del Registro de la Propiedad que contradigan la nueva delimitación. No obstante, los titulares que cumplan los requisitos previstos en la disposición transitoria primera de la Ley de Costas podrán solicitar, en determinados supuestos, una concesión administrativa dentro del plazo de un año.

Por el momento, no se ha concretado oficialmente cuántas viviendas podrían verse afectadas ni cuántas familias tendrían que afrontar cambios en su situación. Tampoco debe confundirse la advertencia de la Generalitat sobre la posible pérdida de casas con una orden de desalojo inmediata. La situación de cada inmueble dependerá de cómo le afecte la delimitación y de los derechos que pueda acreditar su propietario.

El futuro de estos terrenos y de las viviendas situadas en los tramos afectados dependerá ahora, en buena medida, de la batalla judicial que acaba de abrirse. Mientras el Ministerio defiende que ha aplicado los criterios establecidos por la Ley de Costas para proteger el litoral, la Generalitat sostiene que la resolución no es conforme a derecho y que puede perjudicar gravemente a los vecinos.