España debe estar en el núcleo impulsor de la defensa europea

Cuando se cumple el 80 aniversario del final de la II Guerra Mundial las democracias europeas nos enfrentamos a un doble reto a nuestra seguridad: el mayor conflicto bélico en nuestro continente en esos ochenta años, con la agresión armada de Rusia contra Ucrania, y el regreso a la presidencia de Estados Unidos de Donald Trump mostrando un comportamiento mucho más errático e impredecible que durante su primer mandato y que ignora a Europa en las negociaciones sobre Ucrania.

El orden internacional basado en reglas, cuya esencia está recogida en los artículos 2.3 y 2.4 de la Carta de las Naciones Unidas, está siendo reemplazado por el creciente uso de las relaciones de poder, las «esferas de influencia», la «diplomacia transaccional» y la agresión armada o híbrida contra otros Estados.

Nuestro principal vecino oriental, Rusia, ha pasado a ser una potencia agresiva, imperialista y peligrosa, y nuestro principal aliado, Estados Unidos, ha dejado de ser predecible, particularmente sobre su compromiso con la Alianza que hasta ahora ha salvaguardado nuestras libertades. La inestabilidad en nuestro vecindario sur es otra amenaza. En el Magreb están procediendo a un rearme acelerado y en el Sahel las milicias yihadistas intensifican sus ataques sobre la población civil, provocando un fuerte éxodo migratorio

Desde Washington ya no se invocan los valores comunes que son la base de la relación transatlántica. Incluso aspectos menos conocidos, pero no poco importantes del Tratado de Washington están siendo ignorados, como el Artículo 2: «Las Partes […] intentarán eliminar los conflictos en sus políticas económicas internacionales y fomentarán la colaboración económica entre cualquiera de ellas o entre todas ellas». Las acciones de Trump nada más asumir la presidencia creando innecesariamente una guerra comercial en clara violación del Artículo 2 citado, refuerza las dudas sobre su posible fidelidad a otros aspectos más cardinales de Tratado, como el Artículo 5, mientras parece entenderse bien con líderes autoritarios como Vladimir Putin.

Desde 1949, la Alianza Atlántica ha sido la piedra angular de nuestra defensa colectiva. El Artículo 5 del Tratado de Washington establece que un ataque contra uno de sus miembros será considerado como un ataque contra todos. Sin embargo, su aplicación está condicionada a la conveniencia de cada aliado, ya que cada uno podrá responder «con las acciones que estime necesarias» en auxilio del aliado que haya sido atacado (limitación que Putin ha puesto de manifiesto diciendo, literalmente, que el Tratado de Washington es un «bluff»). Mientras el presidente Joe Biden se comprometió reiteradamente a defender «cada pulgada» del territorio de la OTAN, Trump ha adoptado una actitud mucho más ambivalente, poniendo en duda si Estados Unidos debería defender a los aliados que no cumplan con sus compromisos de gasto en defensa, y sugiriendo que la seguridad europea no es ya crítica para EE.UU. Una nueva muestra de ello ha sido la filtración desde la Casa Blanca de planes para, dentro de los extensos recortes en su administración, cancelar por completo las contribuciones de los EEUU a las finanzas de la OTAN, aproximadamente un sexto del total.

Este planteamiento podría extenderse más allá de la presidencia de Donald Trump, porque EE.UU. se encuentra ante el imperativo estratégico de concentrar sus recursos tecnológicos y militares para hacer frente al rápido ascenso de China como gran rival regional y global, que parece desencadenar la famosa «trampa de Tucídides» («Fue el ascenso de Atenas y el temor que esto infundió en Esparta lo que hizo inevitable la guerra»). Las preocupaciones europeas en materia de seguridad en relación con Ucrania contrastan ahora fuertemente con los objetivos estratégicos más amplios y geográficamente alejados perseguidos por Washington, lo que pone de relieve una brecha sustancial y cada vez mayor en las prioridades entre ambos lados del Atlántico.

Este cambio radical de paradigma nos obliga a los europeos a asumir la responsabilidad de defender nuestra seguridad y los valores que son base de nuestra civilización, la democracia, el Estado de derecho, la economía de mercado, el libre comercio y el orden internacional basado en reglas. Se trata sin duda de un gran desafío cuyo fracaso podría ser irreversible.

Desafortunadamente, con el fin de la Guerra Fría y la desaparición del temor a un conflicto generalizado, los europeos decidimos que nuestro esfuerzo militar en el marco de la Unión Europea (la Política Común de Seguridad y Defensa, PECSD) se podía limitar a las llamadas «misiones Petersberg» (prevención de conflictos, gestión de crisis y operaciones de apoyo a la paz), habitualmente en teatros alejados del territorio europeo. La defensa colectiva quedó como responsabilidad casi exclusiva de la OTAN, con la que la Alianza garantizaba la protección y liderazgo de la superpotencia norteamericana. Ello, a pesar de que el Tratado de la Unión Europea (TEU) recogía en su artículo 42.7, para el caso de que un Estado miembro sufriera agresión por parte de un tercero, un compromiso de defensa colectiva incluso más fuerte. Las exigencias de las misiones Petersberg son desde luego notoriamente inferiores a las de la defensa colectiva, pero ello fue pasado por alto en vista de que se estimaba como muy baja la probabilidad de tener que actuar en defensa de Europa, y en aras de la feliz recogida de los «dividendos de la paz».

Como resultado la UE, aunque continuó manteniendo unas fuerzas para contribuir de manera razonable a las obligaciones de la OTAN, descuidó equiparse con una estructura de mando y control con la que poder manejar las fuerzas necesarias para una operación propia, como infaustamente demostraron las crisis de Kosovo y Libia, estructura que la OTAN sí mantuvo y actualizó periódicamente para poder operar las fuerzas que se le confiaran. El descuido fue de tal magnitud que incluso las misiones Petersberg quedaron infradotadas de esos indispensables elementos, hasta el extremo de que la UE se vio obligada a negociar la cesión por la OTAN de «medios y capacidades» para poder llevar a cabo de manera autónoma incluso aquellas modestas misiones.

Para hacer frente a estos retos, principalmente al posible repliegue de nuestro principal aliado, los europeos necesitamos disponer no sólo de unas estructuras de mando, hoy inexistentes; no sólo de las fuerzas que la recogida de los «dividendos de la paz» había permitido conservar; sino también y más principalmente de unas fuerzas armadas potentes, equipadas con las mejores y más modernas capacidades militares adaptadas a los nuevos campos de batalla –en gran medida transformados precisamente por la guerra de Ucrania– apoyadas en una base industrial de defensa que sea competitiva y que se convierta en un pilar de nuestro desarrollo tecnológico, reduciendo nuestra dependencia exterior. Y por supuesto de la voluntad política de utilizarlas.

Manuel de la Cámara es Embajador de España (R), ex Director General de Seguridad y Desarme, ex Representante Permanente Adjunto de España ante la OTAN y miembro de Eurodefense EspañaFernando del Pozo es Almirante (R), ex Director del Estado Mayor Internacional de la OTAN y miembro de Eurodefense España