Defensa  La guerra híbrida como palanca financiera contra Europa

En Bruselas, la geopolítica suele vestirse de expediente: notas «CONFIDENCIAL», actas de Consejo, cláusulas que nadie pronuncia en voz alta. Pero cuando Europa empezó a considerar seriamente si podía convertir el dinero ruso congelado en una herramienta para sostener a Ucrania, el debate dejó de sonar a papel. Sonó, literalmente, a zumbido. Incursiones de drones sobre aeropuertos y bases, alertas en infraestructuras sensibles y un runrún de intimidación que no requiere firma para ser entendido. La guerra híbrida es así: no busca siempre derribar puertas, a veces solo quiere que nadie se atreva a girar la llave.

El botín que ha convertido a Bélgica en objetivo no es pequeño. Tras la invasión rusa sobre ucrania en 2022, la Unión Europea inmovilizó alrededor de 210.000 millones de euros en activos del Banco Central ruso. La mayor parte se concentra en Bruselas, custodiada por Euroclear, un depositario de valores tan discreto que antes era invisible para el público. Hoy es un nombre de guerra. Y como toda infraestructura crítica, Euroclear funciona como un cuello de botella: el lugar donde un adversario puede apretar para que toda la cadena europea sienta el dolor.

En la cumbre del Consejo Europeo del 18 y 19 de diciembre, los líderes europeos se acercaron al borde y luego dieron un paso lateral. Acordaron un paquete de 90.000 millones de euros para financiar a Ucrania en 2026 y 2027, pero no cerraron la idea más osada: usar el principal de los activos rusos congelados como colateral de un «préstamo de reparaciones». En su lugar, eligieron la vía más segura y antigua: endeudarse en los mercados y canalizar el préstamo por el presupuesto europeo. Reuters lo contó con frialdad: la UE prefirió evitar el salto al vacío legal y financiero.

Ese giro táctico no fue un capricho. Fue una lectura del tablero. Si Rusia no puede recuperar su dinero, puede intentar que Europa no se atreva a usarlo. La guerra híbrida funciona como un impuesto sobre la voluntad: eleva el coste de actuar sin forzar al adversario a declararte la guerra. Y ese impuesto se recauda en varios formatos: nervios políticos, primas de riesgo, litigios interminables, y la sensación persistente de vulnerabilidad.

Europa, sin embargo, no se limitó a firmar un préstamo y marcharse a casa. Días antes, el 12 de diciembre, cerró una grieta que la presión rusa había señalado con una linterna. Hasta ahora, la inmovilización descansaba en un régimen de sanciones que se renueva cada seis meses y exige unanimidad. Eso dejaba el sistema expuesto al veto de un solo Estado miembro. Para neutralizar esa amenaza, la UE acordó inmovilizar de forma indefinida los activos del Banco Central ruso, eliminando un obstáculo decisivo al uso futuro de ese dinero para ayudar a Ucrania.

El Consejo añadió otra capa de blindaje: decidió prohibir temporalmente cualquier transferencia de activos inmovilizados del Banco Central ruso de vuelta a Rusia, «como cuestión de urgencia» para limitar daños a la economía de la Unión. La palabra «urgencia» rara vez acompaña al derecho europeo; cuando lo hace, suele significar que alguien, en algún sitio, ha encontrado un interruptor.

Conjuro jurídico

En las conclusiones de la cumbre, Bruselas ensayó una fórmula que suena a conjuro jurídico, pero es un mensaje estratégico: Ucrania solo reembolsará el préstamo cuando Rusia compense los daños de su guerra; hasta entonces, los activos rusos permanecerán inmovilizados y la UE se reserva el derecho de utilizarlos para repagar el préstamo conforme al derecho de la Unión e internacional. En Moscú, esa frase se lee como amenaza. En Europa, como equilibrio: no confiscamos hoy, pero tampoco devolvemos mañana.

Ese equilibrio explica por qué el dinero ruso ya está, de hecho, trabajando contra Rusia, aunque sea por los márgenes. El G7 y la UE han construido préstamos para Ucrania respaldados por los ingresos extraordinarios generados por esos activos inmovilizados, no por el principal. No es expropiación; es una desviación del rendimiento de un capital que el propietario no puede mover. Para Bruselas, es políticamente más digerible. Para Moscú, es un precedente peligroso, pero más difícil de combatir sin escalar.

El problema aparece cuando algunos europeos proponen convertir el principal en palanca estructural. Ahí entra el manual híbrido. Los drones son perfectos: baratos, negables y psicológicos. En noviembre, algunos medios informaron de que Bélgica pidió ayuda tras avistamientos de drones cerca de bases militares, y de que el ministro alemán de Defensa habló de un «intento de intimidación» al vincularlos al debate sobre los activos congelados. Alemania incluso envió expertos antidron a Bélgica y a otros puntos vulnerables, una señal de que el asunto dejó de ser «incidente local» para convertirse en seguridad europea.

La intimidación no se limita al aire. The Guardian, citando a agencias europeas, ha descrito una campaña dirigida a políticos belgas y ejecutivos financieros para persuadir al país de bloquear el uso de los activos rusos, con especial atención a figuras vinculadas a Euroclear. La idea no es tanto torcer una ley como torcer un ánimo. Una democracia puede soportar la discrepancia; lo que la desgasta es la percepción de que una decisión trae consecuencias personales, no solo nacionales. La coerción moderna aspira a eso: a que el coste se concentre sobre individuos concretos, para que el Estado se vuelva prudente por reflejo.

Ofensiva legal

Luego llega la guerra en toga, la parte que Europa entiende demasiado bien. El Banco Central de Rusia demandó a Euroclear y un tribunal de Moscú fijó para el 16 de enero una vista preliminar del caso. La cuantía reclamada, alrededor de 18,2 billones de rublos, equivale a unos 230.000 millones de dólares: el tamaño del número es el mensaje. Y Moscú no se conforma con un único objetivo. El banco central ruso dijo que ampliaría su ofensiva legal y demandaría también a bancos europeos por los intentos de usar activos congelados para ayudar a Ucrania.

La ventaja del lawfare es que no requiere victoria para ser útil. Aunque Europa ignore una sentencia rusa en su jurisdicción, el litigio sirve para sembrar dudas sobre posibles embargos en terceros países, complicar relaciones con corresponsales, encarecer coberturas y, sobre todo, convertir una decisión moral en una discusión técnica con olor a peligro. Es una forma de hacer que el miedo vista traje.

Zona gris

En diciembre, la zona gris anotó un punto aún más fino: el rating. Fitch colocó a Euroclear Bank en «rating watch negative», citando el potencial aumento de riesgos legales y de liquidez derivados de los planes europeos. Una agencia de calificación no es un comando de sabotaje, pero su palabra puede mover costes de financiación y alterar percepciones sobre la solidez de una infraestructura sistémica. Para un estratega híbrido, eso es oro: transformar el debate sobre quién paga la reconstrucción de Ucrania en un debate sobre quién absorbe una rebaja de rating.

Ahí está el truco de fondo. La UE quiere, al mismo tiempo, ser dura con Rusia y ser un lugar donde los bancos centrales del mundo aparquen reservas con confianza. Rusia intenta invertir esa ecuación: si el euro se percibe como arma política, su atractivo como refugio podría resentirse. De ahí la insistencia del presidente Putin en denunciar cualquier uso de los fondos como «robo a plena luz del día» y advertir de daños a la confianza en la eurozona. Es propaganda, sí, pero dirigida a un público sofisticado: gestores de reservas en Asia, Oriente Medio o África, para quienes la moralidad del agresor pesa menos que la previsibilidad del custodio.

Y, aun así, el episodio muestra algo que Europa suele olvidar: a veces la prudencia también es estrategia. La decisión de financiar a Ucrania con 90.000 millones vía endeudamiento conjunto evita concentrar el riesgo en Bélgica y reduce el incentivo para que Rusia convierta Euroclear en rehén permanente. Al mismo tiempo, la congelación indefinida y la prohibición de transferencias mantienen los activos como palanca futura. Europa no renuncia al instrumento; simplemente se niega a activarlo en el momento que el adversario ha escogido para maximizar el daño.

La UE ha comprado tiempo, pero el reloj sigue corriendo

Esa elección tiene un precio. El préstamo europeo es grande, pero el problema de Ucrania es mayor. El FMI estima que Ucrania necesitará unos 135.000 millones de euros en 2026 y 2027, y ha recibido el préstamo europeo como una pieza clave para cerrar brechas y sostener la sostenibilidad de la deuda, aunque advirtió de que habrá que seguir trabajando con donantes. En otras palabras: la UE ha comprado tiempo, pero el reloj sigue corriendo.

A Rusia, el tiempo le gusta. Cada mes de retraso en una decisión europea es un mes en el que Ucrania se endeuda más, se fatiga más y se acostumbra a pelear con menos. La guerra híbrida opera precisamente ahí: no necesita ganar la discusión, solo necesita que la discusión dure.

El Reino Unido, desde fuera del bloque, observa el dilema con una mezcla de impaciencia y comodidad. The Times ha pedido abiertamente que Londres sea «audaz» y confisque activos rusos, señalando que en el Reino Unido hay alrededor de 8.000 millones de libras congeladas y que la moralidad del agresor no debería quedar protegida por el miedo a la represalia. Es un argumento atractivo desde el editorialismo; también es un argumento que se beneficia de no custodiar el corazón del problema europeo, ni de vivir a la sombra directa de Euroclear.

Porque la moraleja central de este episodio no es una disputa de valentías. Es una disputa de distribución. La guerra híbrida rompe la unidad por donde el coste está concentrado y el beneficio es colectivo. En este caso, el coste tiene dirección postal en Bruselas, en el directorio de Euroclear y en el calendario político belga. Si Europa quiere neutralizar ese modelo, tiene que hacer lo que la zona gris intenta impedir: repartir el riesgo, compartir garantías y tratar la infraestructura financiera como si fuera defensa.

Tendrá que aprender a responder con calma: atribuir, proteger y seguir votando como si el ruido fuera rutina.

No hacen falta grandes doctrinas para entenderlo. La soberanía, en 2025, y en el año que estamos a punto de estrenar, se mide en puntos básicos. Un dron sobre un aeropuerto no cambia el orden mundial; cambia la agenda del día siguiente. Una demanda en Moscú no confisca activos en Bélgica; confisca atención y siembra cautela. Una vigilancia negativa de Fitch no derrumba un depositario; introduce una duda que se traduce en coste. El zumbido no abre la caja fuerte, pero puede lograr algo igual de valioso: que el guardia no se atreva a usar la llave cuando más importa.

José Antonio Monago Terraza

Portavoz Adjunto Grupo Popular en el Senado