Alfonso Rueda, presidente en funciones de la Xunta de Galicia

Alfonso Rueda, presidente en funciones de la Xunta de GaliciaEuropa Press

Rueda cumplirá la Ley de vivienda pero apunta que son los ayuntamientos los que solicitan las zonas tensionadas

El presidente en funciones de la Xunta ha reiterado la postura de no declarar de oficio estas zonas y sólo se analizarán si hay solicitud por parte del ayuntamiento y la petición esté «muy bien argumentada»

Alfonso Rueda, presidente de la Xunta en funciones, ha reiterado la postura del Ejecutivo autonómico respecto a la declaración de zonas de vivienda tensionada.
No está previsto que se declaren de oficio estas zonas, pero se analizará la cuestión si hay una solicitud por parte de un ayuntamiento. Sin embargo, Rueda ha dejado claro que dicha petición debe estar «muy bien argumentada».
A pesar del rechazo de la Administración gallega hacia la ley de vivienda, se comprometen a cumplirla.
En este sentido, Rueda asegura que «si hay petición le daremos para delante», aunque advirtió que «habrá que hacerla justificadamente y argumentarla».
Por otra parte, también ha manifestado ser consciente de la necesidad de que baje el precio de los alquileres, pero se ha mostrado convencido de que esta no es la vía adecuada: «Mientras la ley esté en vigor se va a cumplir», pero insistió en que «si algún Ayuntamiento pide y justifica ser zona tensionada, la normativa será aplicada». Rueda ha añadido que «lógicamente no ha llegado ninguna solicitud».

Residencias

En otro orden de asuntos, el mandatario gallego ha sido preguntado en relación a la información que avanza 'praza.gal', según la que la Fundación Fesan se ha hecho con dos residencias de las donadas por la Fundación Amancio Ortega al presentar la mejor oferta económica y rebajar un 12% el coste de las plazas.
Rueda ha justificado que el porcentaje del 40% de puntuación en el concurso para la oferta económica es «un requisito legal», por lo que la Xunta no puede «ignorarlo» entre los parámetros para adjudicar la gestión. «Es un criterio que, por la ley de contratos, debe ser tenido en cuenta obligatoriamente», ha añadido.
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