El conselleiro de Hacienda, Miguel Corgos, en el pleno XUNTA DE GALICIA / Europa Press 25/2/2025
La Xunta estima que la aplicación de la condonación supondría 597 millones más de deuda para Galicia
El gobierno gallego está en contra de la quita de deuda y considera que se está usando de «forma partidista» el sistema de financiación autonómica
La condonación del Gobierno de Pedro Sánchez a las comunidades ha provocado una oleada de cálculos en todas las regiones del país. A Galicia «no le vale», tal y como aseguró el propio presidente autonómico, Alfonso Rueda, al conocer los planes del Ministerio de Hacienda.
En palabras del consejero de Hacienda gallego, Miguel Corgos, se trata de un «negocio ruinoso» y ha defendido que, según los cálculos del gobierno regional, supondría «asumir casi 600 millones de euros más de deuda» para la comunidad. Concretamente, 597. Según ha explicado, aunque la quita reduciría la deuda autonómica en 1.477 euros por habitante, habría que «asumir la estatal», que asciende a 1.699 euros por habitante, «por lo que se incrementaría en 220 euros para cada gallego y gallega».
En este sentido, el ejecutivo gallego ha asegurado que su principal objetivo es que se realice una «actualización inmediata» de las entregas a cuenta y que se revise cuanto antes el sistema de financiación autonómico. Esto último, tal y como han defendido en múltiples ocasiones, debe hacerse entre el Gobierno central y las comunidades de manera equitativa para que no suponga un agravio más a las regiones que no son Cataluña o el País Vasco.
La Xunta apuntó que el ejercicio pasado tuvo que hacer frente a costes de más de 10 millones de euros debido a los incumplimientos en los pagos a cuenta con los que las comunidades sufragan parte de sus necesidades.
Corgos ha afeado que el Gobierno de Sánchez use el sistema de financiación autonómico de manera partidista y como «moneda de cambio» para cumplir sus objetivos.
Más duro ha sido el portavoz parlamentario popular, Alberto Pazos, que ha asegurado que «no es normal que, en la víspera de un CPFF, los legítimos gobiernos autonómicos se enteren de los criterios de condonación de deuda a través de la prensa. Primero, por boca de un delincuente amnistiado y, después de una ministra de Hacienda incapaz de guardar la mínima lealtad institucional».
