Tres responsables de un club de alterne en Vigo aceptan penas de hasta un año de cárcel por explotación laboral
Tres responsables de un club de alterne en Vigo aceptan penas de hasta un año de cárcel por explotación laboral
Según la Fiscalía, los acusados mantenían empleadas a casi una veintena de mujeres que ejercían la prostitución sin estar dadas de alta en la Seguridad Social
Los tres responsables de un club de alterne ubicado en un chalet del barrio de Castrelos, en Vigo, han aceptado penas de entre cinco y 12 meses de cárcel tras ser acusados de un delito contra los derechos de los trabajadores.
Según la Fiscalía, los acusados mantenían empleadas a casi una veintena de mujeres que ejercían la prostitución sin estar dadas de alta en la Seguridad Social. El acuerdo se alcanzó durante el juicio celebrado en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, aunque no se logró un consenso sobre la cuantía de la responsabilidad civil, ya que la Seguridad Social reclamaba una suma significativamente mayor que la pactada por las partes.
Estas son las indemnizaciones
En detalle, uno de los acusados aceptó seis meses de prisión y una multa de 720 euros; otro, un año de cárcel y 1.620 euros de multa; y el último, cinco meses de prisión y 480 euros de sanción económica. Todas las partes, incluyendo Fiscalía, defensas y Seguridad Social, ratificaron las penas de cárcel y multas, pero el ente público mantiene que la indemnización debería superar los 20.500 euros, frente a los aproximadamente 1.500 euros acordados por los acusados.
La Seguridad Social basa su reclamación en dos inspecciones realizadas en el club, los días 15 de febrero y 25 de agosto, donde se constató la presencia de 19 mujeres trabajando sin contrato. Dos de ellas estuvieron presentes en ambas jornadas, lo que lleva al ente público a presumir que ejercieron su actividad durante todo el periodo de más de seis meses, solicitando el pago de las cuotas correspondientes. El caso queda ahora a la espera de la sentencia del tribunal sobre la responsabilidad civil de los acusados.
Los hechos salieron a la luz tras inspecciones conjuntas de la Inspección Laboral y de la UCRIF de la Policía Nacional, que detectaron que varias de las trabajadoras, en su mayoría de nacionalidad colombiana, ejercían la prostitución en situación irregular o sin permisos laborales, junto a mujeres brasileñas, dominicanas, una paraguaya, una venezolana y otra procedente de Rumanía.
El club cerró sus puertas en septiembre de 2023. Tras el cierre, los dueños del chalé donde se encontraba el local denunciaron a los responsables por impago del alquiler, sumando así un nuevo capítulo al caso que ahora está pendiente de resolución judicial.
