La riña en la Venta Nueva, de Francisco de Goya (1777)LVC

Análisis político

Pintan bastos: las cartas boca arriba

Se habla mucho, y se lee o escribe menos acerca de la intención de independentistas, de llevar a cabo un referéndum, cuya fórmula y alcance, son escondidos ladinamente –resultaría contraproducente despertar a un perro dormido–, no vaya a ser que el ciudadano de a pie, se entere y alce su voz para oponerse a semejante intención.

Es hora pues, de poner las cartas boca arriba, para que, la puerta abierta a la consulta, por la reciente derogación o rebaja interesada de los delitos de sedición y malversación de caudales públicos, despierte el silencio de la mayoría social –que bien pudiera ser interpretado como consentimiento otorgado gratuitamente a los organizadores del evento y su cohorte–, y tome conciencia activa de lo que significan, con una respuesta clara y vigorosa en defensa de la soberanía nacional, su seguridad e integridad territoriales, junto a las libertades que nos hemos dado, que tantas penalidades han costado conseguir.

Por parte del independentismo catalán, la fórmula que continuamente repite, «o tornarem a fer», sería la de celebrar un referéndum al que, insistentemente, el gobierno catalán y los partidos que le apoyan, definen como de independencia, la cual disfrazan bajo un supuesto «dret a decidir» que sería exclusivo del cuerpo electoral de la Comunidad Autónoma de Cataluña, privando del derecho de soberanía que nuestra Constitución (CE, art. 1.2) confiere al conjunto del pueblo español, esto es, no permitiendo la participación en el mencionado referéndum, del resto de españoles, y violando su art. 2 que establece la indisoluble unidad de la Nación española como el fundamento de la misma CE, lo que probablemente significaría –Dios no lo quiera–, recurrir al art. 8.1 por parte de quienes tienen como misión su cumplimiento.

De una tacada, el independentismo catalán, pretende timar al pueblo español saltándose a la torera sus derechos, y a la vez, ambicionar derogar por la puerta de atrás, la Carta Magna que a todos ampara como sociedad democrática, de individuos libres e iguales, sujetos a reglas de convivencia pacífica. La película Los Tramposos, (Pedro Lazaga, 1959) plantea con más gracia el timo de la estampita, cuyos beneficios colosales y rápidos, ansía un codicioso paleto recién llegado a la capital.

En cuanto a las fuerzas «abertzales» vascas, unidas al nacionalismo tradicional representado por el PNV, la intención de separarse de España, no es menos relevante. Ya en diciembre de 2004, el Parlamento Vasco aprobó el Estatuto Político de la Comunidad de Euskadi –conocido como Plan Ibarretxe–, que el Congreso de los Diputados, rechazó en febrero de 2005 con votación mayoritaria de 313 votos. Es oportuno traer a colación aquí, que el 1 de febrero de 2005, en el debate sobre el citado plan, Zapatero respondió desde la tribuna del Congreso de los Diputados que, «la relación entre España y Euskadi, la decidirán todos los vascos, no la mitad, y todos los españoles» (página 3094).

Pintan bastos, como situación adversa al conjunto del pueblo español. Escenario al que hemos llegado hoy, por la confluencia de un gobierno de la Nación débil en términos de apoyo democrático con un liderazgo convertido conscientemente en rehén del mercadeo chantajista de las fuerzas que pretenden fracturar la convivencia compartida y pacífica de todos los españoles. Lo que evidencia una interesante contradicción de sus actores: denuesto al país que me paga –quiero abandonarlo–, y al que represento en las instituciones democráticas, al tiempo que me sirvo de los provechos que tal condición aporta, y eso sí, sin acatar ni respetar ni hacer cumplir la Constitución que fundamenta mi empleo como servidor del pueblo español.

Constitución, ni se acata ni se respeta

Con reiteración diaria, asistimos a un quebrantamiento continuo del cumplimiento de los preceptos constitucionales. Y esta vulneración, suele provenir de quienes ostentan las máximas funciones en los poderes ejecutivos y tienen la responsabilidad, como así se les demanda, en cumplir y hacer cumplir la CE. Otros, en el ámbito de la organización autonómica, imbuidos de atávicos o impostados «ismos», acceden a su condición de autoridades del Estado, sin mención alguna al acatamiento a la Ley Fundamental.

No conozco país alguno, sea de régimen democrático, teocrático o dictatorial, en el que los símbolos que representan a la nación, sean vilipendiados precisamente por quienes, por ser autoridad, tienen la obligación moral de respetarlos y hacerlos respetar. Hoy, en España, incluso el idioma común o la bandera, resultan perseguidos cuando no prohibidos o sometidos a ridículos porcentajes, sin que quien detenta el poder ejecutivo tome decisión alguna al respecto.

El lector interesado, podrá leer las sentencias del Tribunal Constitucional que suponen doctrina respecto a las diversas fórmulas de toma de posesión para acceso a la condición de representante de un poder público. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y las mismas, el orígen del circo al que asiste atónita la ciudadanía en cada juramento o promesa de quienes pudieran ser los actores que Goya retrata con maestría en su riña en la Venta Nueva.

Referéndum

El pasado mes de septiembre 2022, el presidente de Cataluña, propuso un llamado «acuerdo de claridad», inspirado en la Clarity Act canadiense, del cual poco o nada se sabe. Por lo publicado en prensa, apenas se percibe transparencia, innovación, creatividad, compromiso, pros y contras, etc. Claridad que, aunque no guste a algunos, está plasmada ampliamente en el Titulo X de la CE.

En el caso que nos ocupa, la decisión –referéndum sí, referéndum no–, corresponde a Congreso y Senado, y no el presidente del Gobierno. Y en caso afirmativo, con la participación del conjunto de los españoles.

Los frutos ocultos de un pretendido referéndum

La aspiración del independentismo, aunque parezca objetivo de un Alcalde de Boceguillas (Francisco Cascales, 1626), es precisamente obtener la independencia, desconexión o separación de una parte del territorio nacional, a expensas de la patria común e indivisible de todos los españoles.

Se ha escrito con profusión y razonados fundamentos, acerca de las consecuencias económicas de una supuesta separación de territorios. En un análisis frío e insensible, los supuestos beneficios de la división, quedan lejos de compensar sus pérdidas, por más que el sentimiento de parte pretenda justificar su relato, pura luz de gas.

Los frutos más codiciados, sin embargo, quedarían interesadamente ocultos tras la maleza del independentismo –de celebrarse el mencionado referéndum– sin el concurso del conjunto del pueblo español. Y estos incluirían, en opinión del autor, la soberanía del espacio marítimo (CE, art. 132.2) las aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo asociado a ellas junto al que correspondería al interior del territorio (CE, art. 149.1.20 y 23) objeto de dicho referéndum.

Una cesión de espacios –de difícil valoración en términos económicos–, que supondría un grave debilitamiento geoestratégico de nuestra defensa y seguridad nacionales –así como la de los países vecinos–, espacios que, precisamente por su alto valor geopolítico, serían muy apetitosos de ocupar por parte de potencias extranjeras, ajenas o con intereses opuestos a los propios de la Nación española.

Ens roba, els roben. No permitamos que esto ocurra.

No, sin mi voto. Con mi voto, no.

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