La Junta defiende la seguridad y la profesionalidad en los centros de menores ante las críticas por agresiones

La Delegación de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía en Córdoba ha salido al paso de las críticas vertidas sobre la situación laboral y la seguridad en los centros de menores andaluces, tras las protestas celebradas este martes ante la Delegación Territorial. La delegada, Dolores Sánchez, ha defendido que «el sistema de justicia juvenil andaluz es un referente en España y fuera de España», subrayando que su éxito radica «en la profesionalidad y la formación acreditada de quienes trabajan con los jóvenes y saben afrontar situaciones complejas».

Sánchez ha explicado que los centros cuentan con personal especializado en seguridad y con protocolos que instruyen al personal sobre cómo actuar ante incidentes, destacando además que todos los contratos vigentes cumplen con el convenio colectivo del sector. Según la delegada, las mejoras salariales o complementos específicos «deben negociarse en el ámbito de la patronal», y ha aclarado que «actualmente no hay ningún proceso de licitación abierto, por lo que no puede afirmarse que se estén reduciendo plantillas». En este sentido, ha recalcado que la Junta prioriza la calidad del servicio frente a los criterios económicos en todas las adjudicaciones.

Por su parte, la consejera Loles López ha diferenciado entre los centros de menores tutelados, que dependen de su Consejería, y los centros de menores infractores, que son competencia de Justicia. «Mis menores no son infractores, no están en centros cerrados; son niños y niñas que han pasado por situaciones muy duras y a los que se acompaña integralmente para su inclusión social», señaló. López destacó la labor de los profesionales que «trabajan con ellos la educación, la brecha idiomática, la formación profesional y las prácticas en empresas», con un enfoque centrado en la recuperación y el futuro de estos menores.

La política migratoria del Gobierno de Sánchez

La consejera advirtió además de las consecuencias de la política migratoria del Gobierno central, asegurando que «el señor Sánchez está reventando el modelo andaluz», al haber derivado a la comunidad «más de 668 menores por la puerta de atrás bajo la apariencia de mayoría de edad». Frente a ello, insistió en que Andalucía mantiene un modelo sólido y humano de atención, basado en la inclusión y en el trabajo profesional de quienes atienden cada día a los menores más vulnerables.

Las declaraciones del Gobierno andaluz llegan después de que CCOO denunciara que el 80 % de los cerca de 5.000 profesionales de los centros de protección y de reforma juvenil en Andalucía ha sufrido alguna agresión física o verbal, advirtiendo además de que la falta de medios y la gestión externalizada agravan la situación. La Junta sostiene, sin embargo, que los centros funcionan con garantías y en cumplimiento estricto de la normativa y los convenios colectivos vigentes.